Acompañantes terapéuticos denuncian abandono estatal: "Hace cuatro meses que no cobramos"

La implementación de la ley de emergencia en discapacidad continúa sin materializarse, y el panorama para quienes sostienen día a día los tratamientos terapéuticos es cada vez más crítico.

“Hace más de cuatro meses que no cobramos nuestros honorarios”, relató Francisco Carrizo, acompañante terapéutico, en diálogo con Mañana UNO por UNO 106.3. “Es como manejar a ciegas. La situación es inestable y repercute directamente en nuestra economía y en la calidad de las terapias”, advirtió.

El profesional describió una realidad extendida en todo el país: “Muchos compañeros están dejando sus trabajos o buscan alternativas porque esto es insostenible. Y lo más perverso es que las autoridades se aprovechan de nuestro perfil humano: saben que no abandonamos a nuestros pacientes, entonces postergan los pagos”, denunció.

Carrizo comparó la situación con lo que sucede en el ámbito educativo: “Reclamamos, pero no dejamos de trabajar. Abandonar a los pacientes implicaría retrocesos terapéuticos de años”, expresó.

Críticas

Respecto de la realidad santafesina, el acompañante fue contundente: “IAPOS se ha convertido en una financiera. Los aportes de los empleados públicos quedan en una rueda donde el dinero está, pero no se paga. Nos deben cuatro meses y los trabajadores ya agotamos los ahorros, pedimos préstamos o caemos en financieras para poder seguir yendo a trabajar”, señaló.

Además, denunció que el atraso en los pagos y la falta de actualización de los nomencladores agravan el cuadro: “Desde noviembre de 2024 no se actualizan los valores, y cuando lo hacen, los aumentos son irrisorios. Te informan tarde, y cuando facturás, te dicen que la diferencia se paga después. Es un mecanismo perverso”, aseguró.

Carrizo reclamó una decisión política urgente: “Esto no pasa porque no haya dinero. Es una cuestión de voluntad. El gobierno provincial tiene la posibilidad de destrabar los pagos y reconocer la vulnerabilidad de este sector”, afirmó.

La ley nacional de emergencia en discapacidad, vetada por el presidente y luego restituida por el Congreso, aún no tiene aplicación práctica. Mientras tanto, los profesionales siguen sin cobrar y las personas con discapacidad sufren la interrupción o el deterioro de sus tratamientos.

“Cada día que pasa sin una solución significa un retroceso para los usuarios y un golpe más para los trabajadores que sostenemos la atención con recursos propios”, cerró Carrizo.

La entrevista completa por UNO 106.3: