El costo de las amenazas en escuelas: cada operativo policial puede alcanzar los 6 millones de pesos y será cobrado a los responsables

Cada operativo policial desplegado ante una amenaza en una escuela tiene un costo de entre 5 y 6 millones de pesos, según precisó el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Ese monto incluye movilidad, combustible y horas del personal, y el Gobierno provincial ya decidió que no lo paguen "difusamente todos los santafesinos con sus impuestos": instruyó al área legal y técnica del ministerio para que, en coordinación con la Fiscalía de Estado, inicie las acciones legales y los reclamos de resarcimiento contra cada responsable identificado, sea mayor o menor de edad, punible o no punible.

"Esto nosotros vamos a perseguir el cobro a cada uno de los responsables que sean identificados en cada uno de estos casos", afirmó el funcionario.

El menor que fue detenido por las amenazas a escuelas de Sunchales y Rafaela, que se viralizaron en redes sociales, fue liberado

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Consecuencias penales

Pero el impacto económico no es el único argumento que el ministro puso sobre la mesa. Cococcioni subrayó que cada llamada o nota de amenaza —aunque sea percibida como una broma— retira recursos policiales de otras tareas durante varias horas: patrulleros, brigada de explosivos, en algunos casos bomberos, y registro de instalaciones. "Esa incidencia hace que recursos policiales que podrían estar patrullando la ciudad deban estar abocados durante varias horas a ese procedimiento", explicó.

El ministro también fue contundente respecto de las consecuencias penales para quienes resulten implicados. Una causa tramitada en el marco del Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe deja antecedentes que pueden condicionar la vida futura del involucrado: dificultades para obtener el certificado de buena conducta, impedimentos para viajar al exterior, obligaciones de conducta para los padres y, en los casos más graves, la posible institucionalización del menor.

"Muchas veces lo que se plantea como una broma, como un chiste, algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta", advirtió Cococcioni, quien señaló que la actitud de arrepentimiento que suelen mostrar los chicos y sus familias tras los allanamientos y los secuestros de pertenencias debería anticiparse colectivamente para evitar llegar a ese punto.

El funcionario remarcó que el Estado continuará respondiendo a cada incidencia para garantizar la seguridad en todos los ámbitos escolares y de socialización juvenil, pero dejó en claro que esa respuesta tiene un precio que, de ahora en más, deberán afrontar quienes la provoquen.