Continúan las críticas legislativas al sistema de denuncias del Arzobispado

Este miércoles los diputados Carlos Del Frade (Frente Social y Popular); Lucila De Ponti (Movimiento Evita - PJ); Mónica Peralta (Partido GEN - Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS); Erica Hynes (Partido Socialista - FPCyS), y Matilde Bruera (Partido Justicialista) hicieron duras críticas al "sistema" para recibir "sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores y adultos vulnerables, por parte de clérigos y consagrados, y del encubrimiento de los mismos" que implementó la Iglesia Católica a través del Arzobispado en Santa Fe desde julio.

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A la preocupación manifestada por los legisladores a partir de las declaraciones vertidas por los responsables del "sistema" en una entrevista realizada por UNO Santa Fe, se suma la diputada socialista Gisel Mahmud (FPCyS). "Pienso que la Iglesia como institución puede recibir, escuchar y contener a cualquier persona que se acerque ante cualquier problema, pero me parece necesario precisar algunas cuestiones: que ante un delito contra la integridad sexual el acompañamiento psicosocial y en el proceso de su reparación no puede ser brindado de cualquier modo y sin ningún tipo de conocimientos o capacitación al respecto, dado que de ser incorrectamente abordado puede revictimizar o perjudicar aún más a la víctima. Más aún cuando es en la propia institución donde se desarrolla ese acompañamiento, donde se ha cometido el delito", comenzó.

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Y agregó la legisladora: "De ninguna manera un sistema implementado por la Iglesia puede reemplazar el proceder de la Justicia, ni la exime tampoco de denunciar los hechos o sospechas fundadas de abusos sexuales de menores cometidos por sus miembros de los que tomen conocimiento de cualquier modo".

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"La Iglesia habla de su incompetencia y no obligación de denunciar argumentando que son delitos de instancia privada, cuando en realidad la Ley 27.455 modificó el Código Penal precisamente para que ante los delitos contra los menores de edad exista la obligación de cualquiera de denunciar, no solo del padre madre o tutor. Modificación precisamente generada porque estos delitos quedaban encubiertos en el ámbito familiar", apuntó.

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Por último, concluyó: "La investigación, la constatación de los hechos, la determinación de las sanciones ante estos delitos es competencia exclusiva de la Justicia. Lo que corresponde es hacer la denuncia ante los órganos del Estado que estén habilitados y que tengan competencia. En una situación tan delicada y preocupante como los casos de menores, la Iglesia está obligada a trasladar la denuncia y acompañar a los tribunales".