La otra cara del concurso que Vicentin pretende homologar para salvarse de la quiebra

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe haya intervenido en la causa que rodea a la agroexportadora Vicentin y el acuerdo concursal que mantiene en vilo para lograr ser homologado se desató un nuevo interrogante sobre la legitimidad del acuerdo. El punto en el que coinciden un grupo de 70 acreedores de Vicentin radica en que el acuerdo concursal al que se quiere llevar conlleva un fraude encubierto "ilegal y abusivo", generando un mayor perjuicio a los acreedores.

Desde el grupo de acreedores granarios describieron lo que concibe "la segunda estafa mediante el proceso concursal en tanto Vicentin intenta confirmar el fraude orquestado pretendiendo validar y homologar una propuesta concursal que no sólo es de imposible cumplimiento sino también es ilegal y abusiva, es decir, genera un nuevo perjuicio a los acreedores".

Así se refirió el corredor de granos Mariano Grassi en diálogo con UNO Santa Fe, quien forma parte del grupo de 70 acreedores de la agroexportadora: "La propuesta viola la igualdad de acreedores en tanto ofrece un pago inicial de 30 mil dólares a todos sin distinción, con acreedores que van a recuperar todos sus créditos mientras que para un gran número de acreedores el monto va a ser un valor insignificante".

Entre los 70 acreedores de la agroexportadora describieron como "muy valiosa" la intervención de la Corte Suprema de Justicia provincial "para que evite consolidar la mega estafa de Vicentin estableciendo pautas legales, válidas y realizables para el desarrollo de un proceso de salvataje con la participación de terceros que puedan realizar otras propuestas a los acreedores perjudicados", según lo expresado.

La agroexportadora realizó una propuesta de pago con una fuerte quita de la deuda contraída y el ingreso como “inversores estratégicos” de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra (ex Glencore) y Bunge Argentina, que reemplazó a Molinos Agro cuando la firma decidió dejar de participar del proceso.

“La solución es todos juntos, donde cada uno aporte su granito de arena para que la empresa vuelva a tener un valor, que hoy es cero. En esa línea es donde vemos que el Estado tiene un rol ineludible, fundamental”, dijo Grassi.

Participación del Estado

"Hay que sentarse y buscar una solución conjuntamente con el Estado. Es difícil comprender por qué se habla de defensa del campo cuando a los acreedores granarios Vicentin pretende pagarle solo el 20% de los más de 420 millones de dólares que debe, la empresa debe trabajar conjuntamente con los intereses del campo”, señaló Grassi.

Bajo este marco, el empresario Grassi se inclinó por la instancia del cramdown o salvataje de la cerealera con participación estatal. Aunque aclaró que el Estado “no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin”, sino que se inclinó por la “capitalizando de su deuda y teniendo una participación accionaria minoritaria", como tiene en otras firmas privadas como ya lo tiene en Molinos Río de La Plata (20% del total).

El Banco Nación (BNA) es uno de los principales acreedores financieros del concurso de Vicentin, con unos U$S300 millones, a los que se suma el Banco Provincia de Buenos Aires y organismos públicos con acreencias, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“No hay relación alguna con preferencias políticas o planteando la eterna disputa del campo vs Estado o ciudad. Acá Vicentin nos estafó a todos. Está perfecto que se defiendan intereses privados, pero en este caso no se trata de cosas contrapuestas. Es difícil comprender por qué se habla de defensa del campo cuando a los acreedores granarios Vicentin pretende pagar solo el 20% de los más de 420 millones de dólares que debe”, indicó Grassi.