Familiares de la pareja atropellada en la Costanera se manifestaron contra la excarcelación de los involucrados

Desde las 10 se desarrolla la audiencia en la Cámara de Apelaciones de los Tribunales santafesinos donde se determinará si el joven conductor de 19 años que en noviembre de 2024 embistió y mató a un matrimonio mientras corría una picada en la Costanera de Santa Fe debe esperar la resolución de la causa en libertad o si cabe imponer una prisión preventiva.

Los familiares remarcaron el pedido de que ambos involucrados en el accidente transiten el período que transcurra hasta el juicio: "No corresponde que esten libres. Mataron a dos personas, nuestros familiares están muertos, mis sobrinos están sin sus padres, mi sobrino presenció su muerte y ellos están libres".

Pedido de prisión preventiva

"Confiamos en que se revocará su libertad. Se comprobó que los dos autos estaban haciendo picadas y desde el viernes lo venian haciendo. Hubiese podido ser mucho peor y nadie se nos acercó a nosotros desde el gobierno", agregaron con dolor.

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Sobre el presente de ambos hijos de la pareja fallecida, su tía indicó: "Mi sobrina estudiaba apoyada siempre por sus padres y ahora se tuvo que hacer cargo de su hermano, es una mujer muy fuerte pero hay días en los que no puede con todo. Mi sobrino no duerme, come poco, llora mucho porque la imagen de ese día la tiene clavadísima".

Concluyendo en su pedido, la familiar de las víctimas expresó: "Tenemos miedo de que los vuelvan a dejar en libertad. Confiamos en la justicia, creo que si aceptaron esta audiencia es porque consideraron que no fue justo lo que se determinó anteriormente".

Audiencia

La audiencia de apelación será presidida por el juez camarista Roberto Prieu Mántaras. Al momento de presentar la apelación, Marcolín sostuvo que “la jueza que otorgó la libertad con normas de conducta se contradijo al rechazar la preventiva tras considerar acreditadas la materialidad del ilícito, la probable participación del hombre de 19 años, la pena en expectativa a prisión efectiva y la existencia de peligros procesales”. Explicó que “al plantear que la posibilidad de fuga era cierta y probada, la magistrada debió brindar razones de por qué, desde su postura, ese riesgo podía ser neutralizado con normas de conducta, lo cual no hizo”.

Por otro lado, Marcolín manifestó que “la resolución impugnada carece totalmente de perspectiva de la víctima”, y explicitó que “la preventiva era necesaria para resguardar la expectativa justa a la realización de un juicio oral por parte de los hijos de Arias y López ante la posibilidad de fuga del imputado, que son víctimas indirectas de lo sucedido, tampoco se resguardó a testigos del siniestro vial que deben llegar a declarar al juicio con total libertad”.

Asimismo, señaló que “al ordenar cautelares no privativas de la libertad, la magistrada no tomó en cuenta la extensión del daño causado, pese a que previamente la consideró probada y no controvertida”. Refirió que “el accionar delictivo puso fin a dos vidas humanas y conllevó la terrible pérdida emocional y afectiva sufrida por el entorno de esas personas”, y añadió que “el hijo y la hija de las víctimas están sumidos en la absoluta incertidumbre ante la posibilidad de que se frustre el futuro juicio a uno de los responsables de la muerte de sus dos padres”.

La fiscal enumeró que “entre las normas de conducta ordenadas para el imputado están la de fijar domicilio en una vivienda en la zona de Colastiné; inhabilitación para conducir mientras dure el proceso penal; la prohibición de salir de la provincia y del país; obligaciones de trabajar y/o iniciar estudios universitarios y/o terciarios, realizar un curso de educación vial, presentarse semanalmente ante el MPA y realizar trabajo comunitario”. Agregó que “la magistrada aceptó la caución real de cuatro automóviles propuesta por la Defensa”. Al respecto, resaltó: “Desde la Fiscalía entendemos que esas medidas son insuficientes, no tuvo en cuenta la situación económica de evidente solvencia de la familia del imputado”.

En tanto, los hijos del matrimonio víctima del hecho se constituyeron como querellantes en la causa con representación de los abogados Milton Schaller y Sebastián Oroño.