La Justicia santafesina dispuso en las últimas horas la continuidad de la prisión preventiva para la titular de un geriátrico clandestino, identificada como M.M., en la que se encontraban siete adultos mayores hacinados y en extrema situación de vulnerabilidad.
Geriátrico clandestino en Santa Fe: confirman la prisión preventiva para la dueña e investigan transacciones con asistentes sociales
Tras la audiencia de revisión, el juez ratificó la medida cautelar contra la dueña del geriátrico clandestino por el abandono de persona de siete adultos mayores. El fiscal Marcelo Nessier reveló transferencias bancarias de hasta $800.000 entre la imputada y asistentes sociales que derivaban a los abuelos al establecimiento no habilitado, así como maniobras de entorpecimiento probatorio tras entregarse sin su teléfono celular.
Causa geriátrico ilegal: el fiscal detectó transferencias de hasta $800.000 a asistentes sociales.
Durante la audiencia de revisión contemplada en el artículo 225 del Código Procesal Penal de la Provincia, el juez de la causa tuvo por acreditados los requisitos legales para sostener la privación de la libertad mientras avanza el proceso penal.
El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Nessier, fundamentó la necesidad de mantener la medida cautelar tras exponer por primera vez la totalidad de las evidencias recolectadas en el legajo, luego de que la prisión preventiva hubiese sido acordada inicialmente entre las partes.
“El magistrado sostuvo por acreditados los tres incisos del artículo 220: entendió que existen elementos sólidos de autoría probable, que la pena en expectativa será de cumplimiento efectivo y que persisten riesgos concretos de fuga y entorpecimiento probatorio. La imputada estuvo prófuga 7 días y, cuando negoció su entrega, lo hizo sin su teléfono celular”, expresó Marcelo Nessier, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Las nuevas hipótesis: cohecho, retención de haberes y desvío de documentación
Además del delito principal de abandono de persona en concurso real respecto de las siete víctimas, el fiscal Nessier amplió la plataforma fáctica e imputativa contra la imputada al detectar nuevas maniobras delictivas dentro del establecimiento no habilitado:
Retención indebida y estafas: se investiga el apoderamiento ilegal de DNI, tarjetas de débito/cobro de haberes previsionales y documentación personal de las víctimas para concretar despojos patrimoniales.
Trama de cohecho y retribuciones: a partir de las entrevistas testimoniales tomadas a familiares y sobrevivientes, surgieron nombres de asistentes sociales que derivaban de manera sistemática a los adultos mayores hacia el establecimiento clandestino.
Transferencias bajo la lupa: tras requerir informes al Banco Central y a entidades financieras (como Banco Macro, Francés, Santa Fe, Tarjeta Naranja y Mercado Pago), la Fiscalía detectó al menos 20 transacciones bancarias sospechosas entre la imputada y agentes públicos. Se identificaron giros de dinero por montos de $150.000, $650.000 y $800.000, actualmente sujetos a pericias contables.
Entorpecimiento probatorio e investigación a funcionarios municipales
Uno de los puntos centrales para sostener la prisión preventiva fue el accionar de la dueña del geriátrico clandestino tras los allanamientos iniciales. El fiscal remarcó que la mujer permaneció evadida de la Justicia durante una semana y que, al momento de entregarse tras pactar la detención, ocultó de forma deliberada su teléfono celular, dispositivo donde registraba las conversaciones sobre las transferencias e ingresos al geriátrico. Pese a la maniobra, la Justicia autorizó el peritaje de otros cuatro teléfonos secuestrados al coimputado Hoyos y a allegados a la causa.
Por último, la Fiscalía confirmó que analiza la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de personal municipal o del área de salud que omitió controles o facilitó la derivación de ancianos a la finca no habilitada.
De cara a las próximas semanas, la Fiscalía aguarda la conclusión de los peritajes telefónicos y contables, al tiempo que tramita anticipos jurisdiccionales de prueba para tomar testimonio formal a las víctimas mediante metodologías resguardadas, dada su avanzada edad y delicado estado de salud.

















