Otorgan la prisión domiciliaria a Herme Juárez

Los abogados Gastón y Javier Rabadé, defensores del titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios (CTP) de Puerto San Martín y del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), Herme Juárez, confirmaron el viernes que el líder portuario fue beneficiado con la prisión domiciliaria y en las próximas horas volverá a San Lorenzo, donde continuará a disposición de la Justicia hasta que se aclaren las acusaciones que pesan en su contra. La novedad era esperada con ansias por los colaboradores de Juárez y su círculo íntimo, pero además por una gran cantidad de trabajadores portuarios que en los últimos días sentaron posición a favor del dirigente y lo expresaron a través de pintadas y carteles por las calles de Puerto General San Martín y San Lorenzo.

En un oficio emanado ayer desde el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y dirigido a la directora del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, Sonia Alvarez, el magistrado le comunicó que concedió la prisión domiciliaria y dispuso que se cumpla en su domicilio de calle Hugo Parente 1025 de San Lorenzo. Determinó además que se tomen las previsiones necesarias para que Juárez sea monitoreado a través de un dispositivo electrónico.

En el mismo documento, ordenó que el Servicio Penitenciario disponga todos los medios necesarios para hacer efectivo el traslado en forma urgente siempre y cuando las condiciones de salud de Juárez lo permitan y posteriormente indicó que se lo debe notificar de los alcances revocatorios de la medida en caso de que incumpla injustificadamente la disposición del magistrado.

“El juez entendió lo que veníamos afirmando desde su detención —ocurrida el 1 de agosto último— y procedió en consecuencia. Nos dio la razón y comprobó por su cuenta que es necesario que Herme espere los resultados de la causa que tramita contra él en su domicilio por dos razones fundamentales, por su edad y por su estado de salud”, resumió Gastón Rabadé, quien junto a su hermano Javier y otros diez letrados integran el equipo que evalúa la situación de Juárez y, a partir de allí, traza su estrategia defensiva.

En ese rumbo, y tal como publicó este diario el jueves último, después de esgrimir los argumentos para solicitar la prisión domiciliaria, los defensores apelaron ante la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín el auto de procesamiento del dirigente por diversos “errores técnicos” en el desarrollo de la causa que comprometieron el derecho de defensa. La medida se fundamentó en que al inicio del expediente, a principios de 2018, se incorporó un requerimiento fiscal por sospechas sobre actividades relacionadas al narcotráfico mencionadas en una denuncia anónima. Cuando esa acusación cayó por ausencia de pruebas, el juez González Charvay, dijo que habría otros delitos de índole económico, pero no realizó requerimiento fiscal sobre esa situación.

“Nuestro sistema penal inquisitorio exige que exista indefectiblemente un requerimiento fiscal. El juez es solamente un director de todo el proceso. Si eso no se da, se compromete todo lo actuado, como creemos que se dio en este caso”, explicó uno de los defensores.

Mientras tanto los obreros portuarios, a través de los distintos sindicatos que los nuclean, dispusieron el estado de alerta y amenazaron con paralizar todos los puertos del país si la intervención también llegaba al Supa, una decisión que, según sospechan, habría emanado de la Secretaría de Transporte de la Nación. Interpretan que lo ocurrido, pocos días antes de las elecciones se trató de una doble jugada del gobierno. Por un lado “el circo montado para mostrar su lucha contra las mafias” y por el otro “una maniobra para hacerse con el manejo de los puertos de la región encabezada por los empresarios Gustavo Nardelli, Juan Garro y Carlos Milisenda, que beneficiaría a compañías multinacionales en detrimento del comercio, los trabajadores, los empresarios y prestadores de servicios de la zona del Cordón Industrial”.

Juárez fue detenido el jueves 1º de agosto en un megaoperativo realizado por la Policía Federal y días más tarde procesado con prisión preventiva como presunto organizador de una asociación ilícita, por lavado de dinero y extorsión. Luego de dos días en el Hospital Penitenciario Central del penal de Ezeiza fue alojado en el pabellón 6 hasta ayer.