La Justicia investiga una matanza indígena del siglo XIX en el norte santafesino como delito de lesa humanidad

Una matanza indígena de al menos 16 personas ocurrida en 1887, en la localidad de San Antonio de Obligado (noroeste santafesino) es investigada por la Justicia Federal como un delito de lesa humanidad.

A finales de febrero, el fiscal federal de Reconquista tomó declaración al antropólogo y becario del Conicet Francisco Mora; y al historiador local Luciano Sánchez . Y el 9 y 10 de marzo se realizaron los primeros trabajos de sondeo en el área donde se supone que fueron enterrados los indígenas fusilados, tarea que estuvo a cargo del antropólogo Juan Nóbile del EAAF según reportó la Agencia Télam.

"Como no hay imputados porque todos fallecieron, se busca hacer una reconstrucción histórica y condenar los hechos como parte de un genocidio de Estado que es el encuadre de delito que permite llevar adelante una causa penal a pesar del tiempo transcurrido", explicó la abogada Cintia Chávez, que representa a las cuatro comunidades denunciantes: An Añaxag y Qompi de Las Toscas, Dalaxay de San Antonio de Obligado y la Natocoi de Florencia, todas qom menos la última que es qom/moqoi.

La magistrada consideró que "es muy importante investigar a través de una causa judicial porque eso permite acceder a archivos" y todo lo que se incorpora a la investigación es en calidad de pruebas testimoniales, documentales o periciales.

"Se está transitando un proceso con la misma rigurosidad que se aplica a cualquier otro delito y la idea es desterrar todas las versiones erróneas para lograr contar una historia lo más cercana posible a lo que efectivamente pasó", agregó.

El historiador apuntó que el contexto de esta matanza fue tanto "la campaña al desierto verde -la mayoría de los reducidos fueron indígenas que iban siendo capturados en esas expediciones al Gran Chaco-" en el marco de la ampliación de la frontera, como también la consolidación de un Estado-Nación que se configuró "persiguiendo al distinto, en este caso a los indígenas".

Sánchez explicó que "una parte importante de las pruebas son los testimonios de los descendientes de sobrevivientes", quienes comparten un relato que se viene transmitiendo como memoria oral de generación en generación y cuyas "imprecisiones" son menos importantes que "la vigencia del tema en las comunidades", donde su recuerdo sigue produciendo "angustia y dolor".

"Si bien podemos hablar de diferentes avances, la realidad del indígena del norte argentino o del gran Chaco sigue siendo de mucha vulnerabilidad", manifestó Sánchez, que inició su investigación a partir de las preguntas que surgieron cuando se encontró con el cuadro que Orlando Binaghi pintó en 1962 sobre el episodio.

La historia

Hacia 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom de la zona del chaco santafesino accedieron a asentarse definitivamente en la reducción religiosa San Antonio de Padua de Obligado, que se creó en territorios cercanos a la Colonia Las Toscas, mediante un acuerdo con el Gobierno nacional, el cual les prometió escriturar a su nombre esas tierras a futuro.

Las negociaciones para conformar la reducción cuyo objetivo era convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e introducirlos como mano de obra barata, habían sido encabezadas por el misionero franciscano y jefe espiritual de esa misión Ermete Constanzi.

Algunos años más tarde, las condiciones de vida en la misión comenzaron a empeorar, con epidemias, abusos físicos, castigos de las autoridades militares y falta de alimentos.

Mientras tanto, los títulos de propiedad seguían haciéndose esperar, sobre todo desde que la reducción pasó a ser parte de la provincia de Santa Fe. El reclamo de esas tierras en favor de los indígenas le costaría la vida incluso 10 años después de la masacre, al propio Ermete Constanzi.

La relación entró definitivamente en crisis durante el verano de 1887 cuando el Ejército nacional raptó una niña indígena para cumplir un pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentino Roca, Rudecindo, que había solicitado le envíen "una chinita" para servidumbre.

La indignación derivó en sublevación de una parte de los reducidos, quienes asesinaron a Piedra y a otro soldado antes de abandonar la misión para internarse en el monte.

En respuesta, el ejército reprimió con dureza fusilando a 16 indígenas -14 hombres, una mujer y un niño- que no habían participado de la revuelta y permanecían en San Antonio. Durante los siguientes 10 días continuaron los asesinatos, en un número indeterminado.

"Estaban atados, los llevaron a un apartado de la reducción, les hicieron cavar una fosa y ahí mismo los fusilaron. En el sitio donde se cree que fue la masacre se levantó hace 100 años la denominada Cruz Alta y ahí se iniciaron los trabajos de excavación del EAAF", contó Sánchez.