Rosatti advirtió que una eventual reforma laboral podría quedar años bajo revisión judicial

La eventual aprobación de una reforma laboral, como la que el gobierno de Javier Milei busca tratar en sesiones extraordinarias del Congreso, podría abrir un nuevo frente judicial y quedar durante meses —o incluso años— bajo revisión, según advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el santafesino Horacio Rosatti.

El magistrado explicó que el escenario se desprende del sistema argentino de control de constitucionalidad, que es de carácter difuso y habilita a que cualquier juez del país pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma, aun cuando exista jurisprudencia previa del máximo tribunal.

“El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”, señaló Rosatti en una entrevista con Perfil. Y aclaró: “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”.

En ese marco, una reforma laboral podría quedar parcialmente suspendida en distintos juzgados, con fallos contradictorios en distintas jurisdicciones, hasta que la Corte Suprema unifique criterio. Según el presidente del máximo tribunal, ese proceso puede demorar largos períodos y afectar la aplicación práctica de leyes clave.

Rosatti recordó que un escenario similar ya se dio con aspectos del régimen laboral incluido en la Ley Bases, que fueron declarados inconstitucionales por un juez del fuero laboral y aún no cuentan con una definición final de la Corte. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, remarcó.

Fallos

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula legal que obligue a todos los tribunales a acatar los fallos de la Corte Suprema, Rosatti fue prudente. “Como poder, podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó. Solo “en la medida en que la Corte diga que es constitucional”, agregó, ese mecanismo podría evitar la reiteración constante de litigios.

El presidente del máximo tribunal también puso el foco en el impacto concreto del sistema actual sobre el funcionamiento de la Justicia. “El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, afirmó. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”.