Por enriquecimiento ilícito de un policía, allanaron tres propiedades

Una investigación judicial que se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio del Ministerio Público de la Acusación derivó este lunes en tres allanamientos en la ciudad de Santa Fe y la región.

Los procedimientos de agentes de Asuntos Internos y del flamante Organismo de Investigación (OI) se produjeron con la irrupción de la Tropa de Operaciones Especiales, en una propiedad de Vera Mujica al 600, de barrio Centenario; mientras que los otros dos fueron en la localidad de Sauce Viejo y en la pequeña comuna de Larrechea, en el departamento San Jerónimo.

El despliegue comenzó a primera hora, por orden del juez penal Eduardo Pocoví que hizo lugar al pedido del fiscal Ezequiel Hernández que investiga el enriquecimiento ilícito del agente policial, Adrián Celer, quien fue detenido en 2017 tras realizar un falso allanamiento en una vivienda en barrio Barranquitas. También es investigado por la Justicia federal de Santa Fe por sus presuntos vínculos con una organización narcocriminal de Paraguay.

El allanamiento tuvo como objetivo principal encontrar tres automóviles que habrían sido adquiridos por Celer con dinero ilícito. Vale recordar que apenas fue detenido se le incautó un automóvil de alta gama, un BMW.

Causa abierta

Celer se encuentra detenido desde el 6 de noviembre del 2017 por un falso allanamiento ejecutado, cerca de las 2.30, en Iturraspe y Terraplén en Barranquitas, en el oeste de la ciudad. Se lo arrestó con otros tres policías que se encontraban en el domicilio:  Exequiel Romero, que prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico; Cristian Gutiérrez, exmiembro del Grupo de Operaciones Especiales y el efectivo de la Sexta Zona de Inspección, Leonardo Velázquez.

Los cuatro ingresaron, ilegalmente, esa madrugada al domicilio y le pidieron al ocupante de la propiedad "drogas y armas". Como la situación fue bastante anómala, los vecinos llamaron al 911 por lo que al domicilio arribó un móvil del Comando Radioeléctrico que terminó advirtiendo la irregular situación. 

Los cuatro agentes quedaron retenidos hasta que horas después los fiscales Hernández y Gabriela Arri, ordenaron su detención. Días después el cuarteto fue imputado por "tentativa de robo calificado, allanamiento ilegal, tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y tentativa de falsificación de documento público".

El 10 de noviembre del 2017, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro, ordenó la prisión preventiva, en una audiencia que tuvo lugar en tribunales y en la cual los fiscales Arri y Hernández contaron con el acompañamiento del fiscal regional, Carlos Arietti.

En la investigación se detectó que los cuatro agentes tenían un grupo de WahtsApp llamado "y el asado", donde  organizaban las violentas entraderas a propiedades. "Comer el asado a las 2", "QTH", "Ya verifiqué para el asado de esta noche" (en alusión a las casas a ingresar), "no tengo dinero, hoy está especial para el asado", fueron alguno de los chats que detectaron los investigadores.

Lupa federal

Con el correr de los meses, los peritajes al teléfono de Celer, Samsung GSM GT-I9192 Galaxy S4 Mini Duos, reveló además que el efectivo del Comando Radioeléctrico tenía vínculos con una organización narcocriminal con base en Paraguay que traficaba estupefacientes a narcos de la ciudad de Santa Fe.

Las actuaciones del caso fueron remitidas también a la Justicia federal de Santa Fe para el inicio de una nueva investigación. En efecto, el fiscal Nº 2 Walter Rodríguez, solicitó la indagatoria para Celer por una serie de elementos vinculados a la venta de drogas y armas. La misma se desarrolló el pasado 7 de marzo ante el juez federal, Francisco Miño.

En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal, encontró un total de 13 chats donde Celer mantuvo contacto con un argentino radicado en Paraguay, identificado como José Luis D. alias "Gordo Pascuala", quien le habría suministrado información sobre cuáles eran los lugares en la ciudad y zonas aledañas a Santa Fe donde se almacenaban estupefacientes.

Para los investigadores, esa información suministrada no era con el fin de que Celer persiga el delito –como debe ser– sino que con la intención de "mejicanear" a vendedores de drogas de Santa Fe y la región mediante falsos allanamientos.