En VIVO: Diputados define la baja de imputabilidad a 14 años en una sesión atravesada por el caso Jeremías Monzón

La Cámara de Diputados inició este jueves a las 11.18 la sesión extraordinaria en la que el oficialismo, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, busca darle media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa debatida durante años pero que nunca había llegado al recinto.

La jornada comenzó tras una semana favorable para La Libertad Avanza en el Senado, donde obtuvo la media sanción de la Reforma Laboral. En esta oportunidad, el oficialismo logró reunir el quórum de 129 presentes y puso en marcha el tratamiento del proyecto que reemplaza la normativa vigente desde 1980.

El quórum se alcanzó con 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio (10 del PRO, 6 de la UCR, 2 del MID, más Karina Banfi y José Luis Garrido); 7 integrantes de Innovación Federal; 3 tucumanos del bloque Independencia; 3 catamarqueños de Elijo Catamarca; y la exlibertaria Lourdes Arrieta, la única del interbloque Unidos que ingresó para habilitar la sesión. El massista Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, amagó con bajar al recinto pero finalmente no dio quórum.

El corazón del proyecto: imputabilidad a los 14 años

El eje central de la iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves. El Poder Ejecutivo había propuesto inicialmente llevarla a 13, pero los consensos parlamentarios cerraron finalmente en 14.

El proyecto cuenta con dictamen de mayoría en comisiones y, a diferencia del intento anterior, incorpora una aclaración sobre la asignación presupuestaria para su implementación. La iniciativa contempla partidas estimadas en $23.739.155.303: $3.131.996.784 provenientes del Ministerio de Justicia y $20.607.158.519 de la Defensoría General de la Nación.

Los textos habían sido debatidos durante 2024 y la primera parte de 2025, pero no prosperaron por falta de votos. Con la nueva composición de la Cámara y tras un caso que volvió a instalar el tema en la agenda pública —el de Jeremías Monzón— el Gobierno retomó la discusión e incluyó el asunto a fines de enero en el temario de extraordinarias. Este jueves estuvo presente en el Congreso la madre del joven asesinado por un grupo de menores.

La sesión es seguida de cerca por representantes de distintos sectores, incluidos familiares de víctimas de crímenes cometidos por menores, que presencian el debate desde los palcos del recinto.

Penas, medidas alternativas y límite de 15 años

Además de la baja en la edad de punibilidad, la iniciativa prevé una serie de medidas complementarias de carácter educativo, laboral y recreativo, con el objetivo de incorporar herramientas de reinserción para los adolescentes alcanzados por el régimen.

Para delitos con penas de hasta tres años y para aquellos de entre tres y diez años —siempre que no incluyan muerte o lesiones graves— se podrán aplicar sanciones alternativas antes de llegar a la privación de la libertad.

En los casos en que se dispongan penas privativas de libertad, estas podrán cumplirse en el domicilio; en institutos abiertos; en institutos especializados de detención; o en secciones separadas de establecimientos penitenciarios, siempre apartados de adultos.

El plazo máximo de la pena privativa de libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años, cuando el texto original del Ejecutivo proponía un tope de 20. El proyecto también incorpora la figura del “supervisor”, define principios generales para los institutos especializados de detención y establece medidas vinculadas a la salud.

Para el tratamiento del régimen penal juvenil se constituyeron esta semana, de manera exprés, cuatro comisiones, que este miércoles emitieron dictamen tomando como base el despacho firmado el año pasado.

Según estimaciones realizadas en la reunión de Labor Parlamentaria, se prevén alrededor de 10 horas de debate para este tema, con más de una veintena de cuestiones de privilegio que se intercalarán entre las exposiciones de los oradores.

También se debate el acuerdo Mercosur–Unión Europea

El temario incluye además el proyecto de aprobación del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, suscripto el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay, que ya cuenta con dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur.

En los fundamentos enviados al Congreso, el Gobierno sostuvo que el tratado apunta a “establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica”, así como a reducir o eliminar obstáculos arancelarios y no arancelarios, profundizar la integración en cadenas globales de valor y fomentar la inversión.

El Ejecutivo remarcó que, a partir de este acuerdo, Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales que la vinculan con más del 30% del PBI mundial y obtendrá acceso a uno de los mayores mercados del planeta, con más de 450 millones de personas, lo que —según se argumentó— podría significar un fuerte impulso para las exportaciones de bienes y servicios.