Discapacidad: para organizaciones de Santa Fe, lo dispuesto por el gobierno es "una maniobra de dilación"

El Gobierno Nacional promulgó este lunes la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación mediante una cláusula que exige al Congreso que diga de dónde provendrán los fondos para ejecutarla. Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad de Santa Fe rechazaron la medida, bajo el argumento de que "es una maniobra de dilación" y "un desconocimiento del reclamo social".

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Luego del rechazo de la Cámara de Diputados y Senadores al veto presidencial, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la norma (mediante el Decreto 681/2025) que define el aumento de las prestaciones por discapacidad. Sin embargo, al mismo tiempo suspendió la puesta en vigencia de la ley hasta tanto el Poder Legislativo asigne las partidas presupuestarias correspondientes, algo que se descuenta no sucederá hasta tanto no se discuta el presupuesto 2026.

La ley declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su finalidad es la actualización y cancelación de deudas con prestadores de salud, y la implementación de un nuevo mecanismo de ajuste para las pensiones no contributivas por discapacidad.

Dilación

Desde Santa Fe, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad manifestaron su rechazo. Mariela Peña, presidenta de la asociación civil Incluime y abogada especializada en la materia, expresó: "Estamos muy tristes de nuevo. Cuando parecía que ya todo estaba cerrado, que ya había sido declarada la emergencia y superamos el veto, hoy sale una resolución que suspende la aplicación hasta tanto el Congreso defina con qué partidas van a hacer frente a la emergencia en discapacidad".

La letrada comentó que técnicamente, esto no se puede hacer. "La división de poderes implica que el Estado debe afectar las partidas presupuestarias que considere oportunas. El Legislativo no le puede decir todo el tiempo de dónde sacar los fondos. Habría una superposición de poderes. Por eso el Poder Ejecutivo manda una ley de presupuesto, el Legislativo puede hacer aportes, y es el Ejecutivo el que diseña su programa de políticas públicas y el presupuesto que lo va a ejecutar", aclaró.

En ese sentido, sostuvo que "en los hechos concretos la ley se encuentra suspendida hasta tanto el Legislativo brinde esta respuesta. Es un artificio que encontraron para dilatar más la respuesta al problema. Están apuntando a llegar a diciembre sin haber hecho ningún tipo de ajuste de los que marca la ley. El Legislativo, en la ley de presupuesto, va a tener que incorporar ahí las partidas para que en 2026 ya esté dentro".

Sin embargo, la referente advirtió que "el Gobierno Nacional habla de que se adecue a un presupuesto que no existe, porque 2023, 2024 y 2025 estamos sin presupuesto. Por eso nos hace ver que no va a tener una solución en corto plazo hasta que no se apruebe la ley de presupuesto 2026".

Reclamo social

En términos políticos, Peña remarcó que "no hay un registro de lo que la sociedad le está demandando al Gobierno Nacional. La emergencia en discapacidad ha logrado unificar o cerrar ciertas grietas, y toda la sociedad le ha dicho que no hay lugar para el ajuste. Han sido marchas multitudinarias en todo el país. Parece que no escuchan, al igual que pasa en las universidades, con el Garrahan, en todo lo que la sociedad le quiere poner un freno. Quieren ir pateando la pelota para adelante mientras se discute esto", adelantó.

Desde las organizaciones, aseguró, ya se iniciaron medidas judiciales. "Como ya hemos hecho en todo este tiempo, se han visto fallos que van en línea con lo que nosotros decimos. No se pueden recortar pensiones arbitrariamente o suspender prestaciones. Pero siguen siendo fallos individuales y no colectivos, y no es una solución para toda la sociedad, sino solo para los que tienen los recursos para activar la maquinaria de la Justicia, que es cara", afirmó.

Finalmente, cuestionó otra resolución complementaria (la Decisión Administrativa 24/2025) que se dio a conocer en paralelo. "Dice que va a haber un aumento para las prestaciones, pero no aclara porcentajes ni cuándo se va a hacer efectivo. Busca el quiebre del colectivo de las personas con discapacidad: le da a los prestadores una posible solución, pero deja de lado otros derechos con una mirada totalmente médica. Es decir «te pagamos el tratamiento, pero no te garantizamos la pensión ni el derecho al trabajo». Verdaderamente atrasa", concluyó Peña.

Nicolás Maggi/ La Capital

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