Gregorio Dalbón denuncia presión política sobre la AFA: "Santiago Caputo busca quedarse con la entidad"

En medio de un escenario judicial y político complejo, Gregorio Dalbón, abogado de la AFA, aseguró que la causa por presunta retención indebida de aportes a la Asociación del Fútbol Argentino responde a intereses políticos. El letrado afirmó que el asesor presidencial Santiago Caputo pretende “quedarse” con la entidad, y que la resolución se definirá eventualmente con la intervención de Karina Milei.

La indagatoria de Toviggino

Este miércoles, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se presentó ante el Juzgado en lo Penal Económico a cargo del juez Diego Amarante, en medio de un operativo de seguridad reforzado. El dirigente entregó un escrito sin responder preguntas en la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos, junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, citado para mañana. Antes de ingresar a tribunales, Toviggino compartió en X una cita del Papa Francisco, destacando valores de búsqueda de la verdad, resiliencia y responsabilidad personal como preparación para su comparecencia.

Dalbón y las acusaciones políticas

El abogado denunció que la intervención del Estado y la persecución mediática contra Toviggino y Tapia tiene como objetivo estratégico que Santiago Caputo “se quede con la AFA”, y calificó la causa como un conflicto político más que jurídico. “Esto se va a resolver políticamente, no con Caputo, sino posiblemente con Karina Milei”, afirmó Dalbón, en declaraciones realizadas en las escalinatas de Comodoro Py, dejando en claro que la negociación política podría definir el futuro inmediato de la institución.

La respuesta de Karina Milei

Minutos después, la secretaria general de la Presidencia salió al cruce a través de sus redes: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, reforzó la postura institucional: el debido proceso y la independencia judicial están garantizados por normas constitucionales y tratados internacionales, y cualquier investigación se desarrollará conforme a derecho, sin intervención del Ejecutivo.

La causa se inició por denuncia de ARCA, apuntando a la falta de pago de retenciones del Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La investigación podría derivar en penas de dos a seis años de cárcel, dependiendo del dictamen judicial, mientras la Cámara en lo Penal Económico decidirá si la pesquisa continúa o se archiva por inexistencia de delito.