Lo procesaron por dar talleres públicos sobre marihuana para uso personal

La Justicia Federal de Paraná dio un paso contra una conducta que se daba por tolerada o admitida socialmente: procesó a un hombre por haber convocado públicamente y dictado talleres en los que impartía instrucciones sobre cultivo, producción y consumo de marihuana para consumo personal, además de hacerlo a través de redes sociales y medios de comunicación, según informó UNO Entre Ríos.

También lo acusan por el delito de "tenencia simple de estupefacientes", porque la cantidad de plantas y derivados del cannabis que había en su casa y en su local comercial no explicaría "inequívocamente" el uso individual, así como la siembra del vegetal y la guarda de semillas para la producción del mismo.

Se trata de Iván Gregorio Malajovich, de 33 años, comerciante y activista cannábico, quien a fines de julio del año pasado fue detenido tras allanamientos en su local de venta de parafernalia para la producción y consumo de marihuana, y unos días después excarcelado.

Se trata de una investigación sobre las Jornadas de Cultura Cannábica organizadas y convocadas por Malajovich, que culminó con las requisas.

La resolución del juez federal Leandro Ríos aborda varios aspectos. Uno de ellos es la acusación por preconizar (defender, apoyar o aconsejar públicamente) el uso de cannabis sativa. Si bien esto no solo quedó acreditado en la causa, sino que el mismo Malajovich lo manifestó en su declaración, el juez lo sobreseyó por este delito: "La mera expresión de opiniones a favor de la despenalización del consumo de estupefacientes no encuadra en las disposiciones del artículo 12 inciso a de la Ley Nº 23.737, ya que caso contrario acabaría siendo penada toda manifestación relativa al consumo de drogas que adopte una postura disidente con la línea que orienta la política estatal en la materia, lo cual resulta violatorio de la libertad de expresión".

No obstante, el juez considera que los talleres de convocatoria pública en los que Malajovich enseñó a los interesados a sembrar y cultivar plantas de cannabis, configuró el delito de "dación pública de instrucciones acerca de la elaboración de drogas, dada la influencia estimulante –aún potencial– sobre pasivos individuos receptores que dicho accionar supone, el cual excede los límites del derecho a la libre expresión para incardinarse en un comportamiento reñido con la Ley Nº 23.737, dada su específica finalidad de propagar el uso de estupefacientes por parte de terceras personas, brindándoles herramientas concretas en aras de la perpetración de tal cometido".

Este será el punto más controvertido de la resolución, y que tendrá amplia repercusión, ya que se trata de un tipo de actividad que desarrollan muchas personas en todo el país, y que incluso se refleja en la revista THC, una edición gráfica que se vende en kioscos hace varios años, cuyo contenido es similar a lo que ha manifestado Malajovich en los talleres.

Al respecto, Ríos fundamenta en su resolución: "Malajovich organizaba y publicitaba en sus redes sociales y, al menos en una ocasión, en la página web de un diario de amplia difusión local, jornadas o talleres abiertos al público en general, los cuales tenían por objeto impartir, esto es, dar a conocer, comunicar, exponer detalladamente, instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes en el caso, relativas a cómo obtener o a cómo emplear la especie cannabis sativa, favoreciendo la propagación de técnicas que posibilitaban el consumo de dichas sustancias por los destinatarios, inclinando su psiquis hacia el empleo de las mismas".

"Si bien las jornadas o los talleres se llevaban a cabo en lugares privados y frente a un determinado grupo de personas asistentes, el acceso a los mismos era irrestricto y su publicidad estaba destinada al público en general, toda vez que se llevaba a cabo tanto en redes sociales de afluencia masiva e indiscriminada (Facebook, Instagram) como así también en la página web de periódicos locales", fundamentó el juez.

Por otro lado, Ríos apuntó que "es dable inferir que los elementos secuestrados, esto es, las plantas de la especie cannabis sativa contenidas en 33 macetas y las semillas de igual especie vegetal halladas en un envoltorio de nailon, resultan «utilizables» para producir estupefacientes, en el sentido del término que fuera desarrollado en el párrafo anterior", y que "la gran cantidad de plantas incautadas importa un caudal significativo de tóxico en peligro potencial, el que representa una amenaza cierta al bien jurídico tutelado".

El juez federal consideró que "no existe sospecha previa o el hallazgo concomitante de elementos que permitan asignar a dicha tenencia la finalidad de comercialización o vinculación concreta con el tráfico". Pero sostuvo que "pese a las alegaciones defensistas de Malajovich, ligadas a que el tóxico secuestrado era destinado a su propio consumo (…) el material estupefaciente hallado no puede ser considerado «inequívocamente» para consumo personal (regla de valoración probatoria), dadas las variables de cantidad y calidad (dualidad de sustancias: marihuana y LSD)".

Malajovich es defendido por los abogados Andrés Bacigalupo y Franco Aziani Cánepa. Declaró ante el juez lo mismo que ha sostenido antes y después de la detención y los allanamientos. Incluso en noviembre disertó en las primeras jornadas de Cannabis y Salud Integral organizadas en conjunto por el Hospital Escuela Salud Mental y la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos.

En su defensa, el imputado sostuvo: "Soy activista sobre todo de la marihuana, conocí el cannabis a través del consumo esporádico, lo que me llevó a darme cuenta de que me sentía bien, sentía placer al consumirlo y decidí investigar más sobre el tema, sabiendo que es una planta, se puede cultivar y se puede evitar concurrir al mercado clandestino que ofrece productos de bajísima calidad. Me di cuenta de que se cometía una injusticia calificando a la marihuana como un estupefaciente".