Una adolescente logró por derecho propio la condena a su padre abusador en Santa Fe

En marzo del 2021 una niña de 14 años de la ciudad de Recreo denunció a su propio padre con el apoyo de una psicóloga y la Asociación Civil Aljaba de Recreo, luego de poder contar los hechos de los que fue víctima en sus redes sociales. Con el hombre detenido ese mismo mes, logró constituirse como querellante por derecho propio con la representación de las abogadas Carolina Walker Torres y Agustina Taboada. Fue la primera vez en la historia de la provincia que una niña hizo valer su derecho para que sea escuchada y representada en el proceso judicial penal.

Este jueves fue notificada que Cristian Angel M. fue condenado a seis años de prisión efectiva por ser autor de los delitos cometidos contra su propia hija de abuso sexual simple por el parentesco y la guarda. Además, la Justicia procederá a extraerle muestras para lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la Integridad Sexual. La sentencia lleva la firma de la jueza de primera instancia Rosana Carrara. La investigación fiscal estuvo a cargo de Celeste Minniti de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación. Este medio se reserva el apellido del condenado para preservar la identidad de la joven.

En cuanto a lo que significó este resultado para la víctima, Taboada describió a UNO Santa Fe: "El abreviado y la condena implica para ella algo que más allá de la cantidad de años, de la carátula legal y el encuadre jurídico, que es una cuestión simbólica muy importante porque su familia paterna siempre le descreyó, la trataron de mentirosa, loca, que inventaba. Entonces con esta sentencia se logró que él mismo reconozca que los hechos ocurrieron como ella los dijo y la situación que además hubo un juez que homologó el abreviado que confirmó los delitos cometidos. Lo más duro para ella fue que no le crean en su momento, algo que es lamentablemente común en casos de abusos sexuales".

"En este caso el ahora condenado asumió su responsabilidad en el proceso, siendo él su progenitor y que ella estaba bajo su cuidado en un momento en el cual la madre estaba atravesando una situación de vulnerabilidad. Y el Estado había entendido ante esa situación que el padre era la persona más idónea de su grupo familiar para cuidarla, en ese marco él la abusa", agregó la abogada.

Participación de la adolescente

La querella hizo la solicitud de la constitución con la base en el principio de capacidad o autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes avalado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que destaca "el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta".

Y en que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación considera que aquel que "cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico" y refiere una presunción de que "el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física".

En cuanto a la actividad de la adolescente en el juicio cabe destacar que no pudo participar de manera presencial ni virtual de las audiencias, ni como testigo en el juicio, ya que lo hizo a través de sus abogadas. "El proceso fue muy duro para la víctima. Tuvo una actitud muy activa durante todo el juicio de requerirle a sus representantes legales información constante respecto del avance", describió Taboada.

Asimismo adelantó a este medio que van a seguir representándola legalmente en otras acciones que incluyen una demanda por daños y perjuicios, reclamo del derecho alimentario que tiene la menor por parte de los obligados subsidiarios, y en sede de familia todo lo que tiene que ver con la identidad: cambio de apellido, la supresión de la responsabilidad parental por parte del condenado.