Santa Fe

Piden que quien asuma la jefatura de ginecología del hospital Iturraspe tenga perspectiva de género

En memoria de Ana María Acevedo, organizaciones feministas reclaman al Ministerio de Salud que al lugar de decisión lo ocupe alguien capacitado en género.

Viernes 21 de Mayo de 2021

Las organizaciones feministas de la ciudad de Santa Fe —Multisectorial de Mujeres de la ciudad de Santa Fe y Asociación Civil Palabras— presentaron un documento en el Ministerio de Salud de la provincia para que la jefatura de ginecología del hospital Iturraspe sea asumida por un o una profesional que haya realizado la capacitación en perspectiva de género y que tenga antecedentes en garantizar derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

La solicitud surge a partir de la jubilación del jefe de Ginecología del hospital Iturraspe, Samuel Seiref, quien fue una de las autoridades del hospital Iturraspe que se negó a practicar una interrupción legal de embarazo a Ana María Acevedo en 2007 y se declaró objetor de conciencia, un año y medio después de que cerrara el registro vigente hasta ese momento para inscribirse como tales.

En el escrito, plantean la necesidad de convocar a un concurso que acredite la debida capacitación en perspectiva de género y la contratación de personal con probados antecedentes en la garantía de estos derechos. "Esta semana se cumplieron 14 años de la muerte evitable de Ana María Acevedo en 2007, en ese mismo hospital. En esa oportunidad, tanto el personal directivo del nosocomio como el personal de Ginecología decidió apartarse de la ley y actuar de acuerdo a intereses particulares, negando el derecho al aborto que asistía a la joven, negando además la atención del cáncer que padecía por estar embarazada", recuerdan.

"La historia de Ana María es también la historia de muchas otras mujeres y personas gestantes violentadas por este Servicio, a quienes se les ha negado u ocultado información, a quienes se ha descalificado por una decisión personal, a quienes se les ha mentido acerca de las prácticas abortivas, pretendiendo disuadirlas de la opción. Sostenemos que el aborto es un derecho, no una imposición. Sin embargo, quienes supuestamente actúan en nombre de la vida muchas veces no respetan las leyes vigentes y operan como una supuesta reserva moral de lo que cada quien debe o puede decidir en torno a su salud y a su historia personal", agregan.

norma cuevas ana maria acevedo
Norma Cuevas, madre de Ana María, en uno de los pañuelazos que se realizaron en la plazoleta que lleva el nombre de su hija para reclamar que se cumpla la interrupción legal del embarazo y que se legalice el aborto voluntario. El Ministerio de Salud, en la mira.

Norma Cuevas, madre de Ana María, en uno de los pañuelazos que se realizaron en la plazoleta que lleva el nombre de su hija para reclamar que se cumpla la interrupción legal del embarazo y que se legalice el aborto voluntario. El Ministerio de Salud, en la mira.

Asimismo describieron que durante el 2020 y en plena pandemia, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró la sanción de una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 27.610. "Luchamos por más de 15 años. La letra de la norma, consensuada en el Congreso Nacional, reconoce el derecho a la objeción de conciencia para quienes deben intervenir de manera directa en la interrupción de un embarazo, pero también establece obligaciones. Es obligación derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones", sostienen.

Y continúan: "Es obligación realizar el aborto en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Es obligación prestar atención sanitaria postaborto. Así lo establece la normativa vigente a nivel nacional, normativa que también está vigente dentro de las paredes del Hospital Iturraspe. Por lo tanto, el Ministerio de Salud debe revisar la conformación y jefatura de ese equipo a los fines de adecuarse a las demandas existentes en la población y a las leyes que emanan del Estado argentino".

En esta línea, expresaron sus deseos para que el legado de Ana María Acevedo sea respetado. "El Ministerio de Salud tiene hoy la oportunidad de dar respuestas a esta demanda histórica. Desde el movimiento feminista santafesino hemos planteado la problemática, convertimos el derecho al aborto en ley y además proponemos alternativas: que se abra un concurso que acredite la debida capacitación en perspectiva de género para que quien ocupe ese cargo tenga probada trayectoria en favor de los derechos a la salud de las personas gestantes, entendida como un derecho humano. Sería lamentable que nuevamente por una mala praxis el estado provincial deba pedir disculpas e indemnizar a las familias como en el caso de Ana María Acevedo. El momento es ahora. La decisión política está de su lado", reclaman las organizaciones feministas.

Ana María

El 17 de mayo de 2007, Ana María Acevedo (20) moría producto de un cáncer fulminante en el maxilar, para el que nunca recibió el tratamiento que requería. Los médicos que la atendieron en el Hospital Iturraspe decidieron no atacar la enfermedad, porque la joven estaba embarazada y se negaron a realizarle un aborto terapéutico a pesar de haberlo solicitado con el fin de sobrevivir. Ana María tenía tres hijos y una familia que la apoyaba en su decisión de interrumpir el embarazo. Su muerte y la de su bebé marcaron un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86 del Código Penal.

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Pañuelazo en la Plaza Ana María Acevedo en 2018 en reclamo por la legalización del aborto voluntario. Ahora, piden al Ministerio de Salud que a la jefatura de ginecología del Iturraspe la ocupe un profesional capacitado en género.

Pañuelazo en la Plaza Ana María Acevedo en 2018 en reclamo por la legalización del aborto voluntario. Ahora, piden al Ministerio de Salud que a la jefatura de ginecología del Iturraspe la ocupe un profesional capacitado en género.

En 2015 se emitió un dictamen en el que se reconoció la responsabilidad del Estado santafesino en el fallecimiento de Ana María Acevedo, y el 26 de octubre de ese año, el entonces gobernador Antonio Bonfatti realizó un pedido formal de disculpas a sus familiares y les entregó un resarcimiento económico.

La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y las más de 700 organizaciones sociales que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito asumieron el acompañamiento legal y social de la familia de Ana Maria y junto con su mamá Norma y su papá Aroldo construyeron un llamado a todos los estamentos estatales para despenalizar y legalizar el aborto expresando a viva voz el profundo repudio a la violación de los derechos sexuales y reproductivos, que son también derechos humanos.

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