La Legislatura empezó a debatir con una copia del acuerdo de la deuda en la mano

Un proyecto de comunicación para pedir que el Ejecutivo someta al aval de la Legislatura el convenio de pago de deuda histórica de Nación con Santa Fe sirvió de excusa para que todos los sectores políticos de la Cámara de Diputados y Diputadas expresen su posición al respecto. En el debate se escucharon argumentos a favor y en contra; con tintes políticos y valoraciones jurídicas. Este jueves el Ejecutivo mandó una copia, pero sólo para que los legisladores vean de qué se trata el acuerdo.

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Hubo discursos encendidos, como el de Maximiliano Pullaro (UCR Evolución), que cuestionó la cifra acordada por el gobierno (151.000 millones de pesos), ya que según sus cálculos a Santa Fe le corresponden cuatro veces esos montos. Mientras que Leandro Busatto (PJ) pidió salir de "la chicana berreta y los discursos de campaña".

Algunos legisladores que participaron este miércoles de la reunión con Omar Perotti dijeron abiertamente que el gobernador, ayer, les ocultó información. Lo hicieron a partir de haber podido leer una copia del acuerdo que el mandatario remitió este jueves al mediodía a la Legislatura.

El autor de la iniciativa, el diputado Fabián Bastía (UCR Evolución), dijo que "otra hubiese sido la reunión" con Perotti si hubiesen tenido antes la copia del convenio, aunque remarcó que los legisladores consiguieron el texto luego de una gran presión política durante el encuentro en Casa de Gobierno.

En el mismo sentido se refirió la socialista Clara García, quien aseguró: "Ayer nos dijeron cosas que hoy vemos que son distintas". En primer lugar, García señaló que desde el gobierno se aseguró que el acuerdo por la deuda y el convenio con Afip (hace que Santa Fe resigne el 1,9 por ciento de la coparticipación para financiar al organismo recaudador nacional) eran cosas separadas. Sin embargo, remarcó García, el compromiso con la Afip lleva como título "convenio complementario" y en el primer considerando hace mención al acuerdo de la deuda y el pago con bonos.

La diputada también cuestionó que la historia se cuente por partes ya que por los acuerdos firmados por Perotti la provincia recibiría en bonos a 10 años 150.000 millones de pesos. Mientras que en el mismo plazo contribuiría a financiar a la Afip con 80.000 millones de pesos.

Para Bastía, el convenio 12070 (deuda) y 12071 (Afip) son dos partes de un mismo acuerdo. En el de Afip, en las hojas 3 y 4 está el anexo con el detalle de los bonos. Además, sostuvo que en ese texto no se menciona que la firma fue ad refendum de la Legislatura, por lo que consideró que depende de la buena fe de la presidenta de la Afip que el organismo no le empiece a cobrar inmediatamente a Santa Fe.

El legislador también advirtió que con esta rúbrica, Santa Fe estaría renunciando a cualquier tipo de reclamo. "Quedamos atados a la suerte de los bonos", cuestionó y dijo que algunos aún ni siquiera fueron emitidos.

Sin aval legislativo

Las voces que se escucharon en contra de que el texto tenga que ser avalado por los legisladores fueron las de Leandro Busatto y Fabián Palo Oliver. El presidente del Bloque del PJ aseguró que el acuerdo entre Provincia y Nación tiene plena validez institucional y señaló que hay voluntad política de parte de la oposición para trabar un acuerdo institucional. "Sería de una gravedad institucional inusitada", señaló ya que la Legislatura estaría desconociendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, Palo Oliver (UCR Libres) cuestionó que el gobernador no haya convocado antes a los legisladores, pero coincidió en que este acuerdo no debe contar con el aval legislativo. En una clara crítica a sus correligionarios del bloque Evolución, el diputado pidió cambiar la cultura política para que prevalezca la honestidad intelectual y no que se imponga el oportunismo político.

En tanto, sí consideró que el acuerdo con la Afip debe pasar por la Legislatura y que se debe empezar a discutir cómo llegan los fondos de la deuda que se deben coparticipar a los municipios y las comunas.

En ese punto, el diputado Nicolás Aimar (PS) presentó un proyecto que pide al Ejecutivo que distribuya lo correspondiente a los gobiernos locales de otra manera. La ley de coparticipación indica que provincia debe remitir poco más del 13 por ciento. Sin embargo, Aimar dijo que para las comunas pequeñas que tienen para cobrar una deuda de 3 millones de pesos en 10 años y que deben destinar esos fondos a obras, es muy difícil lograrlo y pierden la posibilidad de ejecutar algunas tareas si no reciben todo ese dinero junto.

En el mismo tono, el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad) sostuvo que lo que no se está haciendo todavía es discutir qué se va a hacer con esos recursos. "Esto se puede utilizar como una herramienta política como, por ejemplo, para el desarrollo de los barrios populares de las grandes ciudades, el déficit habitacional, agua potable", enumeró y propuso crear una comisión para discutir si Santa Fe debe o no contribuir a financiar la Afip.

Todo parece indicar que la política comienza a correr el eje de discusión. Ya resulta difícil pensar que Santa Fe no acepte el fallo de la Corte donde se determinó el monto. Qué hace pensar que después de siete años del fallo del máximo tribunal y 16 de iniciado el reclamo, la provincia pueda volver todo para atrás y empezar la discusión desde cero. Ahora se vendrá el debate sobre qué hacer con ese dinero y quién lo va a decidir. El destino final son obras, eso está establecido por ley. La pregunta es si va a ser pura decisión del Ejecutivo o la Legislatura tendrá alguna ingerencia sobre qué obras se harán con el dinero de todos los santafesinos y santafesinas.