Siete de cada diez autos tienen fallas a los tres años: el argumento del sector contra la reforma nacional de la Revisión Técnica Obligatoria

La provincia de Santa Fe no adoptó aún ningún cambio en su sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), mientras evalúa una resolución nacional que reglamenta el decreto 196 y que abre el registro para que talleres mecánicos, concesionarios de autos e importadores de vehículos puedan realizar inspecciones.

Así lo confirmó el director ejecutivo de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular, Carlos López, quien sostuvo que la entidad ya había cuestionado la constitucionalidad del decreto de base.

"El gobierno nacional, aparentemente mal asesorado, plantea que puedan ingresar estos nuevos jugadores, que tienen intereses contrapuestos", señaló López al programa Mañana UNO. En su visión, la propuesta instalaría un esquema de juez y parte: la misma empresa que repara o vende un vehículo podría emitir su certificado técnico.

"Esto no es un trámite"

López rechazó el argumento oficial de que la medida simplifica un trámite y abarata costos. "Esto es parte de la seguridad vial, es una de las tres patas que tiene incidencia directa en la vida de los argentinos", remarcó. Citó datos del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) según los cuales entre el 22 y el 25% de los accidentes de tránsito se producen por fallas en las condiciones de los vehículos, y que cada siniestro tiene un costo social estimado en 37.000 dólares.

El dirigente también cuestionó otra de las modificaciones incluidas en la propuesta: elevar de 3 a 5 años el período para la primera revisión obligatoria. Para fundamentar su postura citó datos del observatorio que la Cámara puso en marcha hace un año: "De los autos que vienen por primera vez a los 3 años, 7 de cada 10 presentan anomalías graves o medias. No tiene ningún fundamento técnico ni político ampliar ese plazo."

Competencia provincial

López aclaró que las modificaciones propuestas por Nación requieren la adhesión de cada provincia para aplicarse sobre vehículos particulares, ya que esa es una competencia originaria del territorio provincial. La excepción son los transportes de carga y pasajeros interjurisdiccionales, sobre los cuales la Nación sí tiene atribuciones directas, aunque con requisitos que también se volverían más laxos.

"Tampoco vemos cuál sería el sentido de ceder federalismo al gobierno nacional en una materia que es propia de la provincia y que no ofrece ningún beneficio para los ciudadanos", afirmó. En ese marco, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, conducida por Carlos Torres, informó que está analizando la resolución y que en los próximos días dará a conocer su posición.

Un sistema con 28 centros en la provincia

La Cámara tiene sede en Rosario pero presencia nacional. En Santa Fe funcionan 28 centros de inspección vehicular habilitados, más un camión taller móvil que recorre el noroeste de la provincia en los días y zonas que determina la Agencia Provincial, donde la inversión en infraestructura fija no resulta viable.

López subrayó que todos los centros operan bajo normas de calidad ISO 17020, con tecnología específica, un ingeniero a cargo de cada diagnóstico y sin ningún vínculo comercial con la reparación o venta de vehículos. "En Europa, Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, todos los sistemas operan bajo normas de independencia e imparcialidad. Alemania, que inventó la revisión técnica hace 100 años, nos visitó hace poco y no podía dar crédito de lo que se proponía acá", graficó.

Para ilustrar los riesgos, López recurrió a una comparación: "Si yo quiero desregular la salud, permito que las operaciones las hagan no solo los cirujanos sino también los enfermeros. Bajo los costos, claro. Cuando aparezcan los muertos, el gobierno ya se habrá evaporado y tendremos un costo enorme del que habrá que hacerse cargo."