Este martes por la tarde, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I se abocaron, por orden fiscal, a la investigación de 14 denuncias realizadas por padres de menores de entre 8 y 16 años, quienes habrían sido filmados sin el consentimiento de sus progenitores por dos ciudadanos chinos —una mujer de 52 años y un hombre de 45— en el interior del supermercado Popular, ubicado en calle San Martín, entre Romang y Sellares, en la ciudad de Helvecia, cabecera del departamento Garay.
Helvecia: investigan a dos ciudadanos chinos por filmar a menores de entre 8 y 16 años en presuntos videos de connotación sexual
La causa es investigada por la Policía de Investigaciones por orden del Ministerio Público de la Acusación. Las denuncias involucran a chicos y adolescentes y generaron fuerte preocupación en la comunidad.
Por Juan Trento
4 de marzo 2026 · 11:46hs
gentileza
El lugar allanado por la PDI
Los agentes secuestraron los teléfonos celulares de ambos sospechosos, quienes son de nacionalidad china.
Denuncias de los padres de los menores
Según las presentaciones realizadas por los padres de los menores afectados, los videos fueron grabados dentro del supermercado donde trabajan ambos ciudadanos chinos, utilizando sus teléfonos celulares.
De acuerdo a lo manifestado por los chicos a sus familias, las filmaciones tendrían connotación sexual, lo que motivó la inmediata denuncia ante las autoridades.
Notificados y bajo investigación
La orden impartida por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Rosario Haeffeli, a los pesquisas de la PDI Región I, fue concreta: concurrir al comercio y proceder al secuestro de los dispositivos móviles.
Los investigadores llegaron al local comercial a media tarde del martes, dialogaron con la mujer —quien habla español— y le explicaron los motivos del procedimiento. Luego, y ante testigos, secuestraron los dos teléfonos celulares.
Posteriormente, ambos fueron notificados de sus derechos, tanto en español como en idioma chino. También se les informó sobre la denuncia radicada por los damnificados y que las actuaciones fueron remitidas a la Oficina de Violencia de Género, Familiar y Sexual con sede en Helvecia.
Marco legal
La Ley 26.904 incorporó el delito de grooming al Código Penal argentino, penalizando a quien contacte a un menor de edad por medios digitales (electrónicos o de telecomunicaciones) con la intención de cometer un delito contra su integridad sexual.
La normativa establece penas de prisión de seis meses a cuatro años, incluso cuando no exista contacto físico.
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