Elevarán a juicio la causa por la cueva financiera hallada en un departamento del Puerto de Santa Fe

El fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó la elevación a juicio de cinco personas que fueron descubiertas e investigadas tras el hallazgo de una "cueva financiera" en un departamento de un edificio ubicado en el Puerto de Santa Fe.

Este avance es el resultado de una investigación encabezada por el fiscal, junto a sus fiscales coadyuvantes, Traverso y Orzuza Kock. Los cinco principales investigados son: Ángel Yamil Benavidez, María Luján Miassi, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci.

El principio

El 12 de septiembre de 2023, un equipo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ahora conocida como Policía de Investigaciones (PDI), realizó un allanamiento en un departamento del edificio "Amarras Center II" en el Puerto de Santa Fe. El objetivo inicial de la medida era recuperar electrodomésticos que habían sido indebidamente retenidos por el antiguo ocupante del inmueble. Sin embargo, los agentes se sorprendieron al encontrar una mesa llena de fajos de billetes de diferentes denominaciones.

La pregunta ante tal hallazgo fue inmediata: "¿Y esta plata?". Las respuestas del joven que atendió la puerta fueron nerviosas y contradictorias, sin poder justificar adecuadamente la enorme cantidad de dinero en efectivo. Los investigadores informaron de inmediato a la Jefatura de la Región I, quienes notificaron a la Justicia Federal.

El fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, evaluó la magnitud del descubrimiento y coordinó la intervención de Gendarmería Nacional. Junto con otros funcionarios judiciales, ingresaron al departamento con testigos presentes. En total, se contabilizó un hallazgo de 46 millones de pesos, 85.000 dólares, 21.000 euros, y 23.000 reales, además de documentación comercial vinculada a depósitos bancarios. Los documentos incluían una carpeta con depósitos a nombre de terceros en una entidad bancaria local, y 39 tarjetas de débito emitidas por el Banco Santander.

El joven locatario del departamento fue aprehendido preventivamente. En el garaje del edificio se encontró una camioneta del imputado, y dentro de ella se secuestraron otros 16,8 millones de pesos.

La investigación

A partir del 12 de septiembre, se comenzó a analizar judicialmente el contenido de toda la documentación secuestrada. Las 39 tarjetas de débito coincidian con copias de documentos de identidad de personas de sectores socialmente vulnerables.

Con esas identidades, los imputados accedieron a la compra de dólares, eludiendo las restricciones cambiarias vigentes en ese momento, mediante cuentas bancarias abiertas con esos documentos falsificados.

Elementos probatorios

Los teléfonos móviles de los imputados, secuestrados en el transcurso de la investigación, revelaron información clave sobre la intermediación financiera no autorizada.

En sus comunicaciones, se hallaron consultas sobre los precios de compra y venta de divisas, realizadas desde la "Consultora La Resistencia". Además, una contadora colaboró con los imputados, proporcionando asesoramiento financiero técnico para la operativa ilícita.

Las transferencias bancarias auditadas coincidían con las operaciones reveladas en la documentación secuestrada, y surgieron los nombres de tres personas adicionales que formaban parte de la organización. Estos individuos, Quartucci, Manonellas y Gastaldo, ejecutaban tareas específicas dentro del esquema de lavado de activos y la intermediación financiera ilegal.

Reinversión de ganancias ilícitas

Las ganancias obtenidas de estas operaciones fueron reinvertidas en la compra de propiedades y vehículos, bienes fácilmente auditables. Además, se detectaron viajes al exterior en un corto período de tiempo y altos consumos con tarjetas de crédito, lo que reflejaba un nivel de vida elevado, registrado en diversas plataformas de pago.

Los integrantes de la banda

Ángel Yamil Benavidez es el principal imputado, acusado de intermediación financiera no autorizada, defraudación a través del uso de tarjetas de débito falsas (en 39 hechos), y lavado de activos de origen ilícito. También enfrenta cargos por recepción de bienes provenientes de delitos.

María Luján Miassi está imputada por intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, y por ser partícipe necesaria en la recepción de bienes ilícitos, en concurso real.

Carlos Raúl Quartucci es acusado de lavado de activos de origen ilícito, mientras que Juan Emilio Gastaldo y Raúl Adrián Manonellas están imputados por intermediación financiera no autorizada.

Todos los integrantes de la banda actuaron de manera coordinada, sabiendo que estaban llevando a cabo una intermediación financiera sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina.