El conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo judicial. Luego de que el juez federal Martín Cormick intimara al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, el abogado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Pablo Manili, recomendó a docentes y no docentes iniciar reclamos individuales para exigir el pago de las diferencias salariales que consideran adeudadas.
Financiamiento universitario: recomiendan a docentes y no docentes iniciar demandas individuales por los retroactivos
El abogado del CIN, Pablo Manili, sostuvo que la intimación judicial al Gobierno para cumplir con la Ley 27.795 no sería apelable y recomendó a los trabajadores reclamar por vía individual las diferencias salariales. La Justicia dio cinco días al Ejecutivo para cumplir con la cautelar.
25 de septiembre 2026 · 17:24hs
Financiamiento universitario. El juez intimó al Gobierno a cumplir la Ley 27.795 y recomendó reclamos individuales.
La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 establece que el Estado debe dar cumplimiento efectivo a la cautelar y advierte que, de persistir el incumplimiento, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
En declaraciones al programa De boca en boca, de Radio 2, Manili sostuvo que la resolución judicial “no es apelable” y planteó que, aun si el Gobierno intentara recurrirla, la Justicia debería rechazar ese planteo.
El reclamo por los retroactivos
En ese contexto, el abogado del CIN recomendó a los trabajadores de las universidades públicas iniciar acciones judiciales individuales para reclamar las diferencias salariales correspondientes.
Manili explicó que el amparo colectivo impulsado por el CIN tiene como objetivo conseguir el cumplimiento de la ley, mientras que el reclamo por los montos que eventualmente correspondan a cada trabajador debe plantearse de manera individual.
La discusión está vinculada principalmente con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de programas de becas estudiantiles.
La discusión por el aumento salarial
Uno de los puntos centrales del conflicto es la diferencia entre la recomposición que reclaman las universidades y los gremios y los incrementos salariales instrumentados por el Gobierno.
Según estimaciones difundidas por el sistema universitario y organizaciones gremiales, el atraso salarial se ubica en torno al 31%. El Ejecutivo, por su parte, ofreció un incremento del 3% en la última instancia paritaria, una diferencia que mantiene abierto el conflicto.
Manili cuestionó la posición oficial de considerar cumplida la cautelar a partir de ese incremento y sostuvo que “esto es absolutamente falso”. Según su interpretación, el porcentaje ofrecido no alcanza para recomponer el desfasaje salarial que reclama el sector.
Cinco días para cumplir y multas ante una demora
El juez Cormick consideró que el Gobierno no acreditó el cumplimiento total de la medida cautelar y fijó un plazo perentorio de cinco días para ejecutar lo dispuesto.
La resolución establece expresamente que, ante la falta de cumplimiento, podrán aplicarse multas diarias al Estado nacional.
El conflicto judicial se suma a las medidas de fuerza impulsadas por docentes y no docentes y al reclamo de las universidades nacionales para que se aplique de manera efectiva la Ley de Financiamiento Universitario.
La discusión también tendrá continuidad en el plano gremial: las organizaciones universitarias anunciaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en medio del reclamo por salarios, becas y financiamiento del sistema público de educación superior.
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