Santa Fe

"En Santa Fe el abuso sexual incestuoso es una epidemia"

La abogada Susana Chiarotti, que llevó el histórico Caso C.E.R. a la ONU, analiza cómo funciona la Justicia ante abusos sexuales y los escraches a acusados de violación o violencias

Martes 18 de Diciembre de 2018

En agosto de este año sucedió un hecho histórico para el país cuando el Estado provincial, por recomendación de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, le pidió disculpas a la joven del caso C.E.R.. Denunció en 2011 a su padre por violarla a ella y a sus hermanas por años pero el juez Nicolás Muse Chemes no le creyó y dejó en libertad al acusado.

El suceso fue emblemático porque fue el primer caso del país admitido en una corte internacional ya que se consideró que la Justicia santafesina no falló conforme a derecho, ni respetando los estándares ni tratados internacionales.

El caso llegó a la ONU de la mano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que lidera la abogada feminista Susana Chiarotti, quien con su equipo revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas.

En plena efervescencia de denuncias penales y mediáticas por abusos sexuales y violaciones, UNO Santa Fe dialogó con Chiarotti quien además integra el Comité de Expertas en Violencia de la Organización de los Estados Americanos ​(OEA) para analizar al Poder Judicial a la hora de recibir víctimas que denuncian e investigar y condenar abusadores sexuales o violadores.

—¿Cómo es el estado actual de la Justicia al momento de dar respuestas?

Los problemas son tan graves que hace que menos de tres de cada 100 denuncias lleguen a sentencia. Eso indica que el índice de impunidad en temas de violencia sexual es altísimo. Hay que pensar que solo denuncia una parte de las mujeres y de esa cantidad, solo el tres por ciento llega a sentencia. Y de esa sentencia solo el uno y algo por ciento son condenatorias. Entonces ahí uno entiende esa intuición de las mujeres de decir «para qué voy a denunciar, voy a entrar a una máquina picadora de carne que me va a investigar a mi y difícilmente obtenga sanción o reparación para lo que me hicieron». Eso desmoraliza a las mujeres y hacen que no lleguen a la justicia.

"Todo comienza al momento de la denuncia con el personal que las recibe, sigue con la deficiente, escasa o inadecuada investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación que se hace sin la debida diligencia; sigue con un análisis de la escasa prueba obtenida de parte de los jueces que la miran con mucho prejuicio que se ponen a investigar a la víctima; que se olvidan que la jurisprudencia internacional ya les exige determinados estándares como no utilizar la experiencia sexual previa de la víctima para analizar un hecho de abuso sexual; y termina con la mirada compasiva hacia los perpetradores aceptando cualquier defensa estereotipada o machista que pongan los defensores".

"Esto lo digo no por interés que nosotros abandonemos el garantismo jurídico, soy garantista, quiero que solo se condene a una persona culpable, pero tampoco quiero que los casos de violencia contra las mujeres queden impunes. Porque eso significa que todo ese poder judicial pagado con nuestros impuestos, porque son servidores públicos, no están atendiendo reclamos importantes del 50 por ciento de la población que somos las mujeres".

Por su parte, Edurne Cardenas, abogada del equipo internacional del Centro Estudios Legales y Sociales (CELS), indica a UNO Santa Fe: "Hay fallas estructurales en la justicia. CELS tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otro caso que recuerda a C.E.R desde el 2005 que es el de Ivana Rosales quien su hija Abril continúa llevando adelante y buscando justicia. Su marido intentó matarla pero no lo logró. Al llevarlo a juicio por intento de homicidio (porque no existía la figura de femicidio aún) el Tribunal de Neuquén dicta en el fallo una frase que luego fue el título de una película que dice "ella se lo buscó". Da cuenta que a pesar que tenemos nuevos marcos normativos en Argentina con todo lo que ha sucedido desde entonces junto al enorme impulso del movimiento de mujeres de este país, Ivana (hoy fallecida) no obtuvo un pedido de disculpas por el Estado y son casos que se siguen repitiendo. Sin ir mas lejos, tenemos la decisión de los tres jueces de Mar del Plata por el caso de Lucía Pérez, que es muy criticable el fallo por cómo trata e indaga a la victima".

Y agregó: "C.E.R. e Ivana Rosales son casos de los que Argentina llega a una instancia internacional porque se pone en cuestión el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Ambos llegan por las decisiones basadas en prejuicios de miembros del poder judicial. Eso da la muestra que la justicia es un poder en el que hay que trabajar. Por supuesto el pedido de disculpas es fundamental para la reparación de las victimas, pero hay que trabajar mucho en la revisión de sus practicas, de cuales son los sustentos discriminatorios, racistas, machisas y clasistas que sostienen hasta ahora".

—¿Qué pasa con la formación y selección de jueces?

S.C.: —"Creo que cuando llegan a postularse para jueces, si esperamos que se formen ahí ya es tarde. Las facultades de derecho tienen que cambiar las curriculas. Deben incorporar la desigualdad de género y todo lo que es violencia contra las mujeres en el plan de estudios permanente y oficial. Hasta ahora toda la categoría analítica de género solo se enseña en cátedras libres o en seminarios que son extracurriculares, aislados y no atraviesan toda la carrera. Si pasás derecho procesal penal y ves cosas como que las mujeres son el cinco por ciento de la población carcelaria y nadie te explica por qué, y son cosas muy gruesas que si no le aplicás la perspectiva de género no la entendés. ¿Cómo podríamos explicar ese fenómeno nosotras? ¿Somos más buenas? ¿Tenemos alguna neurona o gen que nos hace no delincuentes? ¿La explicación es biologicista? Si no se recorre cómo se forma a los varones y cómo se forma a las mujeres no la entendés, y sin embargo llegamos todos al final de la carrera donde lo tomamos como algo natural, incluso a veces ni siquiera lo tomamos como un misterio. La educación en género y en derechos humanos tiene que estar ya desde la facultad cosa que cuando salgan recibidos y vayan a ser defensores, abogados litigantes, secretarios, fiscales o jueces ya estén formados y preparados para recibir con otra sensibilidad estos casos. Para enfocar la prueba de otra manera, para trabajar con la debida diligencia, para procurar justicia para las víctimas, sin dejar las garantías de derechos que se deben ofrecer para que una persona inocente no vaya presa si lo son".

—¿Cómo se puede analizar el fenómeno de los escraches en las redes sociales?

—Precisamente por el fracaso del sistema formal de la justicia. Al fracasar el sistema jurídico y sus operadores la gente busca otro tipo de sanciones. Que pueden ser más crueles o injustas porque no pasan por ningún tamiz. El escrache es una reacción de impotencia hacia la violencia, hacia algo que no se puede solucionar.

—¿Se pueden comparar los escraches con linchamientos o con justicia por mano propia?

—No, no iría a ese planteo. Creo que los escraches que se están haciendo ahora de alguna manera le dan una alerta a los abusadores y les están diciendo "tené cuidado, poné un freno, no hagas nada que signifique abuso porque a lo mejor no te denuncia hoy, pero dentro de uno o cinco años si". Entonces es un alerta a los abusadores y a los machirulos que significa que terminó la era del silencio, y eso puede ser muy positivo. Por su puesto que puede tener exageraciones pero también hay que entenderlas porque si tenemos tantos años de víctimas impotentes que no fueron escuchadas o que fueron juzgadas en lugar de recibir reparación, la reacción es de bronca. Eso tiene que ser un llamado de atención para todos los operadores jurídicos para que se pregunten cómo están trabajando.

"He visto casos archivados como suicidios de chicas que fueron asesinadas, donde los fiscales directamente archivaron los casos sin buscar ningún tipo de evidencia, sin permitirse ahondar más ni profundizar en los interrogatorios. No les prestan atención. Lo que pasa (con los escraches) tiene que significar un alerta para que se pregunten por qué no están respondiendo esta demanda social de justicia para la violencia. Nosotras vivimos en una provincia donde el abuso sexual incestuoso es una epidemia".

"A la hora de denunciar tenemos algunos datos que nos indican que son menos del cinco por ciento las denuncias, y de esa cantidad no llegan ni al uno por ciento las condenas. Entonces, estamos ante un fenómeno de abusos incestuosos a niños y niñas que provocan embarazos forzados, traumas para toda la vida, y que queda silenciado. Eso es lo que tenemos que ir corrigiendo como con las leyes que permiten que se pueda denunciar llegado a la mayoría de edad porque ya estás más fuerte, más contenida o contenido".

"Al pertenecer al Insgenar y a Cladem conozco la realidad santafesina y argentina porque he litigado a nivel local e internacional defendiendo estos casos, y también la latinoamericana. Además hemos hecho estudios comparados en varios países que me permiten afirmar que el abuso sexual incestuoso es una epidemia silenciada. Al mismo tiempo es una problemática sesgada por cuestiones racistas y clasistas".

"Mucha gente cree que esto sucede en comunidades indígenas o humildes y yo puedo asegurar que no. He recibido montones de casos de gente de clase alta y media alta de abuso sexual incestuoso, la diferencia es que va a un psicólogo privado, médico privado, se hacen abortos en clínicas privadas cuando el embarazo es una consecuencia del abuso, y nadie se entera de nada, todo queda en la absoluta privacidad y con la más alta calidad científica. En cambio los sectores humildes acuden inmediatamente a la policía. Eso es lo que hace que aparezcan en las estadísticas como asecuencia".

"El abuso sexual incestuoso es un fenómeno que afecta a toda la población, a todo Santa Fe, para hablar de la provincia donde yo más trabajo. Es grave, está silenciado y está totalmente naturalizado. Pero además está justificado. En un reclamo que le hice a un operador jurídico me decía «ah, pero esto es común en esos sectores», como diciendo que esto entre los pobres es normal y no tiene que ser así. Hay mucha gente pobre que no abusa de sus hijos. No le carguemos a la pobreza otro estigma porque no es así. Es un problema de la cultura patriarcal que atraviesa todas las clases, sectores sociales, culturas, razas y etnias. Es un fenómeno extendido".

—¿Cómo responden los jueces santafesinos a los casos de abuso sexual incestuoso?

—Tarde. Mal. O no responden directamente. Hay algunos jueces sensibles que responden bien al problema, pero lamentablemente no son la mayoría. Creo que tiene que haber un proceso de formación, por eso me parece bien el proyecto de ley Micaela que están sacando y discutiendo para obligar a capacitarse en género a todos los profesionales. Hasta ahora ese trabajo estaba a cargo de las ONG, nos demandaban muchos fondos. Es decir, nosotros teníamos que gastar un montón de energías en capacitar a funcionarios. Me parece bien que esa responsabilidad la asuma el Estado. Ojalá que se haga bien y que de acá a 20 años tengamos otro poder judicial.

¿Qué se puede saber en relación a la cantidad de datos de denuncias que hay por día a nivel provincial?

—No tenemos ese dato porque uno de los grandes problemas es que para medir ese fenómeno no tenemos publicadas las cifras desagregadas por sexo y edad de este tipo de delitos. Necesitamos un sistema estadístico que nos de cuenta de toda esta problemática cosa que podamos realmente analizar el fenómeno para poder tener una verdadera dimensión del problema, que es lo que no podemos saber ahora. No hay políticas para frenar esto. No las hay porque tampoco se conoce a fondo el problema. Hay que empezar con un buen sistema que aliente la denuncia, protegiendo a las víctimas que van a denunciar y no investigándolas a ellas. Lo que suele pasar es que al hacer la denuncia es sometida a un montón de análisis psicológicos, revisiones, todo además sin el cuidado apropiado, y eso desalienta no solo a la víctima sino también a los familiares que la acompañan, cuando las acompañan.

—¿Cómo investigan los fiscales? ¿Alcanzan para esta magnitud que se menciona?

—Lo que ha hecho la provincia es asignar fiscalías para violencia de género y delitos sexuales pero los equipos son tan mínimos que muchas mujeres, por lo menos en Rosario, esperan seis horas adelante de la puerta para poder denunciar o tener alguna noticia. Y eso no era lo que se esperaba. Queremos equipos que alcancen, adecuados, que puedan abordar este tema dándole contención a la víctima, protegiéndola, escuchando. Que sean suficientes para analizar todos los casos. Lo que se considera es que pasados los dos años el equipo comienza a padecer una enfermedad que se llama "la fatiga de solidaridad", después de un tiempo ya no quieren escuchar a más nadie que les hable de violencia porque están saturados, porque no dan abasto. Y no tenemos que quemar los equipos sino poner los preparados, capacitados, que sepan del tema, que sean sensibles, pero que sean suficientes para recibir todos los casos de buena manera. ¿Y por qué no los ponen? Porque no se imaginan el tamaño de la problemática. Cuando la gente comienza a conocer a dónde hay que ir a denunciar se empiezan a inundar las oficinas y entonces los equipos se ven desbordados.

"En el Comité de Expertas de la OEA, analizamos la correlación entre número de denuncias y personal destinado a atenderlas en Argentina, Chile, Uruguay y México, y acá en la oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia se recibe entre 17 mil casos al año para un equipo de ciento y pico de personas. No pueden atender esa cantidad de casos bien, de la manera que merecen ser atendidos. Ahora, si en vez de asignar el presupuesto requerido para el año que viene se baja, como se hizo que va a ser menor al del año anterior, y se tiene un discurso que la violencia contra la mujer le importa mucho cuando lo que estamos midiendo es los compromisos de los Estados a través del presupuesto, ahí es donde te das cuenta que los discursos son hipócritas".

—¿Después del caso C.E.R., continúan existiendo los jueces como Muse Chemes? ¿Qué cambió?

—Si. Está lleno. Algunos disimulan para parecer políticamente correctos, pero todavía los corren los prejuicios. Pero tenemos que ir cambiando el Poder Judicial tenemos que hacer que ya no haya más Muse Chemes. Porque después cuando las mujeres revientan de bronca, todos se rasgan las vestiduras y hablan de punitivismo feminista y de que vamos muy lejos, pero ojo, venimos de siglos que se vienen riendo de nosotras. Espero que se vaya incluyendo jurisprudencia de género en los tribunales. Hemos pedido que haya un observatorio de sentencias donde se vea si usan o no los estándares internacionales, los tratados de derechos humanos, la Convención de Belém do Pará. Esperemos que el caso C.E.R. contra Argentina de alguna manera influencie para que mejore la manera de tratar y sancionar estos casos.

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