El Gobierno trabaja en el borrador final de la "modernización" laboral: los puntos que podrían ingresar en la iniciativa oficial

Tras una serie de idas y vueltas a raíz de filtraciones, el Consejo de Mayo finalmente se reunirá por última vez el próximo miércoles para avanzar en la presentación de los proyectos legislativos que surgieron del Pacto de Mayo firmando en la provincia de Tucumán, con las miradas puestas en la reforma laboral.

En traje de Jefe de Gabinete, el miércoles Manuel Adorni hará su debut en la coordinación de la instancia que culminará este noviembre y que tiene por objetivo el envío de una serie de proyectos al Congreso Nacional el próximo 15 de diciembre.

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En eso trabajan cada mes los seis consejeros: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, en nombre del Legislativo; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la voz de los sindicatos y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Pese a que la instancia de discusión incluye los 10 puntos acordados por una veintena de gobernadores y el presidente Javier Milei, la reforma laboral ocupa un gran lugar en el temario de debates. Este punto generó además tensión entre los equipos técnicos luego de que el mandatario rechazara la filtración de algunos puntos. Estas reuniones fueron suspendidas, pero las tareas continúan en el diseño del proyecto que se enviará el 15 de diciembre.

La administración libertaria aún no giró los borradores con el detalle de lo que llaman “la modernización laboral”. “Nos prometieron enviarla el fin de semana largo. No ocurrió, pero ahora nos dicen entre el martes y el miércoles. Veremos”, confesó una fuente en tema al medio Noticias Argentinas.

Ese mismo miércoles, Manuel Adorni convocará al Gabinete en un seguimiento pormenorizado de las carteras tras intercambios mano a mano con los funcionarios para aceitar el diálogo interministerial. Se espera que lo haga junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sin la presencia del mandatario. Horas más tarde se trasladará del Salón Eva Perón al de los Escudos ubicado en el Ministerio del Interior.

Análisis

En ese contexto, el abogado laboralista santafesino Juan Andrés Pisarello analizó en profundidad los puntos que podrían ingresar en la nueva iniciativa oficial.

En diálogo con Mañana UNO por UNO 106.3, Pisarello advirtió que, aunque el texto final aún no se conoce, los borradores que circulan permiten delinear un posible rumbo. “El Gobierno quiere avanzar en una reforma profunda. Y si no consigue los votos, irá por decreto, porque ya lo hizo y volvería a hacerlo”, expresó.

Monotributo: la pieza que mira el FMI

Uno de los ejes más delicados es el del monotributo, un régimen que abarca a casi dos millones de contribuyentes. Según Pisarello, el Fondo Monetario Internacional solicitó al país revisar y “simplificar” este esquema, lo que podría derivar en su eliminación y en la incorporación masiva de monotributistas al régimen de autónomos.

“El monotributo es la herramienta que permitió formalizar a miles de profesionales, emprendedores y cuentapropistas. Pasar a autónomos implica un salto de carga impositiva que muchos no pueden sostener”, explicó el especialista. La medida también impactaría en trabajadores de plataformas digitales, del sector cultural, pequeños comercios y rubros de servicios, que verían incrementados sus costos de forma abrupta.

Además, agregó, el cambio podría “empujar a la informalidad a quienes hoy están formalizados, pero de manera precaria”.

PISARELLO

Negociación colectiva: el corazón del conflicto

Otro capítulo sensible de la reforma es el que apunta a modificar la negociación colectiva, uno de los pilares del derecho laboral argentino.

Entre los ítems en análisis figuran:

-eliminación de la ultractividad de los convenios, lo que permitiría que pierdan vigencia si no son renovados;

-habilitación de acuerdos por empresa, por fuera de los convenios sectoriales;

-nuevas normas para la vida interna de los sindicatos;

-mayor discrecionalidad del Ministerio de Trabajo para intervenir en disputas gremiales.

Para Pisarello, la orientación es clara: “Es un modelo que busca dividir a los trabajadores y fortalecer el poder de las empresas. Si cada trabajador negocia por empresa o incluso individualmente, pierde la fuerza que otorga la negociación colectiva”.

El derecho de huelga y la prestación mínima del 50%

Un punto que ya generó polémica es la intención del Gobierno de establecer un piso del 50% de prestación mínima en sectores considerados “esenciales”, como salud, transporte, energía, telecomunicaciones y educación.

“Esto afecta de manera directa el derecho constitucional de huelga. Un paro con el 50% de la actividad funcionando deja de ser una medida de fuerza real”, sostuvo Pisarello. Según su lectura, la medida “beneficia a las patronales y debilita la capacidad de presión de los sindicatos”.

Banco de horas: una flexibilización con riesgo de judicialización

La incorporación del banco de horas, que permitiría compensar horas extras en otros momentos sin pago adicional, es otro de los capítulos en debate.

“Este instrumento, sin controles claros, puede derivar en más juicios. Las empresas pueden exigir más horas en momentos de alta demanda y compensarlas cuando no las necesitan. Eso genera abusos y conflictos”, planteó el laboralista.

Una reforma que no aborda la informalidad

Argentina tiene cerca del 45% de su fuerza laboral en la informalidad. Para Pisarello, el Gobierno se concentra en modificar el empleo formal sin atacar el problema de fondo.

“Ninguna flexibilización laboral ha reducido la informalidad en Argentina. Ni en los 90 ni en los intentos posteriores. La informalidad baja cuando hay más actividad económica y pymes fuertes, no cuando se le quitan derechos al trabajador”, remarcó.

Sin reforma tributaria, no hay equilibrio para las pymes

Un aspecto estructural que, según el especialista, queda fuera de debate es la reforma tributaria. Pisarello aseguró que cualquier modernización laboral queda incompleta si las pequeñas y medianas empresas continúan soportando altos niveles de presión fiscal.

“Hablan de modernización laboral, pero no de modernización tributaria. Las pymes no pueden contratar si tienen un sistema de impuestos que asfixia y un mercado interno debilitado”, dijo.

El escenario político: decreto o Congreso

El Gobierno podría intentar dos caminos: un nuevo DNU, sabiendo que generará conflicto judicial pero también impacto inmediato o un proyecto legislativo ampliado, sujeto a negociaciones con gobernadores, bloques dialoguistas y sectores empresarios.

Pisarello estima que el Ejecutivo evaluará el termómetro político. “No descarto un decreto, sobre todo si quieren acelerar el proceso después del recambio de bancas. La estrategia es avanzar ahora y corregir después”, afirmó.

“Modernización sin desarrollo solo genera más desigualdad”

Para cerrar, el abogado insistió en que las reformas que se proyectan no resuelven los problemas estructurales del país. “Argentina necesita una discusión seria: qué trabajo queremos, qué modelo productivo queremos y cómo acompañamos a los sectores que generan valor”, analizó. Y concluyó: “Una reforma laboral sin un plan de desarrollo y sin una reforma tributaria es simplemente un cambio regresivo. Modernización sin crecimiento es más desigualdad".

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