El retiro del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus abre nueva discusión con diputados opositores

El sacrificio de las medidas fiscales que buscaba implementar el gobierno nacional a partir de la Ley Ómnibus configuró un cisma dentro de la rosca parlamentaria con la que la oposición parecía estar ganando por pocos grados la pulseada contra el oficialismo. Los diputados de la oposición amable al gobierno y algunos gobernadores vieron con buenos ojos esta decisión anunciada por el titular de la cartera económica, pero la discusión sigue tirante y la eliminación del capítulo quinto de sus medidas de desregulación económica podría no ser suficiente para algunos.

El ministro Caputo anunció el retiro de los puntos dedicados al blanqueo de capitales, “la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias y las retenciones" y también adelantó que “puede incluir también el cambio de la fórmula jubilatoria. Eso es lo que se retiraría".

No obstante, los artículos que han quedado incólumes tienen que ver con la privatización de cuarenta empresas estatales, una declaración de emergencia pública, una profunda reforma del Estado y la cesión de facultades extraordinarias al presidente de la Nación.

Las bancadas dialoguistas habían centrado sus críticas en el sistema de actualización de las jubilaciones y en el aumento de las retenciones agropecuarias del maíz, carne, trigo, y soja y sus derivados, un régimen que era criticado por los gobernadores de Juntos por el Cambio.

Así las cosas, las negociaciones que el titular de la Cámara baja, el riojano Martín Menem, deberá entablar con los bloques de mirada más cercana a la del gobierno nacional (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación) deberán versar sobre los demás puntos en disidencia que han quedado sin modificar como por ejemplo la cantidad de materias que tiene la emergencia pública, el régimen de pesca e hidrocarburos y la paritaria docente.

Rodrigo de Loredo, líder de la banda radical, destacó la resolución anunciada la noche de este viernes por el Poder Ejecutivo al afirmar que "es una decisión acertada del ministro Caputo separar el tema que requiere una instancia más de discusión. Todos coincidimos con la necesidad de equilibrio fiscal, pero los medios para alcanzarlos tienen que ser equitativos y razonables".

Su colega de bloque, Pamela Verasay, dijo en la red social X que "el anuncio del ministro es una buena señal ante los planteos de los gobernadores de JxC" y señaló que "el ajuste no podía pasar ni por los jubilados, ni por el sector productivo ni de las provincias".

La radical Karina Banfi sostuvo que "una Ley de Bases debe partir del acuerdo entre la Nación y las Provincias" y expresó: "Celebro que el Gobierno retire de la Ley ómnibus el capítulo que perjudicaba las economías de las provincias y a los más humildes. Es menester que Ejecutivo, gobernadores y el Congreso trabajen juntos".

Emergencia Pública

La discusión tendrá uno de sus ejes en las materias en las que el gobierno quiere establecer la emergencia pública en todo el territorio nacional, que contabiliza nueve áreas: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y salud.

Sobre esto, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, dijo que "sacan el capitulo fiscal de la ley ómnibus" y consideró que se trata de "una "derrota del gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal".

Pero Martínez también consideró que es una "trampa" que se mantengan las delegaciones de facultades al señalar que "Milei sólo quiere superpoderes. Es el corazón de la ley".

En esa misma línea, el diputado de UxP, Daniel Arroyo, dijo que "es preocupante el grado de improvisación del Gobierno" y afirmó que "más allá del retiro del paquete fiscal anunciado por el ministro Caputo, es invotable la delegación de facultades al Presidente, las privatizaciones de empresas estratégicas y las reformas en seguridad, entre otros artículos".

Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño manifestó: "Caputo dice que retirará el paquete fiscal" y afirmó que "hay que dar la pelea para que se caiga el conjunto de la Ley Ómnibus, el DNU y el conjunto del plan motosierra contra el pueblo trabajador".

Además de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría contempla la privatización de unas cuarenta empresas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y la reforma del Estado, donde se contemplan cambios en la estructura en la administración pública y un sistema de prescindibilidad de empleados públicos.

Sobre las privatizaciones, el despacho fija que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

En cuanto al FGS, el oficialismo propone que sus activos se transfieran al Tesoro Nacional y fija que para poder vender esas acciones haya un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.

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El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque Hacemos Coalición Federal.

En ese sentido, se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia.

Además se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

Otro punto contempla que los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.

El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas en un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía en la iniciativa original.

También se mantiene la propuesta de permitir la legítima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.