La PDI hizo allanamientos en Santa Fe por un fraude a la administración pública de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos

Esta mañana de martes, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, junto con pesquisas de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, realizaron dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe: uno en avenida Facundo Zuviría al 4700 y el otro en bulevar Gálvez al 1800.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una causa por presunta defraudación a la administración pública de la Dirección de Vialidad del Gobierno de Entre Ríos, tras una denuncia presentada por el titular de esa repartición. En Santa Fe, luego de las diligencias, se secuestró gran cantidad de documentación relacionada con las maniobras investigadas.

PDI de Santa Fe y PER de Entre Ríos

Los allanamientos estuvieron a cargo del personal de la Oficina de Delitos Informáticos de la PDI, en conjunto con oficiales de la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos. Durante las diligencias, se secuestraron diversos elementos de interés que serán remitidos a la autoridad judicial competente para su correspondiente análisis.

Las medidas se desarrollaron a partir de una denuncia presentada por el gobierno provincial de Entre Ríos, a raíz de presuntas irregularidades en el ámbito de Vialidad Provincial y de empresas contratistas, bajo directivas precisas del Ministerio Público de la Acusación.

En el marco de la investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública entrerriana, el fiscal Gonzalo Badano ordenó la ejecución de 15 allanamientos, varios de ellos en la ciudad de Paraná, y simultáneamente en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

Denuncia

La denuncia fue presentada por el titular de la Dirección de Vialidad, Enrique Donda, quien alertó sobre presuntas irregularidades durante el año 2024. Según la investigación, cuatro funcionarios públicos estarían comprometidos en maniobras vinculadas con contrataciones y compras de mercaderías, con presuntos sobreprecios derivados de presupuestos premeditados e inflados. Entre los acusados también habría cómplices de las empresas proveedoras involucradas.