La polémica por el potencial desembarco de Uber en Rosario llegó a la Legislatura santafesina. Diputados y senadores del justicialismo anunciaron ayer que presentarán una declaración conjunta en el parlamento provincial para que municipios y comunas ejerzan su poder de policía e impidan que el servicio de transporte de pasajeros a cargo de coches particulares conectados por una aplicación llegue a Santa Fe.
La polémica por Uber llegó a la Legislatura de Santa Fe
La polémica comenzó en el Concejo Municipal de Rosario, con un proyecto de la aliada al oficialismo María Eugenia Schmuck, para regular y controlar las aplicaciones que sirven para el despacho de viajes en las calles rosarinas.
La propuesta, que impone requisitos y condiciones, le abría la puerta a Uber, una multinacional que llegó al país en medio de la resistencia de muchos sectores.
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La onda expansiva de la discusión llegó hasta la Legislatura santafesina. Ayer, en la delegación local del Senado, asociaciones y gremios de taxistas, además del concejal justicialista Eduardo Toniolli; la diputada nacional Alejandra Rodenas; el senador provincial Armando Traferri y el grupo de asesores del diputado Luis Rubeo abordaron en conjunto la problemática.
"Uber atenta contra el sistema público de transporte, atenta contra el trabajo, no tributa ingresos brutos, ni ganancias, ni Drei, por lo que hay que hacer es advertirle a los municipios y comunas para que no permitan este tipo de sistema de traslado, que además es ilegal", sentenció Traferri.
El legislador recordó que existe una ley de transporte presentada a la Legislatura por el Ejecutivo y otra por el justicialismo a través de "la que se puede discutir y mejorar la calidad de los servicios públicos. Pero de ahí a debatir sobre un sistema irregular no tiene ningún sentido", apuntó el senador por el departamento San Lorenzo.
Tras invitar a los jefes comunales a que adhieran al control y sanción de los sistemas de traslado no oficiales, Traferri consideró que Uber es "un ejemplo de competencia desleal en la que por un lado un taxista paga 200.000 pesos en impuestos, y este tipo de aplicaciones nada. El tema es mejorar lo existente, actualizarlo pero no sobrecargarlo porque sencillamente sería contraproducente".
Por su parte, el diputado Rubeo adelantó que, tanto en Diputados como en Senadores, se presentarán proyectos de declaración solicitando que los municipios y comunas santafesinos se expidan en relación a esta problemática y "cumplan la legislación vigente".
A su vez, el legislador provincial anticipó que se revisará en detalle la ley de tránsito para analizar si la normativa establece en su articulado algunas penalidades por las que también se pueda involucrar a la órbita del Ejecutivo santafesino.