Anuncios y conflicto: miradas santafesinas sobre el proyecto de reforma judicial

Gabriela R. Albanesi

Diario UNO de Santa Fe

El debate está instalado. Ese tal vez sea, a priori, el primer punto a favor respecto del abanico de proyecto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso, para iniciar una reforma judicial. Se trata de seis iniciativas enmarcadas en un proceso que desde el Ejecutivo Nacional denominan “Democratización de la Justicia”. Una frase muy romántica para referirse a cambios necesario ante el estancamiento que sostuvo la Justicia en su orden interno, desde la última dictadura militar. Sin embargo, las dudas sobre el oportunismo político y el uso electoral que pueda surgir de la reforma, empañan su espíritu.

La semana pasada, la Presidenta envió al Congreso seis proyectos de leyes, tres a la Cámara de Diputados (La Publicidad de la Declaración Jurada de los funcionarios del poder Judicial, el Acceso Igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación y la publicación obligatoria en Internet de las resoluciones de la Corte y de los Tribunales Federal es de Segunda Instancia) y tres a la Cámara Alta ( Regulación de las Medidas Cautelares, Reforma al Consejo de la Magistratura y la Regulación del Recurso de Casación). Estas últimas fueron las que generaron mayor roce con la oposición.

Elección directa

Respecto del Consejo de la Magistratura, el cambio que plantea el proyecto es ampliar la cantidad de integrantes, que pasarían a ser 19 en lugar de 13. Pero además, los candidatos a ocupar los cargos serían elegidos por el voto popular y no serán sólo abogados y jueces sino que se integrarán cinco académico de diferentes extracciones.

Medidas cautelares

Otra reforma introducida por la Presidenta implica la regulación de las medidas cautelares dictadas en procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte. Esa regulación implicaría que sólo se dicten ante una situación de riesgo a la vida o a la libertad de una persona. Por el contrario, ya no sería aplicable en litigios comerciales. Además, el proyecto limita - como “plazo razonable” - a seis meses el tiempo durante el cual una cautelar puede tener efectos y puede ser suspendido si el Estado lo apela.

Más instancias de decisión

El escrito también prevé la creación de tres Cámaras de Casación: Contenciosa Adminsitrativa Federal; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial. El fundamento es que permitiría aliviar el trabajo de la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia. Sin embargo, quienes las críticas apuntan a que sería una “elefantización” del Poder Judicial.

Para transparentar la Justicia

Las otras propuestas de modificaciones, las que ingresaron por Diputados, apuntan a transparentar el sistema. En este sentido, uno de los proyectos propicia establecer que las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales sean de carácter público y que se pueda acceder a ellas por Internet, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo.

La igualdad de posibilidades para ingresar al Poder Judicial también fueron objeto de reforma. La propuesta del Ejecutivo busca garantizar el ingreso igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación, con concursos públicos con exámen para cubrir vacantes, que deriven en un trato equitativo y pongan punto final a las “familias judiciales”. Finalmente, la última medida refiere a la publicidad de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales Federales de Segunda Instancia. El proyecto dispone que se pueda acceder a las causas, de los distintos tribunales del país, por Internet.

Para explicar las implicancias de los proyectos de reforma, Diario UNO dialogó con el ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis y con el Fiscal General de la Provincia, Julio De Olazabal, quienes analizaron los puntos más polémicos y marcaron el atraso de la justicia federal en relación al funcionamiento de los tribunales ordinarios de Santa Fe.