Reforma constitucional: la Corte queda en siete miembros y no pueden quedarse más allá de los 75 años

La Convención Constituyente de Santa Fe dio un paso clave en el proceso de reforma constitucional al aprobar, en una sesión extendida, los primeros artículos vinculados al rediseño del Poder Judicial. Poco antes de las 19 llegaron las primeras votaciones de un capítulo considerado uno de los más complejos y sensibles de la reforma: la organización de la Justicia y la Corte.

En dos de los tres grandes temas se lograron consensos amplios, algo que ya se había visto en capítulos anteriores, aunque persistieron diferencias en cuestiones puntuales, principalmente sobre el traspaso de trabajadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Nueva Corte Suprema debatida en la Convención

Uno de los puntos centrales fue la definición de la nueva Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal pasará a estar integrado por siete miembros, con paridad de género y representación territorial según lo determine una ley especial. Además, se estableció que los jueces cesarán en sus cargos a los 75 años sin posibilidad de prórroga.

La designación seguirá a cargo del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa, y el mecanismo de juicio político se mantendrá para los ministros de la Corte. La votación terminó con 49 votos a favor y 19 en contra, lo que refleja un apoyo mayoritario pero no unánime.

Defensoría del Pueblo y Ministerio Público

Otro avance significativo fue la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo, que obtuvo 47 votos positivos, 17 negativos y 4 abstenciones del bloque Activemos. En cambio, la incorporación del Ministerio Público a la Carta Magna no logró el mismo nivel de acuerdo: solo fue respaldada por Unidos y sus aliados del Frente para la Esperanza, con 35 votos afirmativos, 21 en contra y 12 abstenciones de Más para Santa Fe.

El dictamen define al Ministerio Público como un órgano autónomo, independiente de los demás poderes, con autonomía funcional y autarquía financiera. A su vez, se divide en el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, siguiendo el esquema de la reforma constitucional nacional de 1994.

En el debate quedó en evidencia que el capítulo judicial es también una disputa de poder real. Los convencionales oficialistas lograron acercar posiciones con sectores opositores en temas clave como la selección y el enjuiciamiento de jueces y fiscales. Unidos aceptó modificaciones que limitaron la discrecionalidad del gobernador en la cobertura de vacantes y dieron mayor participación a los distintos estamentos.

Así, los concursos para aspirantes a jueces, fiscales y defensores serán públicos, transparentes y vinculantes, con ponderación explícita del mérito. Se organizarán de manera anticipada para conformar un banco de suplentes, de modo de contar con candidatos listos cuando se produzcan vacantes.

El órgano que llevará adelante estos concursos será el nuevo Consejo de Selección del Poder Judicial y el Ministerio Público, que funcionará en el ámbito del Ejecutivo. Estará integrado por un representante del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, un diputado, un senador, un abogado de los colegios profesionales y un académico universitario. Aunque Más para Santa Fe acompañó este esquema, desde Activemos advirtieron que la redacción no es lo suficientemente clara y criticaron que el Consejo quede bajo la órbita del Ejecutivo.

Tribunales de enjuiciamiento

Otro de los puntos que demandó intensas negociaciones fue la conformación de los tribunales de enjuiciamiento. En un principio se preveía que fueran siete miembros, con mayoría de representantes políticos. Finalmente, se amplió a once integrantes: tres senadores, tres diputados, dos abogados y dos miembros del mismo estamento del acusado, ya sea magistrados o integrantes del MPA.

La presidencia recaerá en un miembro de la Corte si el enjuiciado es un juez, en la fiscal general si es un fiscal, o en la defensora general si se trata de un defensor. Esta composición busca un mayor equilibrio y recibió la aprobación del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

Ministerio Público

Donde no hubo acuerdo fue en torno al traspaso de trabajadores del Ministerio Público. El oficialismo plantea que, al convertirse en un organismo extrapoder, sus empleados deben dejar de pertenecer al Poder Judicial para evitar duplicación de estructuras. El peronismo, en cambio, quería habilitar que los trabajadores pudieran optar por quedarse en el ámbito judicial, tal como lo reclamaba el gremio. Finalmente, Unidos ratificó su postura de avanzar con el traspaso, aunque garantizando estabilidad, carrera y nivel salarial.

El debate en la comisión Redactora se extendió durante dos días, con sucesivos cuartos intermedios para dar espacio a las negociaciones. El socialista Joaquín Blanco fue el encargado de leer los dictámenes con los cambios consensuados. El oficialismo buscó dar señales de diálogo, en línea con el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro de que la reforma no se trata de una imposición, sino de un proceso amplio de acuerdos.

No obstante, las tensiones políticas siguen presentes. El capítulo judicial, probablemente el más delicado de la reforma, pone en juego la distribución de poder entre los tres poderes del Estado y dentro del propio Poder Judicial. Además, el proceso tiene como telón de fondo el planteo de inconstitucionalidad que presentó La Libertad Avanza, que será resuelto precisamente por la Justicia.