Policías en una asociación ilícita: 14 jefes a prisión por embolsar dinero del combustible de patrulleros

Luego de tres jornadas de audiencias, el juez Gustavo Pérez Urrechu dictó prisión preventiva para catorce policías de alto rango de la Unidad Regional II, entre ellos el extitular Daniel Acosta y su secretario privado, Rodrigo Domínguez. Están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al desvío de fondos destinados al combustible de patrulleros.

En connivencia con una estación de servicios, embolsaban parte del dinero de las partidas que bajaba la provincia para la carga de nafta en los móviles. El fraude era mediante la sobrefacturación y cargas fantasma.

Era dinero que otorgaba el gobierno provincial en un contexto de emergencia en seguridad pública. La medida cautelar, que avaló las imputaciones por peculado y cohecho pasivo, rige hasta el 14 de mayo, con posibilidad de prórroga si la Fiscalía, a cargo de José Luis Caterina, presenta una acusación preliminar.

Los policías Acosta y Domínguez, jefe y organizador de la asociación ilícita

Los exjefes policiales que escucharon las imputaciones ante Pérez Urrechu son Acosta y Domínguez, señalados como jefe y organizador, respectivamente, de la asociación ilícita.

A ellos se suman, en calidad de miembros, Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros); Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito); Roberto Blanco (ex Sección Logística); Nicolás Cuesta (exjefe de Adicionales); Diego Luna (ex Cuerpo de Guardia de Infantería CGI); Edgardo Roldán (exinspector de Zona VI); Roberto Sandoval (interventor de Medicina Legal al momento de los hechos); Héctor Saucedo (ex-Motorizada); Diego Santamaría (ex Comando Radioeléctrico); Juan Alberto Villordo (exnumerario de Motorizada); Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada) y Fabián Fantín (Escuadrón Caballería y Sección Perros).

“Esta decisión era lo que habíamos pedido: que pudieran quedar en prisión preventiva y la validación de la imputación por asociación ilícita. La causa tiene ya 28 personas. Varias han recuperado la libertad en contra del pedido de la fiscalía”, dijo Caterina en conferencia de prensa, donde repasó una investigación que salió a la luz en mayo con la detención de uniformados y personal de la estación de servicios Gas Auto Tiferno S. A., de Ovidio Lagos al 3900, de rol central en la operatoria de defraudación con el uso indebido de las tarjetas de débito Visa-Flota, un sistema prepago que, en teoría, debía quedar en cada móvil o vehículo y a disposición del chofer para facturar al momento de la carga y no en otra ocasión.

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El acuerdo espurio con la estación, detectado entre mayo de 2023 y mayo de 2025, consistía en sobrefacturaciones o facturaciones fantasma de cargas de combustible. Una vez que los caudales ingresaban a la empresa, esta entregaba retornos en dinero en efectivo, con periodicidad quincenal y para cada una de las secciones policiales, cuyos representantes los retiraban directamente del lugar. Esos retornos eran un porcentaje de la ganancia ilegítima que recibía la firma con bandera Puma. De hecho, algunos de los imputados fueron fotografiados retirando sobres de las oficinas de la estación.

Caterina remarcó que esas maniobras quedaron acreditadas mediante múltiples medios investigativos, incluida la declaración de un imputado colaborador y el uso de GPS colocados en móviles que “no se movían” y aun así figuraban como abastecidos.

Agregó además la particularidad de tres móviles asignados internamente a jefes policiales con el único fin de generar facturaciones fantasma. Tras los allanamientos de mayo, cuando la causa se hizo pública, dos de esos patrulleros fueron incendiados en una maniobra destinada a borrar evidencia.

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Según Caterina, el juez –que repasó la causa durante una hora antes de dictar la preventiva– se mostró impactado por la “codicia” que atribuía a los jefes de la asociación ilícita. En un comienzo, la defraudación al Estado se articuló a través de sobrefacturaciones, pero luego “se desbandó hacia múltiples facturaciones fantasma” por las que “la provincia no recibió absolutamente nada; las cargas enteramente se las llevó la corrupción”.

Otro elemento considerado por el magistrado fue el aprovechamiento del contexto de inseguridad y violencia urbana, que demandaba una alta circulación de móviles –muchos de ellos recién incorporados– para tareas de prevención, lo que habilitó una inyección millonaria de recursos.

Caterina señaló que, desde la conducción de la UR II, “había una cuestión de presionar al gobierno, porque si se quedaban sin combustible implicaba de alguna manera cortar el patrullaje en una situación muy delicada”.

El fiscal indicó que los allanamientos y el desbaratamiento de la maniobra generaron un ahorro: “En mayo se estaban bajando alrededor de 403 millones de pesos solamente para combustible de la Unidad Regional II y, luego de los allanamientos, para abril termina habiendo un gasto de 330 millones”.

El lunes declaró el sindicado jefe de la asociación ilícita policial, Daniel Acosta, quien intentó despegarse de las escandalosas revelaciones de un imputado colaborador que habló de una “Oficina de Gestión de Multas (OMG)” destinada a castigar a los jefes de Cuerpo que no rendían a tiempo el dinero a la superioridad; sanciones que se saldaban con la entrega de costillares o whiskies caros.

Acosta alegó que se trataba de un “eufemismo” entre amigos, según relató Caterina. Pero el fiscal contraatacó –y el juez lo convalidó– al afirmar que esas presiones de Acosta y Domínguez están acreditadas por escuchas telefónicas y peritajes.

“En más de una ocasión tuve que ir a hablar en forma personal con el jefe de unidad, porque era impresionante la presión que sentía yo, que ejercía sobre mí el señor Domínguez. No solo sobre mí, sino sobre los jefes de secciones y sobre los administradores. Era una presión permanente donde él quería que aumentemos lo que se generaba, que subamos más plata y no se podía. Llegó a inventar el nombre de una oficina, OGM, Oficina de Gestión de Multas. Si te atrasabas con un pago, te cobraba una multa. Si encontraba un error en un vale, te cobraba una multa, si pedías un permiso te cobraba una multa. Y la mayoría de las multas eran asados para 10 personas, una caja de vino Luiggi Bosca, whisky. En una ocasión, el año pasado, me pidió un whisky que yo no lo podía comprar. No recuerdo el nombre, pero era de esos azules famosos y valía como 400.000 pesos”, dijo el imputado colaborador, en referencia al célebre Johnnie Walker Blue Label.

Lo cierto es que, para pesar de Acosta, en el marco de la investigación trascendió una imagen de un despacho de la UR II donde se lo puede ver junto a un freezer y detrás, tres cajas del whisky.

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