Régimen penal juvenil: a poco más de dos semanas para su aplicación, Santa Fe ultima los detalles operativos

A poco más de dos semanas de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que reducirá de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad, el gobierno de Santa Fe asegura que ya cuenta con buena parte de la estructura necesaria para comenzar a aplicar el nuevo sistema y trabaja en los últimos ajustes normativos y operativos.

Así lo planteó este martes el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en declaraciones al programa De boca en boca, de Radio 2. La nueva ley nacional comenzará a regir el 5 de septiembre y alcanzará a adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18.

Régimen penal juvenil: a poco más de dos semanas para su aplicación, Santa Fe ultima los detalles operativos

José Busiemi

El planteo provincial aparece además después de las advertencias realizadas días atrás por el juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale, quien había expresado dudas sobre la existencia de recursos, instituciones y equipos profesionales suficientes para implementar integralmente la reforma.

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La respuesta de la Casa Gris es que Santa Fe no parte de cero

La Provincia cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil, estructurado bajo los principios del sistema acusatorio que ya funciona para adultos. También dispone de una ley de ejecución de la pena, sancionada en diciembre de ese mismo año, que contiene disposiciones que pueden aplicarse de manera supletoria a menores y establece pautas para su alojamiento.

A ese marco se suman los institutos juveniles que ya funcionan. Lo que resta, según explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, es un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro que terminará de establecer qué tipo de establecimiento corresponderá utilizar de acuerdo con cada medida judicial.

La ley nacional establece que los adolescentes privados de la libertad deben ser alojados en establecimientos específicos, con personal especializado y sin contacto con detenidos adultos.

Medidas alternativas a la prisión y medidas privativas de la libertad

Cococcioni explicó que el nuevo sistema prevé dos grandes grupos de respuestas: medidas alternativas a la prisión y medidas privativas de la libertad.

Las primeras serán similares a intervenciones que actualmente se realizan desde áreas de Niñez. La ejecución de las medidas de carácter penal, en cambio, quedará bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Para los casos de privación de libertad, la Provincia proyecta una estructura de tres niveles, según la gravedad del hecho y las características de cada adolescente.

El primer escalón será la prisión domiciliaria. En esos casos, Santa Fe propondrá a la Justicia que el cumplimiento se realice con tobilleras electrónicas para controlar que se respeten las condiciones impuestas.

El segundo nivel serán los establecimientos de puertas abiertas, una instancia intermedia que no tendrá un funcionamiento propiamente penitenciario y estará a cargo de personal civil.

Finalmente, para los delitos más graves o violentos y los casos de mayor complejidad criminológica se utilizarán los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ). Serán establecimientos cerrados, con un régimen similar al penitenciario pero específicamente destinados a adolescentes, que deberán permanecer separados de los adultos.

Penas de hasta 15 años

El ministro recordó además que la nueva legislación no equipara directamente las penas de los adolescentes con las previstas para mayores de edad.

“La pena aplicable tiene una reducción y tiene un tope. En el caso de los menores no es aplicable por ley la perpetua, tiene un tope de 15 años”, explicó Cococcioni en Radio 2.

La ley sancionada por el Congreso derogó el régimen que regía desde 1980 y estableció un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, con una finalidad declarada de educación, resocialización y reintegración social, además de la atribución de responsabilidad penal.