Un hombre de 41 años, identificado como Ricardo Mauricio L, quedó en prisión preventiva acusado de cometer delitos contra la integridad sexual de siete víctimas –cuatro niños y tres niñas– de su entorno familiar.
Es policía en Tribunales y quedó preso luego de ser acusado de abusar de siete sobrinos durante casi 20 años
La Fiscalía pidió la prisión preventiva al destacar que el acusado tenía contacto con menores por su función en el edificio judicial. Hay siete víctimas y podría haber más
José Busiemi
El dato que la Fiscalía remarcó como determinante para pedir la cautelar más severa es que el imputado se desempeña como policía asignado a los tribunales de la ciudad de Santa Fe, una función que le permite tener contacto directo con niños y adolescentes, por ejemplo durante entrevistas en cámara Gesell.
La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg, a partir del pedido formulado por la fiscal Vivian Galeano y el fiscal Ezequiel Hernández en una audiencia realizada ayer por la tarde en los tribunales de la capital provincial.
Su función en tribunales, motivo central del pedido de cautelar
Galeano explicó que, entre los argumentos centrales para solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía puso el foco en el cargo policial del acusado dentro del propio edificio judicial. “Por sus funciones, podría tener contacto con niños, niñas y adolescentes cuando, por ejemplo, se realiza una entrevista en cámara Gesell”, remarcó la fiscal.
A esto se suma que la investigación podría no estar cerrada: Galeano sostuvo que “podría haber más víctimas” y precisó que el MPA está analizando el material secuestrado durante un allanamiento realizado en la vivienda del imputado.
Abusos desde mediados de los 90 hasta 2014
Según detalló la fiscal, los hechos investigados se cometieron desde mediados de la década del 90 y hasta 2014. Algunas de las víctimas fueron víctimas de abusos desde muy pequeñas, “en reiteradas oportunidades y durante años”, indicó Galeano.
Las víctimas son hermanos entre sí y sobrinos del acusado. Según la Fiscalía, el imputado utilizó distintas estrategias de manipulación para generarles confusión, culpabilización y autorresponsabilización.
“Los cuatro niños y las tres niñas hoy ya son adultos y adultas. Sin embargo, sufrieron una gran afectación emocional”, subrayó la fiscal, y agregó que la mayoría ya declaró, aunque les costó muchísimo poder hablar y poner en palabras lo vivido.
La ley Piazza y la discusión sobre la prescripción
La Defensa del imputado planteó que los hechos estaban prescriptos por el paso del tiempo. Sin embargo, Galeano explicó que el juez tomó uno de los hechos y consideró que, al momento de su comisión, ya estaba vigente la ley Piazza, norma que habilita a las víctimas de este tipo de delitos –cuando eran menores de edad al momento del abuso– a denunciar siendo mayores.
A partir de ese criterio, el magistrado entendió que ese hecho no estaría prescripto, por lo que existe “un hecho subsistente” que permitió avanzar con la imputación y el análisis del pedido de prisión preventiva. Finalmente, Falkenberg consideró que estaban dados los requisitos para imponer la medida tal como la solicitó la Fiscalía.
Calificaciones jurídico-penales
La fiscal Galeano le atribuyó al acusado: abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una víctima; abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en perjuicio de cinco víctimas y abuso sexual simple agravado, en perjuicio de la séptima víctima.
En todos los casos, la calificación fue agravada porque, al momento de los hechos, el imputado era el encargado de la guarda de los niños y niñas abusados. Además, en las siete víctimas, se le atribuyó el delito de promoción a la corrupción de menores agravada, tanto por su rol de guarda como porque las víctimas eran menores de 13 años.















