Reclaman que no se garantiza la interrupción del embarazo en hospitales de la ciudad

La Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) entró en vigencia este domingo. En Santa Fe se garantiza en toda la provincia desde el 2012 por intermedio de la Resolución Nº 612 del Ministerio de Salud la interrupción legal del embarazo, (hasta este mes el aborto era no punible bajo causales). Sin embargo, el cumplimiento de la normativa siempre tuvo obstáculos en los hospitales Cullen e Iturraspe por la presión dentro de estas instituciones de grupos de objetores de conciencia. En los últimos años el Cemafé y algunos centros de salud, se desarrollaron como los espacios donde las mujeres pueden tener acceso con profesionales que indican el misoprostol y en los casos más complejos, practican la aspiración manual endouterina.

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Ahora tanto la línea socorrista Acción Mariposa como la Red de Profesionales por el derecho a decidir regional Santa Fe denuncian que el Ministerio de Salud de la provincia no garantiza en su totalidad el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en hospitales públicos ni en centros de salud del Gran Santa Fe. Además, reclaman que hay faltantes de anticonceptivos hormonales y de barrera en las instituciones sanitarias en general.

"Ante la solicitud de IVE del primer nivel de atención, por falla del tratamiento con medicamentos, o por semanas de gestación avanzadas o cualquier otra consideración de los equipos que determina que quien consulta no puede realizar la asistencia ambulatoria, las respuestas desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva –a cargo de Paola Gross– son derivaciones a Rosario y la paciente debe pagarse el traslado o el equipo que deriva realizar las gestiones para cubrir dichos gastos. Además, la demora de los turnos excede extensamente los plazos del protocolo ILE y hoy la ley IVE. El equipo de salud sexual que realizaba Ameu en Cemafé no se ha ampliado, no se invirtió en formar recursos humanos, ni se garantizan condiciones seguras de trabajo para el personal que desde el principio forma parte de dicho equipo armado informalmente y con absoluta predisposición pero con poco respaldo institucional", relatan desde la Red de Profesionales en un comunicado que enviaron a UNO.

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En esta línea apuntan: "Actualmente no se cuenta con este recurso para derivar pacientes. El acceso a las ecografías por IVE tiene una demora inusitada, que también complica cumplir la ley en el tiempo estipulado por la misma. En los centros de salud hace meses faltan anticonceptivos inyectables, y las excusas quedan cortas ante el incumplimiento de un derecho. No se garantiza el anticonceptivo, y luego no se garantiza la ley IVE".

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Representantes de Acción Mariposa, en diálogo con UNO, coinciden: "Venimos hace rato con este tema, por un lado por dilaciones en turnos de ecografías, pero también en el faltante de anticonceptivos en los centros de salud de la ciudad. A las chicas directamente les dan DIU y no hay otro método disponible. Lo más grave es que en el Cemafé ya no se garantiza la aspiración manual endouterina. Las chicas que tenían turno para Ameu se los extendieron, entonces muchas están volviendo a repetir el tratamiento con misoprostol. No se realizan tampoco los traslados y no se las deriva".

"Denunciamos que en el Iturraspe y en el Cullen, que son los hospitales más importantes de la ciudad, se ejerce una fuerte objeción de conciencia y no garantizan la práctica de ninguna manera. Nunca. Es todo un drama, no tenemos respuesta de ningún espacio", agregan.

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Desde la Red de Profesionales detallan: "La pandemia sigue su curso, como hemos denunciado con anterioridad la doble esencialidad en Salud que priorizaba la atención sobre Covid y salud sexual reproductiva, no se cumple. Por un lado se sostiene con la espalda de los equipos, sin que se cubran las licencias, obstaculizando todos los accesos a consejerías, ecografías y laboratorios, por el otro la extrema precarización laboral en salud y uso de contratos eventuales Covid, mas los miserables aumentos salariales, no remunerativos, ni bonificables, dejan en evidencia qué intereses defiende el Estado, que claramente no son los de les trabajadores ni de las personas con capacidad de gestar", sostienen.

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Y denuncian: "En Argentina, las iglesias y las corporaciones médicas son quienes, por influencia o participación directa en los ministerios y secretarías de salud, determinan las direcciones y jefaturas de los nosocomios y servicios que deberían garantizar abortos seguros, además de manejar los acuerdos con las obras sociales y prepagas. La objeción de conciencia institucional pone en riesgo el trabajo en el terreno de la salud sexual reproductiva, instando a perseguir y hostigar a quienes desean garantizar derechos sexuales y reproductivos".

Sobre la implementación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) expresaron desde el socorrismo: "La IVE es muy reciente, pero el acceso no se está garantizado de ninguna manera. La Línea de Salud Sexual y Reproductiva habilitada por el Ministerio de Salud (0800-222-3444) para acceder, informar o denunciar, no responde".

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Por último, la Red de Profesionales exige: "Organizar y capacitar con urgencia a los equipos de salud en las diferentes instituciones para garantizar la ley IVE. Brindar respuesta a los pedidos de Ameu, con un equipo formal y organizado, con turnos programados en forma ágil. Acelerar el acceso a los estudios de laboratorio e imágenes necesarios para garantizar la IVE. Gestionar la distribución de los métodos anticonceptivos a los efectores de salud. Convocar a reunión a las organizaciones que acompañan el derecho al aborto desde antes de la sanción de la ley IVE para coordinar en conjunto la implementación de la misma".