Apelaron la resolución judicial en el caso de la familia Gigliotti

Este martes la subsecretaría de Niñez fue informada del fallo de la jueza Susana María Romero de rechazar el pedido de una medida cautelar de la pareja compuesta por Sergio Gigliotti y Cristina Morla respecto del proceso administrativo que los separó el pasado 18 de enero de Kiki, un niño de tres años que tuvieron durante casi dos a cargo y que luchan por adoportar; y dicha resolución ya fue apelada por el defensor general José María Quiroga.

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En un mensaje difundido a los medios, la familia planteó dudas respecto de la definición. En este sentido manifestaron: "Hay dos Subsecretaría de Niñez en la provincia, una hizo un informe que es sobre la cual la jueza determina que Kiki no debe volver; y la otra es la que se desprende del informe realizado por el Observatorio de la Defensoría de Niñez con el respaldo de UNICEF donde critica con dureza el trabajo que esta dependencia viene realizando".

La resolución judicial

El fallo de Romero indica que "la legitimidad del acto administrativo debe ser evaluada a la luz de la ley Nacional 26.061 y Provincial 12.967 vigentes en materia de niñez, de conformidad a Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Esta normativa establece claramente cuál es el órgano obligado y facultado a la adopción de las medidas de protección. Así, la carga y potestad de decidir sobre la aplicación, modificación, sustitución y/o cese de una medida de dicha naturaleza es de competencia exclusiva del órgano administrativo competente local". En este caso, la Secretaría de Niñez.

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"La autoridad administrativa del ámbito regional y la autoridad de aplicación provincial son los únicos funcionarios con competencia para dirigir el procedimiento y para declarar y disponer por resolución administrativa debidamente fundada alguna medida de protección excepcional y definir la modalidad de ésta (cuidado en medio familiar alternativo, en ámbito institucional, etc.)", agrega el fallo.

El texto añade: "Por los argumentos antes vertidos, no cabe duda que la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, organismo competente, se encontraba legitimado para efectuar el cambio de alojamiento del niño, contando con la previa evaluación de su equipo profesional para la determinación de la decisión tomada, fundamentándose en garantizar el vínculo fraterno con su hermano menor, quien reside en otra localidad y en otras circunstancias que han evidenciado un inadecuado rol de la familia solidaria".