El Hogar y Centro de Día San Expedito para personas con discapacidad, ubicado en la localidad de Ángel Gallardo, distrito Monte Vera, funciona desde hace 21 años y es parte de una institución que también administra un centro de día en esa misma localidad, con 15 concurrentes, y otro centro en la ciudad de Santa Fe con 37 personas asistidas.
Otro hogar para personas con discapacidad al borde del cierre: 15 residentes podrían quedar sin techo ni destino
El hogar con Centro de Día San Expedito en Ángel Gallardo enfrenta una crisis financiera crítica que amenaza con su cierre. La falta de actualización en los aranceles de las obras sociales y la acumulación de una deuda millonaria ponen en riesgo la continuidad de un servicio esencial para la comunidad.
24 de junio 2025 · 20:05hs
En total, la Comunidad Terapéutica de Ayuda a Niños Especiales brinda servicios a 67 personas con distintas discapacidades.
María Elvira Alberich, responsable del hogar en Ángel Gallardo y directora de la comunidad, detalló que la situación económica es crítica y se profundizó desde septiembre de 2024, cuando recibieron un último aumento del 0,5% en los aranceles que pagan las obras sociales.
Desde entonces, destacó Alberich, la deuda acumulada creció hasta superar los 10 millones de pesos mensuales, transformándose en una “bola de nieve” imposible de sostener.
Crisis en hogares con residentes permanentes
“Lo que nos pasa es lo que le pasa a muchas instituciones, pero las que más problemas tenemos son las que cuentan con hogares de residentes permanentes”, explicó Alberich.
Precisó que el hogar alberga a 15 personas adultas, de entre 40 y 60 años, muchas sin familiares o con familiares de edad avanzada que no pueden hacerse cargo. “El hogar es de lunes a lunes, con personas que necesitan cuidados constantes y especializados”, agregó.
La ley nacional que regula el funcionamiento de estas instituciones es la Ley 24.901 de rehabilitación para personas con discapacidad, que establece los requisitos en infraestructura y recursos humanos. En la comunidad trabajan actualmente 36 personas, muchas están enfermas, lo que obliga a contratar reemplazos, aumentando aún más los costos.
Sobre la falta de apoyo oficial, Alberich expresó con tristeza: “Hemos mandado notas a todos los funcionarios provinciales y nacionales y la respuesta es cero. Parece que en este gobierno los discapacitados y jubilados son castigados”.
En declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10", afirmó con dolor: “Yo te diría que el mes que viene no tenemos más posibilidades. No sabemos qué vamos a hacer porque no hay ninguna institución estatal que tome este relevo”.
Esta situación se suma al delicado momento que atraviesa el hogar Homimen, con 30 años de trayectoria en la ciudad de Santa Fe, que también atraviesa una grave crisis por falta de actualización de aranceles y dificultades para cubrir sueldos y gastos básicos. Esta institución se convirtió en hogar para personas sin familia y hoy lucha por sobrevivir, esperando una solución del gobierno nacional.
Los centros de día que funcionan junto a los hogares son fundamentales. Alberich explicó que en estos espacios se brinda un abordaje terapéutico integral, con un equipo de 15 profesionales —psicólogos, nutricionistas, médicos, terapistas ocupacionales— que trabajan para mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos.
Toda la estructura de atención está en riesgo. Durante la pandemia, el gobierno otorgó una subvención mensual que alivió los costos salariales, pero esa ayuda cesó y ahora los sueldos se pagan en cuotas, con retrasos que comprometen la continuidad del servicio. “Cuando los empleados dejen de concurrir, ahí se terminó todo, se cierra”, advirtió Alberich.
En la provincia de Santa Fe hay apenas cinco hogares (con residencias) para personas con discapacidad, y tres de ellos están en la ciudad capital. La escasez de estas instituciones, sumada a la falta de actualización de los aranceles y el aumento de costos, genera una crisis que amenaza con dejar sin protección a cientos de personas.
La Comunidad Terapéutica exige la sanción de la ley de emergencia para la discapacidad, que ha recibido medias sanciones en Diputados pero se encuentra frenada. Esta normativa podría mejorar la situación al actualizar aranceles y brindar más recursos a estas instituciones esenciales.
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