Malestar en Santa Fe por la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad: "Debe ser una respuesta urgente"

La promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, destinada a garantizar el acceso inmediato a servicios y prestaciones esenciales para personas con discapacidad, generó polémica por la falta de claridad en su implementación y financiamiento.

Desde el gobierno señalaron que no ejecutarán la ley hasta que el Congreso indique de dónde se obtendrán los recursos necesarios para hacerla efectiva.

Asociaciones del sector y profesionales del derecho alertan que, aunque la norma declara una emergencia, aún no se definieron los mecanismos concretos para asegurar los recursos necesarios, lo que retrasa la aplicación efectiva de los derechos que establece la ley.

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La abogada Valeria Sordo, miembro de la Comisión de Derecho de las Personas con Discapacidad del Colegio de Abogacía de Santa Fe, sostuvo que “una ley que ya fue aprobada dos veces por el Congreso, primero al tratarla originalmente y luego al rechazar el veto del presidente, nuevamente tendría que volver al Congreso para determinar de dónde salen los fondos o establecer cuáles son las partidas presupuestarias que debe utilizar el Poder Ejecutivo para cumplir con la norma”.

Sordo explicó que, desde el punto de vista jurídico, no se entiende la demora: “La potestad de designar o reasignar partidas presupuestarias la tiene el Poder Ejecutivo, no el Congreso. No se entiende mucho. Sí se entiende desde el punto de vista político: no se quiere cumplir de manera inmediata con una ley que declara una emergencia”.

En declaraciones a la emisora LT10, La abogada agregó que la ley no crea un sistema nuevo, sino que declara la emergencia de un servicio ya existente, por lo que debería implicar una respuesta urgente.

“Nosotros, como representantes de las personas con discapacidad, no buscamos controversias con otros sectores, sino que nos preocupa que exista una posición ideológica del Ejecutivo que considere a determinados sectores como un gasto, cuando en realidad no lo son”, concluyó.

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Por su parte, Gabriela Ortolochipi, presidenta de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de Santa Fe (UENDISFE), también criticó la falta de claridad en la implementación. “Venció el plazo para la publicación de la ley, por eso fue publicada, pero está condicionada a que se indique de dónde va a salir el dinero”, afirmó en declaraciones a LT 10.

Ortolochipi subrayó que, aunque se menciona una compensación económica a los prestadores, no se especifica ni el porcentaje ni cómo se aplicará, y que toda la parte arancelaria debe pasar por el directorio de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) lo que genera incertidumbre.

La referente de UENDISFE recordó que el desfase entre lo que se paga y el costo real de las prestaciones es de hasta un 60%, y que los últimos aumentos fueron mínimos: “El último aumento fue en diciembre del año pasado y apenas fue de un 0,5%. Por lógica, la compensación seguramente será insuficiente”.

Ortolochipi concluyó que mientras desde el sector oficial se sigue hablando de números y porcentajes, los referentes de las personas con discapacidad reclaman derechos universales: “hablamos del derecho a acceder de manera universal a las prestaciones, independientemente de la situación económica, financiera o cultural. Es un sistema que tiene que ser universal, y ellos siguen hablando de números. Parece que nunca nos entendemos”, finalizó.