Denuncian creciente desigualdad social en la ciudad de Esperanza

Desde hace varios años vecinos de Esperanza se organizaron para brindar una solución a la desigualdad social que va en crecimiento en su ciudad. "Venimos trabajando en los cuatro asentamientos informales de nuestra ciudad, es una realidad similar a las que sufren otras familias en la misma situación a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero con la diferencia de la invisibilidad desde el Estado municipal", explican los vecinos a UNO Santa Fe.

Para darle forma al trabajo social que hacen, decidieron realizar un informe para mostrar a la sociedad en general la situación que atraviesan 110 familias. "Hay mucha vulneración de derechos, principalmente por la falta de servicios como de agua y luz. En contexto de pandemia no tener agua es bastante complejo. El municipio solo les facilita el regador de caminos una vez por semana. Muy pocas son las familias que tienen luz porque la pudieron bajar ellos mismos. Somos vecinos que estamos preocupados por la situación de todas estas familias y que vemos una desidia por parte del municipio en cuanto a no querer tomar cartas en el asunto", agregan.

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El informe fue presentado en la Municipalidad de Esperanza, con la firma de los integrantes adultos de las familias vulneradas y de referentes barriales y religiosos que hacen el trabajo social en la zona. Allí se detalla que de la población total de la ciudad de 50 mil habitantes, según el Ipec, "hay 350 personas (220 adultos y 130 niños) que son expulsadas a vivir en los márgenes, en situaciones de extrema precariedad".

"Existen cuatro asentamientos informales y/o barrios populares, emplazados en los cuatro puntos cardinales. La Orilla es un barrio que se ubica al norte de la ciudad y abarca desde calle Boch hasta Paso Vinal. En esta última calle y su similar Moreno, se encuentra “El Bajo”, una agrupación de 10 viviendas asentadas a la vera del camino rural, las casas son tipo rancho, autoconstruidas por las familias, cuentan con una sola conexión de agua, que se extiende como red autogestionada a través de mangueras al resto de las viviendas, comparten un baño comunitario, con un inodoro con desagüe a pozo negro, una sola conexión al servicio de luz eléctrica y que provee al resto", explican.

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Y agregan: "Barrio Oeste es una barriada que comienza a erigirse a la vera de las vías del tren perteneciente al Ferrocarril General Belgrano, paralela a calle Dr. Gálvez, entre sus similares Saavedra Lamas y 150 metros antes al camino ABC. Su población fue en aumento hasta llegar hoy a estar ocupado por más de 45 familias, tiene una extensión de 2 km; solo se puede acceder hasta tres cuadras con vehículos, con un único camino de ingreso y egreso al barrio, que los días de lluvias se vuelve intransitable, imposibilitando a quienes viven allí a realizar sus actividades de trabajo o escolares, y ni hablar de la inaccesibilidad de los servicios de emergencias de salud o seguridad. Las viviendas tipo rancho, un porcentaje mínimo accede al servicio de luz formalmente, las demás con conexiones informales y gran parte sin luz, lo mismo sucede con el servicio de agua, todos acceden a través de conexiones autogestionadas".

"En el barrio Sur, se emplaza el asentamiento conocido como “Las Lonas” se encuentra entre las calles Corrientes 1700 y Chaco 1700 hasta el 2600, forma parte de la zona rural de Esperanza, algunas viviendas se agrupan en cercanía a una cava, No cuentan con red de agua potable, una vez a la semana el camión cisterna del municipio rellena los tachos de una de las familias, no pueden realizar perforaciones para extraer agua, por la contaminación de las napas. Poseen conexión de tendido eléctrico público, y desde allí realizan conexiones autogestionadas hacia los hogares. Todo el barrio queda totalmente aislado los días de lluvias fuertes, por el anegamiento de sus calles y el lento escurrimiento de las mismas", sostienen.

Asimismo informan: "Barrio Este el terreno en el que se ubica es a la vera de la vía del tren de Ferrocarril General Belgrano, desde la Ruta Provincial Nº 6 hacia el este, se encuentra rodeado de una cava y un zanjón que es uno de los desagües pluviales de la ciudad, cuenta con 12 viviendas, de construcción similar a todos los otros asentamientos, precarias de chapa, lona y palés, no tienen acceso a luz eléctrica, no cuentan con agua potable, deben cruzar la ruta y un vecino les permite rellenar bidones".

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Conclusiones

Según el relevamiento en estos cuatro barrios, todos los asentamientos de la ciudad "están signados por el olvido y la invisibilidad", dicen los referentes vecinales. Y apuntan que estas familias "están atravesados por la privación económica y el deterioro de sus condiciones de vida social". En relación a la situación laboral, apuntan que la gran mayoría está por fuera del trabajo formal y que desarrollan actividades como cuentapropistas, changas, servicios de cuidado o de limpieza, "todos trabajos significativamente precarizados". Al mismo tiempo detallan que son en gran medida "receptores de subsidios estatales (Asignación Universal por Hijo, Pensiones no contributivas, Tarjeta Alimentar, Tarjeta Única de Ciudadanía, o incluidos en programas de asistencia alimentaria municipal), también son asistidos por organizaciones de la sociedad civil y eclesiásticas".

"Desde el municipio se les obstaculiza el acceso a los servicios indispensables como el agua y la luz, le niegan la posibilidad de otorgamiento de materiales de construcción para la mejora de sus viviendas por ocupar terrenos de manera informal (la gran mayoría de propiedad del Estado nacional). No han ofrecido otra alternativa que el desalojo y la expulsión, implementando la intimidación y la prepotencia ejercida por los funcionarios a cargo de las Secretaria de Promoción Social y Obras Públicas. Decenas de testimonios de personas que viven en estos barrios sostienen los cuestionables tratos a los que son sometidos, por las autoridades, la criminalización por ser considerados “usurpadores”, discriminación, imposición de la autoridad, rozando faltas graves del ejercicio de la actividad pública y de la ética profesional, de quienes ostentan estos cargos", denuncian.

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Por último sostienen que estas 110 familias enfrentan diversas situaciones de riesgo por la precariedad en las instalaciones eléctricas. "Los expone a la electrificación de paredes y techos, siendo un riesgo de vida, pasando por la falta de acceso al agua potable y segura, que aun existiendo expansión de redes, las mismas están sujetas a conexiones irregulares y de autogestión". Y suman: "Ni que hablar del establecimiento de las viviendas en terrenos ambientalmente degradados o contaminados y no aptos para la urbanización, que con cada lluvia fuerte se ven anegados, con amenazas ambientales (basurales y cavas), sin saneamiento, ni recolección de residuos, obligados a quemar la basura, para evitar las plagas, como roedores, generando así gases tóxicos. Estos asentamientos tienen una existencia de más de 12 años, y no se ha implementado ninguna política pública de mejora de hábitat y regularización de dominio, políticas públicas que sí existen a nivel provincial como nacional".

"Hay una clara decisión política local, de no hacerse cargo y mirar hacia otro lado de la situación de vulneración de derechos hacia estos grupos familiares, desde el municipio no hay acompañamiento a la situación de rancho y las acciones que llevan a cabo son de criminalización y atropello, utilizando la complicidad policial, aun sin órdenes judiciales que respalden tales actos. La Ley 27.453 prohíbe desde su vigencia hasta el año 2021 los desalojos forzosos, al igual que el contexto actual de pandemia", concluyen.