Reforma previsional: tras el revés a Amsafé la Justicia recibe los primeros reclamos de jubilados particulares

El último pedido de los distintos gremios de Santa Fe para declarar inconstitucional la nueva Ley Previsional N° 14.283 acaba de obtener un revés luego de que la Justicia laboral rechazó la acción de amparo de Amsafé. Sin embargo, comenzaron a ingresar a tribunales las primeras acciones judiciales de jubilados particulares contra la reforma.

Rechazo a Amsafé

El gremio de los docentes se quedó sin poder de fuego en el tema luego de que este martes la jueza ­Patricia De Petre, titular del juzgado de primera instancia en lo Laboral, de la ciudad de Santa Fe, rechazó el pedido de suspensión de la norma. El gremio acusó aparente nulidad de la votación legislativa y entendió que es inconstitucional en varios artículos.

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Paro docente en Santa Fe.

El revés de Amsafé se suma al mismo destino de las presentaciones radicadas por parte del bloque de diputados Somos Vida y el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Carlos (Sitram), que no pudieron suspender la ley. Si bien el panorama gremial parece obstruido, comienzan a llegar los pedidos de particulares.

Jubilados particulares contra la reforma

Esta semana ingresaron a los tribunales provinciales de Rosario los tres primeros amparos individuales contra la reforma previsional. Se trata de dos jubiladas como secretarias de juzgado y de un abogado y pensionado judicial. Además de estos tres casos, trascendió que algunos estudios jurídicos preparan más presentaciones de amparo y declaraciones de inconstitucionalidad.

Por su parte, Amsafé había presentado el 1 de octubre una acción de amparo declarando la inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.283, ya que según interpreta, la reforma previsional “lesiona, amenaza y restringe derechos y garantías de todos los docentes activos y jubilados de la provincia de Santa Fe”. Básicamente sus argumentos giran en torno a la supuesta invalidez de la votación en Diputados y la legitimidad de la emergencia declarada al entender que afecta derechos amparados por garantías constitucionales.