Cómo funciona el sistema de monitoreo local y quién lo controla

Con 50 cámaras de vigilancia registrando cada movimiento de quienes circulan por la Peatonal y calles aledañas –las 24 horas de los 365 días del año–, son inevitables los cuestionamientos sobre invasión de privacidad, sobre quiénes controlan a los controladores y sobre cuál es el destino de esos datos.

Ese debate sobre el sistema inaugurado por la Municipalidad de Santa Fe en septiembre de 2009, que se había inclinado hacia los beneficios de la vigilancia con cámaras a partir de las cifras de casos de robos y vandalismos esclarecidos, volvió a foja cero esta semana.

Ese quiebre se produjo a partir del caso de robo y violación que sufrió una joven empleada el miércoles de la semana pasada en la Peatonal santafesina y que las imágenes de las cámaras –que muestran al agresor salir del local y subir a un remís, que se convirtieron en una fuerte prueba en la investigación judicial– fueron filtradas a un programa periodístico poniendo en serio riesgo la causa llevada adelante por el juez de instrucción penal Nicolás Falkenberg.

Para conocer detalles sobre el sistema de monitoreo, Diario UNO tuvo acceso al protocolo de funcionamiento que explica las cuestiones centrales del problema, como quién puede tener acceso a las imágenes, cómo se realizan las copias y cómo son archivadas.

En el libro de actas

Conectadas casi en su totalidad por una red de fibra óptica subterránea y acompañada por software de alta tecnología (con un zoom analítico que tiene la capacidad de individualizar a las personas) las cámaras permiten registrar la cotidianeidad de los santafesinos, que es observada simultáneamente –en turnos de seis horas– por tres operadores del Centro de Monitoreo y un agente de la policía de la provincia conectado directamente al 911.

Sin embargo, los particulares no pueden acceder a las filmaciones. Sólo con un pedido judicial o de las fuerzas de seguridad las imágenes salen del Centro de Monitoreo, y se asienta en un libro de actas a quién, y por qué circunstancia, se entregó el material.

Es que el sistema no permite la extracción de imágenes sin que se ingrese una clave, que deja registrado en qué momento se retiraron las filmaciones, quién fue el responsable, y a quién se le entregó. Pero además hay otro control importante: existe además una cámara instalada dentro del Centro de Monitoreo que graba en todo momento qué ocurre dentro de la sala.

Finalmente, existe una última disposición de seguridad y es que el sistema no permite que las imágenes registradas sean modificadas. De esta manera, la totalidad de las horas filmadas son almacenadas durante 15 días y luego sólo se guardan los minutos seleccionados.

Esa extracción la realiza el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Sebastián Montenotte, quien periódicamente recibe un DVD con todos los registros de la información donde se haya registrado algún evento, material que queda a su resguardo.

A partir de las situaciones que se consideran sospechosas, realiza un control cruzado con la policía. De esta manera han podido aportar pruebas en casos de trata de personas, de tráfico de estupefacientes y son muy utilizados por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en sus investigaciones.

Para no afectar la causa

El viernes pasado, el juez Nicolás Falkenberg ordenó secuestrar el video con las imágenes del robo y abuso a una empleada de un local de Fiorucci, que habían difundido dos programas de la televisión de cable local, y hasta barajó la posibilidad de detener al periodista Héctor Galiano y al responsable de la productora Ciudadanos SRL, Rodrigo Villarreal.

El magistrado se llevó la copia original del DVD, y propuso un acuerdo verbal de no emitir más las imágenes y retirar del sitio YouTube el bloque del programa que habitualmente se carga en el canal YouTube.

Héctor Galiano recordó: “En ese mismo informe hice mención a que el violador gozaba de libertad, puesto que había sido detenido en enero de este año por robo agravado y privación de la libertad, en otra causa, ajena al juzgado de Falkenberg”.

Además advirtió: “El magistrado nunca preguntó el origen del video y desde luego no estaba yo obligado a revelarlo, ni siquiera en un expediente judicial. Falkenberg manifestó que sabía que el «video salió de la policía», sin especular que también puedo haber sido filtrado por un empleado del municipio, un funcionario municipal o un empleado de su propio juzgado.