Polémica en Esperanza por una ordenanza que va contra la Nación y la Provincia

Este lunes el Concejo Deliberante de la ciudad de Esperanza, a pesar de la resistencia de agrupaciones que luchan por los derechos humanos, sancionó la Ordenanza de “Protección de la persona gestante en situación de vulnerabilidad y de la niñez por nacer”. Las organizaciones feministas de la localidad repudiaron la normativa y desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Santa Fe pronunciaron un fuerte repudio: "Desconoce la legislación vigente en nuestro país desde hace casi cien años y los derechos consagrados de las personas gestantes, por lo que exigimos que sea vetada", sostuvieron.

La ordenanza se da en la misma semana en que se restituye la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo 2019 que se aplica cuando se solicita un aborto no punible bajo tres causales contempladas en una ley desde 1921: si representa un riesgo para la vida o para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante, y si es producto de una violación. Cabe destacar que si bien se actualizó este viernes por decisión del ministro de Salud Ginés González García, el protocolo realizado en 2015 nunca dejó de estar vigente. Se trata de normativas diferentes al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo debatido en 2018 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y no pasó en Senadores.

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Por su parte, la ordenanza sancionada en Esperanza promueve la creación de un protocolo que se pondrá en funcionamiento ante "aquel embarazo de riesgo en que se vea perjudicada la salud del binomio; que sea consecuencia de un abuso sexual; en que las circunstancias económicas, culturales y familiares sean tales que le hagan dificultoso llevar el embarazo adelante; aquel en el que una persona gestante con discapacidad requiera apoyos; aquel que se dé en toda situación de violencia o cualquier otro supuesto en el que existan circunstancias que pongan en riesgo a la persona gestante y/o a su embarazo".

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En este punto cabe recordar que la ilegalidad del aborto y el fundamentalismo religioso en la gestión estatal dejó una triste marca en la historia de la provincia y del país. Ana María Acevedo (20) murió el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. A pesar del cáncer fulminante nunca recibió el tratamiento que requería. Los médicos decidieron no atender la enfermedad porque la joven estaba embarazada y se negaron a realizarle el aborto terapéutico que la familia solicitó. "Vamos a salvar las dos vidas", le dijeron a la mamá de Ana María mientras la chica lloraba de dolor. Poco tiempo antes de morir le hicieron una cesárea a las 22 o 23 semanas de la que nació una beba que sobrevivió menos de 24 horas. El caso marcó un punto de inflexión en el sistema de salud santafesino y en el debate sobre el cumplimiento efectivo del artículo 86º del Código Penal. Por la lucha de los movimientos de mujeres, en Santa Fe está vigente desde abril de 2012 el protocolo ILE de la Nación a través de la resolución Nº 612 del Ministerio de Salud provincial.

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Aún así, en el artículo 3º de la sancionada normativa esperancina afirma: "Cuando se presentaren situaciones de embarazos vulnerables, se articularán las medidas necesarias, para proteger los derechos de la persona gestante y el niño por nacer". Desde la Campaña recuerdan: "El aborto no es una imposición" y "nuestro país cuenta con normativa a nivel internacional, nacional y provincial que protege los derechos y la autonomía de las personas que atraviesan un embarazo que es producto de una violación o que pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. Subrayamos que la biología no es destino, y que en el contexto de emergencia social que atraviesa nuestro país, desdibujar los derechos sexuales y reproductivos adquiridos resulta un acto de irresponsabilidad e ilegalidad por parte de quienes ocupan cargos legislativos".

La norma fue resultado de la presentación de un Proyecto por parte de los denominados “Esperanza por la Familia” que tras reunirse en varias oportunidades con los ediles y con miembros de la Secretaria de Promoción Social a cargo de la TS Romina Toledo, llegaron a la redacción de la ordenanza en cuestión. Los ediles Norma Andrea Martínez, Víctor Elena (médico), María Rosa Theler, Guillermo Bonvín, Pablo Comesatti, Marcelo Dellaporta (médico) y Eduardo Kinen aprobaron por unanimidad la norma. "Es violatoria de la jerarquía legal vigente legitimando así la intervención de sectores conservadores ligados a la Iglesia y al movimiento Pro vida", apuntaron desde Se Dice De Mí, una organización feminista de esa ciudad. Asimismo, en la ordenanza se recuerda que la ciudad de Esperanza, se ha suscripto el Compromiso “Cívico y Ecuménico por la vida”.

"La intencionalidad es clara, se pretende utilizar las herramientas del Estado para persuadir a las personas gestantes que han sido violadas o tiene riesgo de vida a llevar a término su embarazo aunque deseen lo contrario. Los equipos provinciales responsables de las maternidades seguras, con una alta capacitación técnica y en derechos, ha permitido que Santa Fe sea una de las provincias con el más bajo índice de mortalidad materna, neonatal e infantil del país", agregaron las activistas.

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"Ante la decisión personalísima tomada, deben arbitrarse las medidas para acercar los servicios de salud pública, más allá de las creencias particulares de quienes cumplen funciones en el Estado. Basta de medias tintas: como lo dijo en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo F.A.L., el derecho al aborto en casos de violación o de peligro para la salud integral de la persona gestante debe ser leído a la luz de nuestra Constitución Nacional, y de los Tratados de Derechos Humanos a los que Argentina ha adherido. Basta de imposiciones arbitrarias, movilizadas por sectores que no reconocen el orden normativo que nos regula desde 1921", concluyeron desde la Campaña.

Por último, reclamaron colectivamente desde agrupaciones que luchan por los derechos de las mujeres y diversidades de toda la provincia: "Solicitamos a la intendenta Ana Meiners que vete la ordenanza por atentar contra los derechos de las personas gestantes, violar las normativas para erradicar la violencia hacia las mujeres y la jerarquía de normas y convenciones superiores. Durante los años que lleva la Gestión Meiners al frente del municipio se han cometido ocho femicidios en nuestra ciudad. Les pedimos que concentren esfuerzos en disminuir la violencia hacia las mujeres. En 2019 dos femicidios nos conmovieron como sociedad, la respuesta de los funcionarios fue el silencio y la inacción".

"Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Ana María Acevedo Presente", culminaron.