Crisis en discapacidad: prestadores advierten por atrasos en pagos y un escenario terminal en algunas instituciones

La situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad atraviesa un momento delicado en la provincia de Santa Fe, con reclamos por falta de pagos, atraso en aranceles y dificultades para sostener la atención.

Desde el sector advierten que el escenario se agrava y que ya impacta en el funcionamiento de instituciones y en la continuidad de las prestaciones.

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En ese marco, la presidenta de la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, alertó que las deudas por parte del gobierno nacional alcanzan los cinco meses, lo que generó complicaciones financieras en distintas entidades.

Según explicó, esta situación derivó en cierres de espacios, demoras en el pago de salarios y creciente incertidumbre entre trabajadores y familias.

Chapero también cuestionó el incumplimiento de la normativa vigente. Señaló que la Justicia ordenó avanzar con la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque sostuvo que aún no se efectivizó. A esto se suma un retraso cercano al 50% en los aranceles, lo que profundiza el desfasaje económico del sector.

En cuanto a los pagos, detalló que PAMI no abonó prestaciones correspondientes a febrero, lo que generó un nuevo bache en las cuentas de las instituciones. Además, indicó que los fondos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación estuvieron interrumpidos desde fines del año pasado, y que en los últimos días se registraron algunas transferencias, aunque consideradas insuficientes.

Medidas de fuerza y preocupación en el sector

Frente a este panorama, los prestadores resolvieron avanzar con medidas de fuerza inéditas, en un sector caracterizado por brindar servicios esenciales. Durante las últimas semanas, se llevaron adelante paros de 24 horas que luego se extendieron a 48, con alcance a nivel federal.

Desde Apridis remarcaron que la decisión responde a la gravedad del contexto. Chapero definió la situación como “crítica y agónica”, y advirtió que el sistema enfrenta un riesgo creciente si no se adoptan medidas urgentes.

En paralelo, el conflicto se da en un contexto de anuncios del Gobierno nacional sobre modificaciones en la normativa vinculada a discapacidad y educación superior, lo que suma incertidumbre en un área que ya se encuentra bajo presión.

Mientras tanto, desde las instituciones insisten en la necesidad de regularizar los pagos, actualizar aranceles y garantizar el cumplimiento de la ley, con el objetivo de sostener las prestaciones y evitar un mayor deterioro en la atención de las personas con discapacidad.