Imputaron a "Bombita", acusado de una serie de amenazas a la EPE

Esta mañana en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal María Laura Martí imputó al joven estudiante de medicina que realizó una serie de amenazas de bomba a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) ubicada en Bulevar Pellegrini 2600 desde fines del año pasado y principios de este.

La funcionaria le atribuyó a Gabriel Emanuel S., de 29 años, alias "Bombita", intimidación pública (por siete llamados) y amenazas calificadas por ser anónimas (por uno de los llamados). La atribución se dio en Fiscalía, ya que el ahora imputado transitará el proceso, hasta que llegue el eventual juicio, en libertad.

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Según pudo saber UNO Santa Fe, el acusado efectuó las tres primeras amenazas desde el teléfono de su abuela, la tercera desde su celular particular y el resto con un chip que había comprado para seguir con su saga intimidatoria.

Fuentes del caso revelaron que los dichos de "Bombita", al momento de las amenazas, eran simples y concretos: "Hay una bomba, desalojen". Situación que generaba el inmediato desalojo en las instalaciones de la EPE y la posterior intervención del personal de la Brigada de Explosivos, que constataba si existía alguna bomba o se trataba de una simple "broma telefónica".

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Gabriel Emanuel S. fue aprehendido el pasado viernes 2 de junio en una vivienda ubicada en República de Siria al 3900 luego de una investigación efectuada por la Policía de Investigaciones (PDI) que tuvo su inicio el 26 de diciembre del 2016. En ese entonces quedó privado de su libertad pero terminó siendo liberado horas después por orden del fiscal de turno, Gustavo Urdiales, quien consideró que no existían riesgos procesales para que "Bombita" transite el proceso que lo tiene acusado en libertad.

En cuanto a su historial de vida, se sabe que el imputado es estudiante en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, ciudad en la que reside durante la semana, mientras que su familia vive en barrio Guadalupe Residencial de Santa Fe.

En primera persona

Al respecto, la fiscal Martí indicó que "finalizadas las pericias a dos teléfonos celulares que fueron secuestrados, elevaremos la causa a juicio. Se trata de un delito para el cual el Código Penal prevé penas de entre 2 a 6 años de prisión". En tanto, agregó que "la Fiscalía considera que lo ocurrido es grave no sólo por la modalidad y su reiteración, sino también por la cantidad de veces que debieron activarse los protocolos de seguridad".

"En total, tres llamados fueron hechos a la línea 'Grandes Usuarios'; tres a la Central de Emergencias 911; y otros dos a la Mesa de Entradas de la empresa", enumeró Martí. En tal sentido, manifestó que "tres de los llamados fueron realizados desde el celular de la abuela del imputado, y los otros cinco de un teléfono celular de su propiedad", explicó Martí.