Festram pide a los municipios controlar precios y garantizar los salarios

El gobierno nacional alcanzó con todos los gobernadores del país un consenso para que las provincias garanticen efectivamente el control de precios, tras el acuerdo pactado por 90 días entre el Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández y un sinnúmero de empresas. El tema es central para la vida de los trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Desde Festram consideramos que esta decisión debe estar acompañada y sostenida, no sólo por los organismos estatales pertinentes, sino también por el conjunto de las instituciones de la comunidad, pero especialmente por los intendentes y presidentes comunales que tienen un trato directo con la sociedad a la que representan.

Los niveles de pobreza e indigencia dados a conocer en las últimas semanas ameritan que los Ejecutivos locales se involucren directamente, pues la base de los gravísimos problemas de inseguridad que se manifiestan cotidianamente está en el hambre, la desocupación y la marginación de niñas, niños y adolescentes. Y por lo tanto es correr el eje del debate de fondo, andar pidiendo autonomía para abordar esta problemática en medio de esta situación social y de la propia pandemia.

La urgencia de los municipios y de la misma provincia debe ser controlar precios, mejorar salarios, solucionar la precarización laboral que todavía sostienen y no usando a la policía para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras en lucha, o interfiriendo con fuerzas de seguridad en ámbitos sindicales –como las asambleas- que tienen expresamente vedado por ley.

Miles y miles de santafesinos y santafesinas necesitan un Estado absolutamente comprometido con sus necesidades básicas. La convocatoria a un trabajo conjunto de intendentes, presidentes comunales y sindicatos municipales sería una respuesta superadora para enfrentar la realidad que estamos viviendo y ser más eficientes en la puesta en marcha del control de precios.

Policías en asambleas

Por su parte, la situación por la que atraviesa el Sindicato de Asoem, a raíz de las irregularidades cometidas en dos asambleas que fueron consecuencia directa de la investigación por estafa que involucra a algunos de sus directivos, ya es hoy tema de la Legislatura Provincial.

La diputada Matilde Bruera acaba de presentar un pedido de informes que en su punto primero solicita el protocolo y operativo policial que se desplegó en fechas 02/09/2021 y 12/10/2021 en las inmediaciones de calle Urquiza 1954 de la ciudad de Santa Fe mientras se llevaban adelante asambleas extraordinarias de la Asociación Sindical Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Santa Fe (Asoem), y en el segundo se Identifique el agente policial responsable de ambos operativos, el funcionario del gobierno provincial que coordinó y autorizó el mismo, las razones de la cartera de Seguridad para el despliegue en cuestión y la cantidad de policías afectados a los mismos.

En los fundamentos, la legisladora hace referencia a los argumentos sostenidos en el tiempo por Festram en donde se destaca que "en dichas asambleas extraordinarias se denunció una extrema presencia e irrupción de las fuerzas de seguridad provinciales, donde montaron un operativo de represión dirigido para que a puertas cerradas -y violando todas las formas estatutarias y de Ley de Asociaciones Sindicales (LAS) Nº 23551- se proceda a tomar una serie de decisorios dirigidos a vulnerar el derecho de sindicación de trabajadores municipales santafesinos -que quedaron fuera del recinto- y de derechos patrimoniales de Festram”.

Advierte también que sostienen que "es incompatible la injerencia de fuerzas de seguridad en asambleas extraordinarias y que ulteriormente como producto de dichos condicionamientos se terminen legitimando decisorios discrecionales dirigidas a cerrar las puertas de los sindicatos y a manejar arbitrariamente sus fondos”.

La Federación desea resaltar también la necesidad de que el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de su delegación local, actúe de acuerdo a las normas ya establecidas para este tipo de procedimientos electorales en los sindicatos.

La diputada Bruera expresa claramente la preocupación ya instalada en distintos ámbitos institucionales por la gravedad de esta situación y la poca celeridad de distintas áreas del gobierno provincial por evitar que estos hechos sigan repitiéndose, violentando derechos indiscutidos de los trabajadores y trabajadoras municipales, pero siendo los mismos un intento claro de disciplinamiento social al resto de los sindicatos estatales y privados.