Seguridad Social de la provincia cuestionó la reglamentación sobre discapacidad: "Este decreto es patear la pelota afuera para hacer tiempo"

El secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, Jorge Boasso, analizó en diálogo con UNO Santa Fe la reciente reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad impulsada por el Gobierno Nacional y despejó dudas sobre una eventual injerencia en los regímenes previsionales provinciales.

El funcionario fue crítico con el decreto dictado por el Ejecutivo y aseguró que la provincia no aceptará el esquema de “cofinanciamiento” que pretende implementar Nación. En ese sentido, garantizó la continuidad de las prestaciones otorgadas en el marco de la Ley 5110.

“Santa Fe tiene autonomía y la voluntad política del gobernador Pullaro es mantener nuestros regímenes de protección social. La 5110 seguirá brindando prestaciones”, afirmó Boasso.

Críticas al Decreto 84/2026

Para el funcionario, el Decreto 84/2026 no constituye una solución estructural al problema, sino una respuesta forzada por fallos judiciales. “En el fútbol, este decreto es patear la pelota afuera para hacer tiempo”, graficó.

Además, cuestionó el intento del Gobierno Nacional de trasladar costos a las provincias a través del Consejo Federal de Discapacidad, al que calificó como “un absurdo”.

En ese marco, advirtió que el sistema nacional presenta severas falencias administrativas. “El desorden lo tiene Nación”, sostuvo, al tiempo que criticó las suspensiones masivas de beneficios: “No pueden suspender masivamente porque terminan pagando justos por pecadores”.

Jorge Boasso Santa Fe discapacidad Ley 5110 1

Blindaje a la Ley 5110

Boasso descartó que el Gobierno Nacional pueda absorber o condicionar las pensiones provinciales y remarcó que Santa Fe mantiene un esquema propio, con controles permanentes.

Según detalló, la provincia administra actualmente 22.000 prestaciones no contributivas en el marco de la Ley 5110, de las cuales 15.082 corresponden a personas con discapacidad, con más del 66% de invalidez.

“Nosotros realizamos auditorías permanentes, con altas y bajas cada tres meses, para evitar el fraude”, explicó. Asimismo, calificó al sistema nacional como un “despelote o despiplume” heredado de gestiones anteriores, aunque cuestionó la forma en que el actual gobierno encara su reorganización.

Sin fuerza legal inmediata

Desde su formación como abogado, Boasso remarcó que el “cofinanciamiento” mencionado por Nación figura únicamente en los considerandos del decreto, pero no en su parte resolutiva, por lo que carece de validez ejecutiva para obligar a la provincia. En paralelo, recordó que el Estado nacional mantiene una deuda histórica y corriente con la Caja de Previsión de Santa Fe.

“Mientras nos piden que paguemos, todavía no saldaron lo que nos deben”, señaló. Finalmente, cuestionó cualquier intento de intervención en los sistemas provinciales: “¿Por qué van a venir a desordenar a Santa Fe lo que ya está ordenado?”, concluyó.