Fijaron fecha para una apelación que tendrá a 16 abogados en la sala de audiencia

Un total de 16 abogados apelarán el próximo 2 de agosto el procesamiento que dictó el juez de Instrucción 5ª, Darío Sánchez, para 26 personas involucradas en la conocida "causa escribanos" que detectó una irregular situación en los títulos del Registro de la Propiedad de Santa Fe.

La audiencia, por demás de abultada e inédita por la cantidad de letrados que participarán, tendrá lugar en la Sala 5 de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe y será ante el juez de alzada, Jorge Andrés. El mismo deberá definir si deja firme el fallo dictado por su par de primera instancia o si revoca el procesamiento dictado el 29 de diciembre del 2017.

La apelación estará protagonizada por los abogados Néstor Oroño, Antonio Ciaurro, Angélica Rivero, César Andrés Rojas, Mauricio Frois, César Cello, Guillermo Carrera, Sebastián Milesi, Roberto Pablo Busser, Carlos María Morales, Luis Hilbert, Luis Federico Hilbert, Osvaldo B. Ringa y Osvaldo A. Ringa, Fernando Roldán, Iván Merke y Rubén Dionisio Díaz. Todos expondrán sus agravios ante el magistrado Andrés y el fiscal de Cámara, Miguel Ángel Molinari.

Según se informó desde la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia, se aclaró que la audiencia comenzará a partir de las 8.30 y se realizará en varios tramos con el fin de que todos los letrados expongan sus cuestionamientos al procesamiento que resolvió el juez Sánchez, perteneciente al Sistema de Conclusión de Causas Penales.

La causa es la segunda apelación que tendrá: anteriormente, en 2013, un fallo de un tribunal de alzada compuesto por los jueces Jaquelina Balangioni (hoy defensora general), Marta Feijoó y Roberto Reyes revocó el procesamiento de primera instancia que había sido dictado en junio de ese año y que llevó la firma del juez que inició la investigación, Jorge Pegassano. Aquel procesamiento fue en su momento para tres escribanos, Martín Peón, Pablo Galván y Claudia María Del Huerto Dechanzi.

En la actualidad, los tres funcionarios públicos fueron nuevamente procesados por el juez Sánchez junto a otras 23 personas sindicadas de haber pergeñado una maniobra dedicada a cambiar la titularidad de las escrituras de diversas viviendas y campos del centro y norte de Santa Fe y luego insertarlos en el mercado inmobiliario.

Aquella estafa fue advertida por una denuncia radicada el 11 de diciembre por el entonces exsecretario de Justicia, Roberto Vicente y la extitular del Registro General de Santa Fe, Nora Mauro.

Los datos aportados permitieron establecer que quien habría posibilitado cambiar la titularidad de los asientos registrales fue un empleado de Catastro, D. Tomassi, quien oficiaba en esa dependencia como "referencista".

Este, según develó la pesquisa, se dirigía diariamente hacia el Registro de la Propiedad y analizaba cada tomo que se encontraba en la dependencia pública, y se le atribuyó haber ingresado fuera de los horarios habituales en que presta servicio a la dependencia para así cometer la maniobra.

El fraude

Los investigadores del caso pudieron establecer que las titularidades de lotes, campos e inmuebles que se encontraban en los tomos del Registro de la Propiedad fueron traspasadas a falsos propietarios que insertaban sus datos personales. Luego las propiedades eran ofrecidas a terceros, mediante la intervención de los tres escribanos que en la actualidad se encuentran procesados.