La decisión del Gobierno nacional de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud generó un fuerte rechazo desde distintos sectores vinculados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Desde Santa Fe cuestionan la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad y advierten un corrimiento del Estado
Referentes de la discapacidad advirtieron que la eliminación de la Agencia Nacional Andis y su traspaso al Ministerio de Salud implica un retroceso en las políticas de inclusión y un corrimiento del Estado en la garantía de derechos.
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Referentes de la discapacidad advirtieron que la eliminación de la Agencia Nacional Andis y su traspaso al Ministerio de Salud implica un retroceso en las políticas de inclusión
El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se dio en medio de una polémica que involucra a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei.
Desde Santa Fe, Gabriela Bruno, militante de Vida con equidad y dignidad y secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad del Partido Socialista, expresó su preocupación en diálogo con Radio 2. “Es una situación muy grave y preocupante. Queda claro que se trata del desmantelamiento de las políticas públicas en discapacidad, con un corrimiento del Estado y un vaciamiento de las garantías de derechos”, sostuvo.
Bruno remarcó que la eliminación de la Andis contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhirió en 2008, y que se basa en el modelo social de la discapacidad.
Según explicó, la normativa internacional recomienda que los Estados cuenten con organismos autónomos capaces de aplicar políticas transversales, articulando con áreas como salud, educación, trabajo e inclusión social.
En ese contexto, organizaciones de derechos humanos como ACIJ, CELS, APDH y REDI analizan judicializar la medida, de acuerdo a lo publicado por el diario Página 12.
Las críticas también se apoyan en antecedentes recientes, como el decreto firmado en 2024 por Federico Sturzenegger, que endureció los requisitos para acceder a las pensiones por invalidez, retomando criterios considerados regresivos y desactualizados.
Además, uno de los escándalos más resonantes se produjo cuando un anexo oficial incluyó términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad intelectual, lo que obligó al Gobierno a retirar el documento y pedir disculpas públicas.
Por último, desde el sector cuestionaron un error en el anuncio oficial: Adorni afirmó que la Andis había sido creada en 2017, cuando en realidad el organismo —antes llamado Conadis— existe desde 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.













