La mirada de un constitucionalista sobre el tema

Consultado sobre la situación generada en torno a las conmutaciones firmadas por el gobernador para los asesinos de los Mattioli, el abogado constitucionalista Domingo Rondina aclaró que a su entender, si se cometió un error de índole política, no fue con mala voluntad y pidió revisar las conmutaciones de penas, porque se trata de prerrogativas de índole monárquica que aún sobreviven en algunas constituciones, incluida la de Santa Fe de 1962.

En este sentido, aclaró que cuando se habla de facultades constitucionales discrecionales, significa que se pueden hacer sin justificación. Solamente se deben cumplir dos requisitos. No ser un caso de corrupción, y haber un informe previo de la Corte.

“Es una facultad que no puede ser revisada y como tiene estas características, una vez que el gobernador la dicta, queda firme ipso facto y no se puede dar marcha atrás. Por lo tanto, en principio es nula la revocación de hace un año, y también la de esta semana. Lo que podría plantearse es la facultad de autoanulación que permitiría dar marcha atrás en un acto firme”, sostuvo y advirtió que esta es una hipótesis difícil, pero posible si el decreto fundamenta claramente los motivos de la decisión.