procesos penales

La Corte posó su mirada en las causas por enriquecimiento ilícito de policías

Fue después de conocerse que dos expedientes fueron cerrados porque prescribió el plazo para que los sospechosos sean indagados por la Justicia.

Lunes 23 de Septiembre de 2019

El cierre de dos causas por enriquecimiento ilícito a policías impulsó una doble resolución de la Corte Suprema de Justicia provincial. Por un lado, el tribunal lanzó un pedido de informes para saber en qué estado se encuentran los procesos penales iniciados hace más de diez años a jefes policiales con un incremento desmedido en su patrimonio. Ninguno de esos casos llegó a condena y la sospecha es que la mayoría está más cerca del archivo que de un juicio. Por otra parte, ordenó una investigación administrativa interna para establecer si hubo funcionarios responsables de la prescripción por el paso del tiempo de los dos expedientes cerrados.

La novedad que disparó estas medidas del máximo tribunal se conoció a fines de agosto. El ex comisario Osvaldo Daniel Toledo, jefe de la policía santafesina durante la gestión de Hermes Binner, quedó desligado de la causa penal en su contra por enriquecimiento ilícito porque pasaron más de seis años sin que lo llamaran a declarar. La misma suerte corrió su par Rodolfo Romero, quien fuera jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución. El paso del tiempo jugó a favor de los dos policías al extinguirse el plazo de seis años previsto para que el Estado avance en causas por ese delito.

Resoluciones

El impacto institucional era previsible y las reacciones no tardaron en llegar. Se trata de causas de alta relevancia pública que el procurador general de la Corte santafesina, Jorge Barraguirre, ordenó perseguir con especial atención en cuatro ocasiones en su rol de jefe de fiscales del viejo sistema penal. Son expedientes que estuvieron mucho tiempo en la etapa de investigación administrativa previa en la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza y que, una vez judicializados, soportaron largas pericias contables y la transición del viejo al nuevo sistema penal.

Con el desenlace de los casos Toledo y Romero y ante una propuesta del ministro de la Corte Daniel Erbetta, el máximo tribunal santafesino ordenó un pedido de informes sobre todas las causas del listado que en su momento Barraguirre había ordenado impulsar. Por entonces eran 17 expedientes. Ese pedido fue remitido a la Oficina de Gestión Judicial para que detalle si existen causas por enriquecimiento ilícito que se encuentren afectadas a un juez. La misma solicitud fue enviada al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que responda sobre los legajos bajo su órbita. Los resultados de ese sondeo comenzarían a conocerse esta semana.

En simultáneo, la Corte abrió una investigación para saber por qué las causas de Toledo y Romero terminaron archivadas por el paso del tiempo y sin que existiera un pronunciamiento judicial acerca de si existió o no un aumento patrimonial injustificado de los comisarios. Para esa tarea fue designada la camarista penal Gabriela Sansó, quien requerirá detalles de los expedientes en cuestión para evaluar en qué consistieron las demoras.

El sumario interno buscará deslindar responsabilidades de funcionarios respecto de los cuales la Corte tiene potestad disciplinaria de supervisión y sanción. Esto no alcanza a fiscales y defensores del nuevo sistema, que son independientes. La atención estará puesta en detectar si hubo en esos procesos una inactividad que derivara en la prescripción de las causas. En el caso de Toledo, ya retirado de la fuerza, la causa cerró tras ocho años de trámite y sin que fuera indagado.

Las causas sobre las que posó la lupa la Corte se abrieron a partir del año 2006 por una investigación de la Dirección de Asuntos Internos. De un centenar de casos iniciales, una docena fueron elevados a la Justicia rosarina. En 2014 el fiscal de Cámaras de Rosario, Guillermo Camporini, dio instrucciones de activarlas ante un pedido de Barraguirre. El reclamo del procurador se reiteró en 2017, cuando le indicó al fiscal de Cámaras Guillermo Corbella que se intentara avanzar en 17 causas hasta la etapa de sentencia, que es cuando un juez puede valorar si existen o no pruebas del delito.

El sumario administrativo de Toledo se había iniciado el 27 de noviembre de 2011 cuando era jefe de policía de Rosario. Le adjudicaban ser titular de varios taxis y poseer un campo en Entre Ríos. Por entonces Toledo respondió que desde 1991 era propietario de tres licencias de taxis, dos a nombre de su esposa y una bajo titularidad de su hijo, y que había recibido una herencia. En Tribunales la causa comenzó a investigarse en el juzgado de Instrucción a cargo de Juan Carlos Vienna.

En octubre de 2018 la Corte provincial dispuso que todas las causas del viejo sistema (anteriores al 10 de febrero de 2014) pasaran al nuevo régimen oral y acusatorio donde deben ser perseguidas por fiscales. El defensor Gustavo Feldman planteó entonces la prescripción ante el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, quien estuvo de acuerdo con el planteo. El juez Juan José Alarcón advirtió que el caso estaba prescripto desde hacía más de un año y lo archivó. Lo mismo dispuso respecto de Romero, también retirado, cuyo expediente ingresó a la Justicia en diciembre de 2012. Le atribuían tener un hotel en la localidad cordobesa de La Cumbre y ser titular junto a su esposa de una agencia de seguridad privada.

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Tras esas prescripciones, Barraguirre inició su propio pedido de informes al que se sumó el de la Corte provincial. El MPA advirtió entonces que muchos de los expedientes por enriquecimiento de jefes policiales llegaron al nuevo sistema cuando ya estaban prescriptos. Es por esto que el fiscal general Jorge Baclini advirtió que se analizan otras salidas jurídicas, como declarar imprescriptibles las causas seguidas a funcionarios públicos por un aumento indebido de su patrimonio.

Del total de causas por enriquecimiento ilícito que se judicializaron, sólo se fijó fecha de juicio en la del oficial retirado Hugo Giuliano, quien fuera jefe de Unidades Especiales en Rosario y de dos regionales del sur provincial antes de retirarse en 2007. El debate oral y público está agendado para agosto de 2020. Es decir, en plazo que distintos operadores judiciales consideran lejano para un caso de alta trascendencia pública y tras un lento trámite de 14 años.

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