La ciudad de Santa Fe enfrenta nuevamente el desafío de las familias que viven en sectores expuestos al riesgo hídrico, a pocos meses de un escenario climático que podría estar marcado por lluvias intensas asociadas al fenómeno climático de El Niño.
Riesgo hídrico en Santa Fe: relocalizar a las familias de las zonas inundables podría costar hasta $30 millones por vivienda
Un relevamiento del Centro de Estudios Sembrar detectó nuevas ocupaciones en reservorios, valles de inundación y sectores fuera de las defensas en los últimos años. Carlos Pereira reclamó retomar con urgencia las políticas de relocalización y alertó que el desafío no es solo construir viviendas, sino generar suelo urbanizado.
30 de agosto 2026 · 21:55hs
- Riesgo hídrico: nuevas ocupaciones en zonas inundables de Santa Fe alertan sobre la vulnerabilidad de 1.300 familias.
Un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Sembrar identificó nuevas ocupaciones en reservorios, zonas inundables y sectores ubicados por fuera de los anillos de defensa. El estudio contrapone las relocalizaciones realizadas durante la última década con la posterior reocupación de algunos de esos terrenos.
Según los datos aportados por Carlos Pereira, integrante del Centro de Estudios Sembrar, el número de familias actualmente expuestas al riesgo ronda las 1.300, una cifra que coincide con las estimaciones realizadas recientemente por el intendente Juan Pablo Poletti y el municipio.
“Queríamos alertar acerca de una situación que está pasando con respecto a los asentamientos irregulares en zonas de mucho riesgo hídrico”, explicó Pereira a UNO Santa Fe, al programa radial Mañana UNO.
El diagnóstico pone el foco en un problema que, según el especialista, había comenzado a ser controlado hacia 2018 y 2019, pero que volvió a crecer durante los años de la pandemia.
Reservorios que volvieron a ocuparse
Pereira recordó que durante la década pasada Santa Fe avanzó con una importante infraestructura hídrica que incluyó nuevos desagües, estaciones de bombeo, reservorios y obras defensivas.
“Durante la década pasada hubo mucha obra hídrica, muchos desagües, 45 kilómetros de desagües, obras en estaciones de bombeo, reservorios, y hubo también políticas de relocalización de las familias que estaban en situación de riesgo”, señaló.
Según explicó, para 2019 se había logrado una situación en la que los principales reservorios estaban prácticamente liberados de viviendas.
“Habíamos llegado en el año 2019 a que en los reservorios ya no hubiera más familias”, recordó.
Sin embargo, ese proceso se revirtió posteriormente.
“Lamentablemente, fundamentalmente allá por el año 2020, 2021, en medio de la pandemia, cuando el Estado se retiró, hubo un proceso de volver a ocupar esos lugares, muy grande, muy intenso”, sostuvo Pereira.
El resultado es una nueva población expuesta en espacios que cumplen funciones esenciales dentro del sistema de drenaje urbano.
Más de 200 familias en las cavas del Borde Oeste
Uno de los principales puntos señalados por el relevamiento está ubicado en el Borde Oeste, en sectores vinculados con Villa Oculta, Padre Atilio Rosso, Barranquitas Sur y Barranquitas Oeste.
Pereira estimó que actualmente hay entre 200 y 250 familias en los reservorios identificados como tres y cuatro.
“Hoy tienen una cifra cercana a las 200, 250 familias aproximadamente”, detalló.
La preocupación radica en que esas cavas no son terrenos urbanos convencionales, sino espacios que forman parte del sistema de almacenamiento temporal de excedentes hídricos.
El sector del ex frigorífico volvió a ocuparse
Otro de los puntos críticos se encuentra alrededor del ex Frigorífico Municipal, dentro del valle de inundación del río Salado y fuera del anillo de defensas.
Pereira recordó que las familias que residían allí habían sido relocalizadas en el barrio Jesuitas, construido con fondos nacionales.
“En la zona del frigorífico municipal, por fuera del anillo de defensa, las 40 o 50 familias que estaban viviendo ahí fueron reubicadas en el nuevo barrio Jesuitas”, explicó.
Pero el proceso de relocalización no se sostuvo completamente.
“Hoy de vuelta podemos ver que hay aproximadamente unas 40 o 50 familias en la zona”, advirtió.
Para SEMBRAR, este proceso demuestra que no alcanza con concretar una relocalización puntual: también resulta necesario controlar y proteger los terrenos que quedan liberados para evitar nuevas ocupaciones.
Bajo Judiciales y la costa, otros puntos de preocupación
El relevamiento también detectó situaciones de menor escala en otros sectores de la ciudad.
En Bajos Judiciales, cerca de Playa Norte, Pereira señaló que aparecieron entre 15 y 20 familias en parte de un reservorio que había sido intervenido con fines hidráulicos.
La costa de Colastiné constituye otro de los puntos de mayor preocupación.
Según el relevamiento, en los últimos años aparecieron numerosas construcciones por fuera del anillo de defensas. Algunas corresponden a viviendas precarias y otras a casas de fin de semana.
“Fue muy ocupada en los últimos años la costa de Colastiné, por fuera del anillo de defensas. Han aparecido muchísimas viviendas; algunas son casas quinta con pileta, otras son viviendas precarias de gente que no tiene alternativa habitacional”, describió Pereira.
También señaló que se trata de construcciones ubicadas en sectores donde la urbanización no está autorizada.
“Están fuera del mercado, además, porque son construcciones ilegales. Están en la costa misma del río”, afirmó.
En Alto Verde, por fuera del anillo defensivo, el relevamiento identificó unas 30 viviendas, con crecimiento de los asentamientos en sectores vinculados con la Ruta Nacional 168 y Los Alisos.
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Ante una lluvia extrema, serán los primeros en evacuar
El problema adquiere especial gravedad ante la posibilidad de un evento hídrico de magnitud.
Pereira sostuvo que la infraestructura realizada durante la década pasada redujo de manera importante el riesgo general de la ciudad, pero advirtió que las familias asentadas en sectores vulnerables serán las primeras afectadas ante un episodio extremo.
“Estamos muy seguros de que cuando tengamos que enfrentar las consecuencias del evento que se nos viene en los próximos meses, la casi totalidad de los evacuados, un porcentaje altísimo, van a salir directamente de estos sectores, no del resto de la ciudad”, anticipó.
Según explicó, una lluvia muy intensa podría generar ingreso de agua en algunos domicilios de otros barrios, pero las evacuaciones masivas se concentrarían especialmente fuera de las defensas y dentro de reservorios.
“Hay que evacuar entero toda la costa de Colastiné, todo lo que está por fuera del anillo de Alto Verde, todo lo que está en los reservorios de Barranquita”, enumeró.
También mencionó situaciones específicas como Vuelta del Paraguayo, donde no sería necesario alcanzar niveles extraordinarios del río para requerir una evacuación.
“En la Vuelta del Paraguayo no se necesita que el río llegue al estado de alerta de 5,30 metros; ya con 5 metros hay que evacuar toda esa zona”, señaló.
Relocalizar no es criminalizar
Pereira hizo una aclaración importante sobre las familias que ocupan estos espacios: el problema no debería abordarse desde la criminalización, sino desde la política habitacional y la gestión del riesgo.
“Que la gente vaya a vivir en estos lugares es un acto de suma desesperación. No es un acto para criminalizar; es esencialmente un acto de desesperación ante la falta de alternativas de dónde vivir”, sostuvo.
Desde su experiencia en procesos de relocalización, afirmó que cuando se ofrecen alternativas habitacionales adecuadas, las familias suelen aceptar el traslado.
“Nuestra experiencia es que cualquier alternativa que se le ofrezca superadora, las familias acompañan plenamente”, explicó.
En ese sentido, resaltó la diferencia entre vivir en un reservorio y acceder a una vivienda con servicios básicos y seguridad jurídica.
“Cuando a la gente se le ofrecía una vivienda con casi todos los servicios, prácticamente de material, con módulos sanitarios y con título de propiedad… estar en medio de un barrial, en medio de un reservorio, no hay ciudad ahí. Ir a vivir ahí no es una opción, es lo último que le queda”, remarcó.
El Municipio retomó una obra en Barranquitas Sur
En este contexto, Pereira valoró la decisión de la Municipalidad de retomar los trabajos en Barranquitas Sur, donde se busca generar suelo seguro para avanzar con la relocalización de familias.
El proyecto contempla el alteo de terrenos y la consolidación de los bordes urbanos.
El especialista destacó especialmente que ya se puso en marcha una licitación por $268 millones solamente para el alteo del terreno.
“Hay una buena noticia: el intendente Poletti acaba de anunciar que está en marcha la licitación para continuar todo el trabajo que se venía haciendo en la zona de Barranquitas Sur”, señaló.
Pero aclaró que ese monto corresponde únicamente a la generación del suelo y que luego será necesario incorporar la infraestructura urbana.
“Después hay que poner la infraestructura urbana: calles, iluminación, agua potable”, explicó.
El problema no es solo construir viviendas
Para Pereira, uno de los errores habituales es analizar las relocalizaciones únicamente desde la cantidad de viviendas necesarias.
El verdadero desafío, sostuvo, es generar suelo urbano seguro y con servicios.
“Hoy ya sabemos que llevar gente a vivir en tierra no urbanizada es un despropósito. Hoy el requisito es que si radicás a alguien en un lugar, tenés que darle condiciones básicas: calle transitable, desagüe, agua potable, iluminación pública”, afirmó.
Y sintetizó su postura con una definición: “La vivienda es lo de menos. El problema es generar ciudad, suelo para eso”.
Cuánto costaría relocalizar a las familias
Pereira reconoció que estimar el costo total de un proceso de relocalización es complejo porque no se trata solamente del valor de una vivienda.
De todos modos, señaló que puede pensarse en una cifra orientativa de entre $20 millones y $30 millones por vivienda, a la que deben agregarse los costos de urbanización.
“Los costos son difíciles de calcular. Uno puede establecer un monto que puede rondar cada vivienda entre $20.000 y $30.000”, explicó.
El punto central, según remarcó, es que antes de construir una vivienda se necesita contar con tierra disponible y urbanizable.
A ello se suman las obras de infraestructura necesarias para convertir ese terreno en un verdadero barrio.
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Un escenario más complejo por la situación financiera
El especialista recordó que durante la década pasada hubo aportes importantes de los gobiernos provincial y municipal y financiamiento nacional para concretar procesos de relocalización.
También destacó la participación de organizaciones como Movimiento Los Sin Techo, además de la cooperación internacional.
“La década pasada hubo aportes importantes del gobierno provincial, el municipio hizo un gran esfuerzo y colocó mucha plata, vino plata de Nación —se construyeron 200 viviendas gracias a Nación—”, recordó.
Pereira consideró que el contexto actual es más complejo por las restricciones financieras de los distintos niveles del Estado.
“Ahora la situación es más complicada: la situación financiera de los estados es más complicada, y no contamos con Nación para que nos ayude en esto”, advirtió.
El verdadero desafío está a corto plazo
El debate adquiere una urgencia particular frente al escenario climático previsto para los próximos meses.
Pereira consideró que la ciudad debe avanzar rápidamente en dos frentes: reducir la cantidad de familias expuestas y contar con un plan claro para quienes deban ser evacuados durante una eventual emergencia.
La pregunta no se limita al momento del temporal.
“A esa gente la vamos a llevar a refugios municipales, alguna vecinal, algún club. Pasado el evento, ¿qué hace el Estado con esas familias? El Estado no va a poder permitir que la gente vuelva a ese lugar”, planteó.
La advertencia apunta a un problema recurrente: evacuar temporalmente a una familia no resuelve su situación si, una vez finalizada la emergencia, no existe una alternativa habitacional segura.
Evitar que la emergencia vuelva a llevar a las familias a los reservorios
Pereira recordó una experiencia concreta ocurrida durante el fenómeno de El Niño de 2015, cuando familias de Bajos Judiciales tuvieron que ser evacuadas.
Según explicó, en aquella oportunidad fueron trasladadas provisoriamente a terrenos donde posteriormente se construirían sus viviendas.
“En el evento de El Niño del 2015, en la zona de Bajos Judiciales, tuvimos que evacuar a las familias y las llevamos directamente a los terrenos que iban a ser de ellos en Nueva Esperanza, con módulos de madera provisorios facilitados por la organización Techo, mientras con recursos de Nación empezamos a construir la vivienda de material”, recordó.
Ese antecedente permite dimensionar el desafío actual: contar con tierra disponible y recursos para ofrecer una alternativa definitiva después de una evacuación.
Obras hídricas y control del territorio
El estudio de SEMBRAR plantea que las grandes obras de infraestructura realizadas durante la última década redujeron significativamente el riesgo hídrico general de Santa Fe.
Pero esa protección tiene un límite: si los espacios destinados al drenaje vuelven a ser ocupados, aumenta nuevamente la cantidad de personas expuestas.
Por eso, Pereira reclamó retomar de manera urgente las políticas de relocalización y control territorial.
“Es una política que hay que retomar en forma urgente y que es lo más importante para hacer en los próximos años en materia de gestión de riesgo”, sostuvo.
El desafío, entonces, tiene dos dimensiones: mantener y ampliar la infraestructura hídrica y, al mismo tiempo, garantizar que los terrenos que cumplen funciones dentro del sistema de drenaje permanezcan libres de ocupaciones.
Una discusión que Santa Fe deberá resolver antes de la próxima emergencia
La ciudad cuenta hoy con una red de defensas, reservorios, desagües y estaciones de bombeo que redujo el riesgo respecto de décadas atrás.
Sin embargo, el crecimiento de asentamientos en zonas inundables genera un nuevo punto crítico.
El relevamiento de SEMBRAR y las declaraciones de Pereira coinciden en una advertencia: ante un evento hídrico extremo, las familias que viven en reservorios, fuera de los anillos de defensa y en los valles de inundación serán las primeras en necesitar asistencia y evacuación.
La respuesta no pasa solamente por preparar refugios o reforzar bombas. También exige resolver dónde vivirán esas familias después y cómo evitar que vuelvan a ocupar espacios que la ciudad necesita para conducir y contener el agua.
La experiencia de los últimos años muestra que hacer una obra hídrica reduce el riesgo, pero generar ciudad y suelo seguro es lo que permite que esa protección llegue efectivamente a las personas.
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