El gerente echado de Assa dice que es un "perseguido político"

El ex gerente coordinador de Aguas Santafesinas SA (Assa) Gustavo Actis no tardó ni 24 horas en salir al cruce de las declaraciones de las autoridades de la compañía que explicaron su despido. No sólo dijo ser "un perseguido político por tener una posición crítica de la gestión", sobre todo, desde la llegada de Antonio Bonfatti a la Gobernación, sino que afirmó que fue él mismo el que requirió el inicio de la auditoría frente a la sospecha de irregularidades. "En lugar de enviarme el resultado de la auditoría, me mandaron el telegrama de despido", disparó el ingeniero civil, que se desempeñaba en la empresa desde 1998.

"Mi despido es una arbitrariedad manifiesta y tengo documentación sobre todo lo que digo. Y más: estoy trabajando con mis abogados", adelantó ayer Actis.

Sus declaraciones llegaron luego de que el presidente del directorio de Assa, Sebastián Bonet, oficializara su apartamiento, junto a los de otros dos funcionarios de la empresa, por haber firmado certificados de obra para instalar sendas plantas de ósmosis inversa en Rufino y Cañada de Gómez sin que los trabajos estuvieran realizados.

Para explicar la situación desde su inicio, Actis se retrotrajo a febrero pasado, cuando dijo haber detectado las irregularidades.

"Registramos que una de las empresas no había entregado el equipamiento que debía aportar y que estaría en situación de quiebra. Me presento personalmente en la compañía en Buenos Aires y no tengo respuesta. Entonces, yo fui el que le pedí al entonces presidente de Assa Alberto Daniele que se iniciara una auditoría", enfatizó.

"Ahí está el primer error de Bonet, quien dijo que la investigación la pidió el director, cuando hay documentación y correos que respaldan que fui yo el que la requerí", advirtió el ingeniero.

Actis admitió que las certificaciones habían sido entregadas y aclaró: "Justamente, frente a esa situación no sólo requerí la auditoría sino que envié notas a la gente a mi cargo para ver qué es lo que había ocurrido".

Pero, según destacó, nunca conoció el resultado de la investigación sino que directamente recibió un telegrama de despido. "Es una arbitrariedad manifiesta y lo único que recibí de la empresa fue maltrato y destrato", dijo.

También resaltó que, por ser personal de planta de la compañía, debería haberse aplicado el procedimiento indicado en el convenio colectivo de trabajo, que establece que las sanciones tienen que ser definidas por una comisión de regulación y un tribunal de disciplina.

Actis fue más allá: se consideró "un perseguido" por las críticas planteadas a la gestión política de la compañía por no cumplimentar con los planes pautados.

Dijo, en ese punto, que desde su ingreso a Aguas en 1998 se desempeñó en un área técnica y que "con los franceses (por el grupo Suez) ya es sabido lo que ocurrió, pero siempre pasa lo mismo: las inversiones se demoran, nunca llegan a término y los planes no se cumplen".

Pero fue más crítico con las decisiones que se toman desde que Bonfatti es gobernador: "En esta última etapa, de modo más manifiesto parece que el saneamiento y el agua potable están en el número 9 de la agenda de prioridades".