El caso de dos nenes de 10 y 12 años que fueron denunciados como autores de una masacre de gallinas conmueve al norte provincial. Los chicos son monitoreados por la delegación regional de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Reconquista desde el miércoles 14 de julio luego de recibir la notificación policial. El sábado 10 de julio a la noche alguien provocó la muerte a 700 aves con palos de escoba e hirieron otras 200 en una granja ubicada sobre la Ruta 1, en el paraje La Esmeralda, cerca del sur de Reconquista y al norte de Los Laureles.
Reconquista: fuertes dudas sobre la acusación contra dos niños de masacrar a 700 gallinas
Por Bárbara Favant
La "investigación"
Fuentes policiales de la subcomisaría 2º de Los Laureles le confirmaron a UNO Santa Fe que el domingo por la mañana Claudio Jorge Naveiro, apoderado de la empresa STIMARE S.A., denunció que encontraron las gallinas muertas junto a lo que serían las armas criminales. En el lugar, varios oficiales realizaron la inspección y siguieron el rastro de aves muertas que iba desde la granja hasta la casa en la que viven los niños, ubicada muy cerca de la empresa. Con esa prueba los policías concluyeron la investigación y dieron por acreditadas las autorías de los hechos a dos de los cuatro nenes de ese hogar y expresaron que dieron aviso a la subsecretaría de la Niñez de la provincia.
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Este medio consultó con el Juzgado de Menores de Reconquista sobre este caso y fuentes judiciales respondieron que al ser los implicados inimputables, no corresponde la intervención judicial por lo que se le da aviso a la secretaria de Niñez de la provincia. El Ministerio Público de la Acusación tampoco intervino con una investigación ya que se trata de un caso de menores por lo tanto indicaron a UNO Santa Fe que corresponde que intervenga el Juzgado de Menores de Reconquista.
Dudas
Si bien la policía informó públicamente que se dio aviso a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, esto fue desmentido por su titular, Patricia Chialvo. Asimismo, la delegada regional de Reconquista de la cartera, Graciela Cereijo, expresó a este medio que la notificación llegó recién la semana pasada y destacó la existencia de protocolos de actuación. "La policía nos dio conocimiento formal de la situación, tomamos contacto a través de las profesionales con los niños y con la madre. Hemos elaborado un plan de acción. Tuvimos una reunión con el director de la escuela donde concurren los niños, con la preocupación por la situación y en la línea de protección de derechos de de los niños", explicó Cereijo a UNO Santa Fe.
Sobre la autoría de la masacre de gallinas, la delegada regional de la Subsecretaría de la Niñez advirtió: "Nos llama poderosamente la atención que niños tan pequeño hayan intervenido en este hecho". Este medio preguntó si, con las entrevistas y evaluaciones de la situación hasta el momento, tienen dudas sobre la autoría adjudicada a los niños de los hechos. Cereijo respondió: "Sí, totalmente. Por supuesto que no nos corresponde a nosotros investigar, hay otros organismos que tienen que realizar tareas y que iremos dando intervención en la medida que se avancemos. Nos llama mucho la la atención la las distintas intervenciones como si fueran dando. Ahora estamos trabajando en la línea de protección de derechos de estos niños".
Y criticó: "No se actuó como se debía haber actuado. Tomó estado público. Incluso algunos medios locales publicaron la identidad de los niños en una comunidad tan pequeña como es Los Laureles. Es una mucha la preocupación porque son niños muy pequeños. Nosotros primero queremos trabajar en la salud mental de ellos, en su protección, en su resguardo". Cabe destacar que en la escuela hubo una gran sorpresa por la acusación a los niños ya que son alumnos destacados.
Según pudo conocer UNO a través de diversas fuentes locales, la familia (integrada por una madre y cuatro niños) se encuentra en una situación socialmente vulnerable. Viven en una casa que estaría dentro de terrenos de la empresa denunciante. La "pollería" cuenta con un administrador, y los dueños no viven en la zona. Además, tiene un sistema de serenos que vigilan el establecimiento las 24 horas. Incluso uno de estos trabajadores de seguridad fue ex pareja de la madre de los niños acusados, que fue despedido hace varios meses y que desde entonces no vive en ese hogar.